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Economía y Finanzas

Reforma laboral | Estas son las propuestas que deberían incluirse

Una posible reforma laboral en Colombia entra dentro de los debates clave para reactivar el empleo. ¿Qué debería contener según expertos?

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Trabajo
Foto: Cortesía.

Más allá de la tributaria, una posible reforma laboral en Colombia es uno de los debates más relevantes para la reactivación del empleo, después de la debacle que ha traído el coronavirus a millones de trabajadores, en especial a las mujeres y jóvenes.

Ahora, ¿cómo se debe hacer? Para sumar a la discusión, Forbes consultó a siete expertos sobre cuáles son las líneas verdes, amarillas y rojas que tiene este tema.

En este artículo se destacan las propuestas que sí, según el criterio de los expertos, debería incluir una próxima reforma laboral:

Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo

Debe incluir opciones de formalidad para los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, que son la mitad en el país. Con algunas excepciones, estos no tienen la posibilidad de ser formales a no ser que estén dispuestos a cotizar porcentajes de sus ingresos, que son dos y tres veces lo que cotiza un trabajador que gana más del mínimo.

Esta situación es el resultado de la disposición que establece que la cotización mínima a seguridad social es de un salario mínimo que se impuso con buena intención (que se reciba una pensión digna) pero con un mal desenlace (la mitad de la población no tiene opciones razonables de cotización y mucho menos de pensionarse). El Piso Mínimo de Protección Social es un avance en este sentido, pero según lo establecido por Mintrabajo, los que cotizan a través de este mecanismo ni siquiera van a ser considerados formales.

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El uso del salario mínimo para determinar la métrica de cotización cierra la puerta a trabajos formales de tiempos no convencionales. Esta situación ha afectado históricamente al sector agrícola y más recientemente a modalidades nuevas de trabajo como el de las plataformas digitales. Según un estudio que estamos realizando en Fedesarrollo, las plataformas han funcionado durante la pandemia como un seguro de desempleo para miles de trabajadores, pero existe el riesgo de que esta falta de opciones de formalidad desemboque en una decisión judicial como la que se tomó con Uber.

Se deben explorar reducciones adicionales en las cotizaciones a la nómina. La Reforma de 2012 que eliminó las contribuciones al Sena, Icbf y salud para la mayoría de los trabajadores tuvo importantes efectos sobre la formalidad, como se encuentra en otro estudio que hicimos en Fedesarrollo junto con Leonardo Villar. Se deben realizar algunos ajustes a estas cotizaciones, más puntuales pero no menos importantes Un ejemplo de lo anterior es la eliminación de los aportes a las cajas de compensación para los trabajadores rurales que no tienen manera de disfrutar de los beneficios de estas.

Es muy importante que se revisen los mecanismos de indexación del salario mínimo, para que esta variable no continúe operando como la vara, cada vez más alta, que no permite acceder a los trabajadores más marginados a trabajos formales.

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Mauricio Olivera, exviceministro de Trabajo y director de Econometría

  • El gran objetivo de la reforma debe ser la generación de empleo formal. Los empleos que se perdieron durante la pandemia, más los que se deberían generar para llegar a una tasa de desempleo de un dígito, de manera sostenida. Para esto el diagnóstico de la Cepal, la Oecd y la CAF, entre otros, muestran que una de las trampas del desarrollo en América Latina es la baja productividad laboral. Por consiguiente, la reforma debe enfocarse en la formación para el trabajo. Adicionalmente la pandemia nos va a llevar a nuevas realidades, lo que implica nuevos empleos y nuevas competencias. La formación debe hacerse con prospectiva.
  • En un país de regiones como Colombia, el aparato productivo de cada región y cada ciudad es diferente. Por eso, en las políticas de formación para el trabajo es necesario incluir a las autoridades locales, incluyendo cajas de compensación (que ya tienen una agencia de empleo) y cámaras de comercio, y abrir la comunicación con el aparato productivo, para identificar sus necesidades de capital humano, y los centros de formación, principalmente el Sena, para ajustar la pertinencia y calidad de sus programas de acuerdo a estas necesidades. Al enfoque regional es necesario sumar un enfoque inclusivo, especialmente para mujeres y jóvenes.
  • Para la formalidad, es necesario aceptar las nuevas realidades del mercado laboral. Existen nuevos empleos con nuevas formas de contratación que fueron creados por las nuevas realidades de la producción. Es necesario acercar la normatividad laboral a estas nuevas realidades para que la cobertura en seguridad social esté disponible para todos los trabajadores. En la misma línea, la revisión de los costos laborales existentes es importante.
  • Es necesario avanzar con el mecanismo de protección al cesante y con las cesantías hacia un seguro de desempleo. Así se protege a los trabajadores frente a episodios de crisis como el actual.

