Los embargos al sistema financiero se deben a un presunto detrimento patrimonial por $4 billones, según informó la Contraloría. Ya fue notificada Integral, y se prevé que la medida se extenderá a Conconcreto.
La Contraloría General de la República emitió órdenes de embargo al sistema financiero en contra de las compañías constructoras de Hidroituango como Integral y Conconcreto. Las razones obedecen a un presunto detrimento patrimonial por $4 billones en el proceso de responsabilidad fiscal de la hidroeléctrica.
El documento de la Contraloría expone que “se decretan medidas cautelares en contra de Integral S.A. dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal número ucc-prf014-2019”. Asimismo, incluye a Federico José Restrepo Posada, Juan Esteban Calle Restrepo, Alejandro Antonio Granda Zapata y Aníbal Gaviria Correa, entre otros, como presuntos responsables fiscales.
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Aunque todavía no se conocen los oficios contra otros constructores, se conoció que la medida también iría para el consorcio, Empresas Públicas de Medellín y la sociedad Hidroituango.
En el auto conocido, se advierte a las entidades financieras “el deber que les asiste de informar acerca del registro y aplicación de la medida cautelar decretada y de consignar los dineros retenidos dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación”.
EPM ya se pronunció sobre esta información y agregó que “no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto”.