De acuerdo con el gremio, tal y como está planteado el protecto implicaría un retroceso de tres décadas en el modelo de acceso a vivienda de interés social.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) alertó este lunes sobre las graves consecuencias que traería para los hogares colombianos las nuevas disposiciones planteadas en la reforma tributaria, que contempla la eliminación de los instrumentos tributarios que han sido fundamentales para promover y financiar la Vivienda de Interés Social (VIS) hasta hoy.
De acuerdo con el gremio, el Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible – radicado el pasado jueves por el Gobierno Nacional-, “es un franco retroceso en el avance del modelo social que ha generado la VIS, y que a hoy ha garantizado el derecho constitucional de millones de los colombianos de acceder a la vivienda social”. Esto, explicaron a través de un comunicado oficial, debido a que elimina la posibilidad de construir y financiar nuevos proyectos de interés social y de interés prioritario.
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Para Sandra Forero, presidenta de Camacol, “tal como está planteado el proyecto de reforma implica un retroceso de tres décadas en el modelo de acceso a la vivienda de interés social que el país ha venido perfeccionando para los colombianos, dado que inviabiliza la oferta de nuevos proyectos habitacionales VIS”.
Según estimaciones de Camacol, la construcción de viviendas VIS se reduciría un 80%, es decir, que de 130.000 nuevas unidades VIS que se lanzan anualmente, la actividad se reduciría a solo 26.000, poniendo en riesgo el acceso de 100.000 hogares por año a estos proyectos y “afectando adicionalmente cerca de 440.000 puestos de trabajo y poniendo en riesgo la sostenibilidad del tejido empresarial y la demanda de insumos y materiales para la construcción en el 54 % del aparato productivo del país”.
De igual forma, esta reducción de volumen de viviendas VIS, impactaría la demanda de insumos de los 36 subsectores productivos del país encadenados con la construcción. Se estima que se contraería en $6.5 billones al año, es decir pasaría de $8 billones a $1,5 billones
“No es un impacto de poca monta, ya que hoy el 75 % de los proyectos inmobiliarios que se lazan al mercado corresponden a Vivienda de Interés Social, esto quiere decir a su vez que 7 de cada 10 hogares compradores acceden a una vivienda social, todo esto es lo que está hoy en riesgo”, enfatizó Forero.