Una posible reforma laboral en Colombia entra dentro de los debates clave para reactivar el empleo. ¿Qué debería contener según expertos?

Más allá de la tributaria, una posible reforma laboral en Colombia es uno de los debates más relevantes para la reactivación del empleo, después de la debacle que ha traído el coronavirus a millones de trabajadores, en especial a las mujeres y jóvenes.

Ahora, ¿cómo se debe hacer? Para sumar a la discusión, Forbes consultó a siete expertos sobre cuáles son las líneas verdes, amarillas y rojas que tiene este tema.

En este artículo se destacan las propuestas que sí, según el criterio de los expertos, debería incluir una próxima reforma laboral:

Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo

Debe incluir opciones de formalidad para los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, que son la mitad en el país. Con algunas excepciones, estos no tienen la posibilidad de ser formales a no ser que estén dispuestos a cotizar porcentajes de sus ingresos, que son dos y tres veces lo que cotiza un trabajador que gana más del mínimo.

Esta situación es el resultado de la disposición que establece que la cotización mínima a seguridad social es de un salario mínimo que se impuso con buena intención (que se reciba una pensión digna) pero con un mal desenlace (la mitad de la población no tiene opciones razonables de cotización y mucho menos de pensionarse). El Piso Mínimo de Protección Social es un avance en este sentido, pero según lo establecido por Mintrabajo, los que cotizan a través de este mecanismo ni siquiera van a ser considerados formales.

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El uso del salario mínimo para determinar la métrica de cotización cierra la puerta a trabajos formales de tiempos no convencionales. Esta situación ha afectado históricamente al sector agrícola y más recientemente a modalidades nuevas de trabajo como el de las plataformas digitales. Según un estudio que estamos realizando en Fedesarrollo, las plataformas han funcionado durante la pandemia como un seguro de desempleo para miles de trabajadores, pero existe el riesgo de que esta falta de opciones de formalidad desemboque en una decisión judicial como la que se tomó con Uber.

Se deben explorar reducciones adicionales en las cotizaciones a la nómina. La Reforma de 2012 que eliminó las contribuciones al Sena, Icbf y salud para la mayoría de los trabajadores tuvo importantes efectos sobre la formalidad, como se encuentra en otro estudio que hicimos en Fedesarrollo junto con Leonardo Villar. Se deben realizar algunos ajustes a estas cotizaciones, más puntuales pero no menos importantes Un ejemplo de lo anterior es la eliminación de los aportes a las cajas de compensación para los trabajadores rurales que no tienen manera de disfrutar de los beneficios de estas.

Es muy importante que se revisen los mecanismos de indexación del salario mínimo, para que esta variable no continúe operando como la vara, cada vez más alta, que no permite acceder a los trabajadores más marginados a trabajos formales.

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Mauricio Olivera, exviceministro de Trabajo y director de Econometría

  • El gran objetivo de la reforma debe ser la generación de empleo formal. Los empleos que se perdieron durante la pandemia, más los que se deberían generar para llegar a una tasa de desempleo de un dígito, de manera sostenida. Para esto el diagnóstico de la Cepal, la Oecd y la CAF, entre otros, muestran que una de las trampas del desarrollo en América Latina es la baja productividad laboral. Por consiguiente, la reforma debe enfocarse en la formación para el trabajo. Adicionalmente la pandemia nos va a llevar a nuevas realidades, lo que implica nuevos empleos y nuevas competencias. La formación debe hacerse con prospectiva.
  • En un país de regiones como Colombia, el aparato productivo de cada región y cada ciudad es diferente. Por eso, en las políticas de formación para el trabajo es necesario incluir a las autoridades locales, incluyendo cajas de compensación (que ya tienen una agencia de empleo) y cámaras de comercio, y abrir la comunicación con el aparato productivo, para identificar sus necesidades de capital humano, y los centros de formación, principalmente el Sena, para ajustar la pertinencia y calidad de sus programas de acuerdo a estas necesidades. Al enfoque regional es necesario sumar un enfoque inclusivo, especialmente para mujeres y jóvenes.
  • Para la formalidad, es necesario aceptar las nuevas realidades del mercado laboral. Existen nuevos empleos con nuevas formas de contratación que fueron creados por las nuevas realidades de la producción. Es necesario acercar la normatividad laboral a estas nuevas realidades para que la cobertura en seguridad social esté disponible para todos los trabajadores. En la misma línea, la revisión de los costos laborales existentes es importante.
  • Es necesario avanzar con el mecanismo de protección al cesante y con las cesantías hacia un seguro de desempleo. Así se protege a los trabajadores frente a episodios de crisis como el actual.

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Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social y cocreadora del servicio público de empleo

Según el Dane, el desempleo en Colombia en 2020 alcanzó niveles tan elevados como los observados hace 20 años y aunque cerró diciembre en 13,4 pp, la trayectoria muestra que una recuperación significativa de empleo dependerá de la reactivación económica.

No obstante, la reactivación económica no es suficiente, la serie de datos de desempleo desde finales de los 90 muestran que la recuperación del empleo no es tan rápida, a Colombia le tomó 10 años para alcanzar tasas de desempleo por debajo de un dígito. Una de las razones que explican este hecho es el costo asociado con crear y sostener un puesto de trabajo bajo normas rígidas frente las dinámicas mundiales de empleo. Las nuevas ocupaciones son flexibles sobre el lugar de trabajo, la duración de la jornada y las reglas para fijar el salario.

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Dadas las nuevas formas de empleo, lo que no puede faltar en una reforma laboral es la flexibilización del contrato laboral en criterios como jornadas, lugar de trabajo, y acuerdos salariales, por ejemplo, horas, entre otros.

Es necesario avanzar en ampliar las oportunidades de acceso al sistema de seguridad social, eliminando el uso del salario mínimo como criterio habilitante para acceder a mecanismos contributivos y avanzar hacia tasas de contribución progresivas en función de ingresos.

Sería importante revisar la batería de los programas de empleo en especial los diseñados para mitigar las caídas del ingreso en el desempleo. Como consecuencia de la alta tasa de desempleo en 2020 la caída en los ingresos laborales fue de $30 billones según Anif. Si bien a muchos hogares dichas pérdidas les fueron compensadas en alguna proporción con los programas de transferencias del Gobierno, dejó en evidencia la limitada cobertura del mecanismo de protección al cesante.

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Así, en el contexto de la discusión de una reforma laboral, debería incluirse un ajuste hacia beneficios monetarios, la expansión de cobertura y una revisión de las fuentes que financian el seguro de desempleo.

César E. Tamayo, decano de economía y finanzas de la U. Eafit

  • Licencia de maternidad y paternidad, compartida y acotada porque esto permitiría a las mujeres -que son uno de los grupos poblacionales con mayor tasa de desempleo- desprenderse por menos tiempo del mercado laboral, garantizando el cuidado infantil.

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  • Permitir una contratación más flexible, por ejemplo, contratación por días o por horas. Esto permite a muchas personas que quieren trabajar jornadas parciales tener una fuente de ingreso y tener acceso al sistema de seguridad social.
  • Progresividad en las tasas de aporte a la salud a cargo del trabajador y en las contribuciones a las cajas de compensación a cargo del empleador. Esto reduce el costo de generar empleos para los menos calificados, que muchas veces se encuentran en desventaja y terminan en la informalidad, al tiempo que incrementa el ingreso de aquellos con menores salarios y mantiene el financiamiento para el sistema de salud y la compensación familiar.
  • Incluir en la negociación del salario mínimo una representación de los desempleados e informales, bien sea a través de la academia o del Gobierno porque los incrementos del salario mínimo afectan la probabilidad de que un desempleado o un informal
    obtenga una oferta laboral formal.

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Percy Oyola Palomá, presidente encargado de la Confederación General del Trabajo (CGT)

Cualquier propuesta de reforma debiera ser fruto de la concertación del diálogo tripartito entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. Uno de los objetivos de desarrollo 2030 es precisamente el del Trabajo Decente y Crecimiento Económico, lo cual va a ser imposible de lograr si se pretende precarizar el trabajo y desmejorar las condiciones actuales de vida del trabajador.

Estaríamos de acuerdo en una reducción de la jornada laboral. Mantener una jornada de 48 horas, en algunos casos, a la sombra de la informalidad hace que haya mayores jornadas sin reconocimiento de tiempo nocturno extra, ni de dominicales o festivos. Reducir la jornada permitiría que si las empresas requieren mayor disponibilidad de fuerza laboral, generen más empleo. Este aspecto es importante teniendo en cuenta que Colombia está en la OCDE y hay varios países miembros cuyas jornadas han sido reducidas.

Otro tema pertinente que debería ser revisado es el que tiene que ver con el sector público. Por ejemplo, el haber establecido una edad de retiro forzoso a los 70 años, impide el ingreso de muchos jóvenes al mundo laboral en la administración pública.

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Clara López, exministra de Trabajo

Los trabajadores de las plataformas digitales deben gozar de la presunción legal del vínculo por contrato de trabajo, independientemente de la denominación del contrato y tener derecho al salario mínimo con prestaciones, a formar sindicatos y ejercer el derecho a la huelga.

Las reformas suelen promoverse en tiempos de crisis con el argumento de que el alto desempleo se debe a los elevados costos laborales. Su reducción ha debido entonces bajar el desempleo. Sin embargo, las sucesivas reformas de flexibilización laboral no han contribuido a la generación esperada de la ocupación formal. Entre 1994 y 2019 la población ha aumentado en 17 millones y la ocupación en 8.8 millones. De esta ocupación adicional, la mayor parte, 5.8 millones corresponden a trabajadores por cuenta propia y 1.7 millones a trabajo asalariado.

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Después de 25 años, la tasa promedio de desempleo de largo plazo sigue arriba del 10 % y la informalidad cerca del 50 %, pero la reducción de ingresos de los trabajadores ha sido sustancial. Entre 2003 y 2016 la reducción del pago de horas extras significó un traslado de $24 billones de los asalariados a sus empleadores.

Se requiere una política de estímulo a la demanda agregada que promueva la reactivación económica y la producción industrial y agropecuaria al poner dinero en los bolsillos de los compradores. Más flexibilización en esta coyuntura agravaría, en vez de mejorar, el problema de la ocupación.

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Italo Cardona, vocero de la OIT en Colombia*

*Estas no son ideas para una reforma laboral, sino una guía de las normas internacionales de trabajo que podrían tenerse en cuenta.

La crisis económica derivada por el coronavirus ha repercutido adversamente en el mundo
laboral en al menos tres aspectos fundamentales: 1) la cantidad de empleo, tanto en materia
de desempleo como de subempleo; 2) la calidad del trabajo, con respecto a los salarios y el
acceso a protección social; y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a
las consecuencias adversas en el mercado laboral.

La OIT ha propuesto que, para avanzar en la construcción de una respuesta nacional que
contemple el trabajo decente como su objetivo, las intervenciones en el plano político deben
facilitar una recuperación sólida y generalizada, fomentando el empleo, los ingresos, los
derechos de los trabajadores y asegurando la recuperación en el plano social.

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La OIT reconoce que el restablecimiento de un desarrollo sólido y sostenido de los ingresos a escala nacional es una condición necesaria, pero no suficiente, para salir de forma satisfactoria de la crisis. Frente a ello, y en concordancia con las normas internacionales del trabajo, se ha propuesto un marco de políticas basado en cuatro pilares que abarcan el estímulo de la economía y el empleo; el apoyo a las empresas, los empleos y los ingresos; la protección a los trabajadores en el lugar de trabajo y la búsqueda de soluciones mediante el diálogo social.

La OIT sugiere dar prioridad a los programas que apoyen a las empresas, así como al mantenimiento y creación de puestos de trabajo decentes y productivos, incluyendo el fortalecimiento de los servicios de formación profesional y el servicio público de empleo, asegurando que las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de la economía informal estén incluidos en los servicios que se proporcionan. La protección a los trabajadores en el lugar de trabajo es otro de los temas claves recomendados por OIT, que incluyen el reforzamiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, la prevención de la discriminación y la exclusión, así como mejorar el acceso a los servicios de salud para todos.

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La OIT recomienda que los encargados de la formulación de políticas deberían elaborar y aplicar estrategias de recuperación sobre la base del diálogo social con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con objeto de encontrar nuevas vías que faciliten el cumplimiento de los objetivos a largo plazo y la transición a una economía más inclusiva, justa y sostenible.

Encuentre aquí las otras propuestas de los expertos (lo que quizás incluir y lo que no)

Reforma laboral | Estas son las propuestas que quizás podrían incluirse según expertos

Reforma laboral | Estas son las propuestas que no deberían incluirse según expertos