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Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social y cocreadora del servicio público de empleo

Según el Dane, el desempleo en Colombia en 2020 alcanzó niveles tan elevados como los observados hace 20 años y aunque cerró diciembre en 13,4 pp, la trayectoria muestra que una recuperación significativa de empleo dependerá de la reactivación económica.

No obstante, la reactivación económica no es suficiente, la serie de datos de desempleo desde finales de los 90 muestran que la recuperación del empleo no es tan rápida, a Colombia le tomó 10 años para alcanzar tasas de desempleo por debajo de un dígito. Una de las razones que explican este hecho es el costo asociado con crear y sostener un puesto de trabajo bajo normas rígidas frente las dinámicas mundiales de empleo. Las nuevas ocupaciones son flexibles sobre el lugar de trabajo, la duración de la jornada y las reglas para fijar el salario.

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Dadas las nuevas formas de empleo, lo que no puede faltar en una reforma laboral es la flexibilización del contrato laboral en criterios como jornadas, lugar de trabajo, y acuerdos salariales, por ejemplo, horas, entre otros.

Es necesario avanzar en ampliar las oportunidades de acceso al sistema de seguridad social, eliminando el uso del salario mínimo como criterio habilitante para acceder a mecanismos contributivos y avanzar hacia tasas de contribución progresivas en función de ingresos.

Sería importante revisar la batería de los programas de empleo en especial los diseñados para mitigar las caídas del ingreso en el desempleo. Como consecuencia de la alta tasa de desempleo en 2020 la caída en los ingresos laborales fue de $30 billones según Anif. Si bien a muchos hogares dichas pérdidas les fueron compensadas en alguna proporción con los programas de transferencias del Gobierno, dejó en evidencia la limitada cobertura del mecanismo de protección al cesante.

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Así, en el contexto de la discusión de una reforma laboral, debería incluirse un ajuste hacia beneficios monetarios, la expansión de cobertura y una revisión de las fuentes que financian el seguro de desempleo.

César E. Tamayo, decano de economía y finanzas de la U. Eafit

  • Licencia de maternidad y paternidad, compartida y acotada porque esto permitiría a las mujeres -que son uno de los grupos poblacionales con mayor tasa de desempleo- desprenderse por menos tiempo del mercado laboral, garantizando el cuidado infantil.

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  • Permitir una contratación más flexible, por ejemplo, contratación por días o por horas. Esto permite a muchas personas que quieren trabajar jornadas parciales tener una fuente de ingreso y tener acceso al sistema de seguridad social.
  • Progresividad en las tasas de aporte a la salud a cargo del trabajador y en las contribuciones a las cajas de compensación a cargo del empleador. Esto reduce el costo de generar empleos para los menos calificados, que muchas veces se encuentran en desventaja y terminan en la informalidad, al tiempo que incrementa el ingreso de aquellos con menores salarios y mantiene el financiamiento para el sistema de salud y la compensación familiar.
  • Incluir en la negociación del salario mínimo una representación de los desempleados e informales, bien sea a través de la academia o del Gobierno porque los incrementos del salario mínimo afectan la probabilidad de que un desempleado o un informal
    obtenga una oferta laboral formal.

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Percy Oyola Palomá, presidente encargado de la Confederación General del Trabajo (CGT)

Cualquier propuesta de reforma debiera ser fruto de la concertación del diálogo tripartito entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. Uno de los objetivos de desarrollo 2030 es precisamente el del Trabajo Decente y Crecimiento Económico, lo cual va a ser imposible de lograr si se pretende precarizar el trabajo y desmejorar las condiciones actuales de vida del trabajador.

Estaríamos de acuerdo en una reducción de la jornada laboral. Mantener una jornada de 48 horas, en algunos casos, a la sombra de la informalidad hace que haya mayores jornadas sin reconocimiento de tiempo nocturno extra, ni de dominicales o festivos. Reducir la jornada permitiría que si las empresas requieren mayor disponibilidad de fuerza laboral, generen más empleo. Este aspecto es importante teniendo en cuenta que Colombia está en la OCDE y hay varios países miembros cuyas jornadas han sido reducidas.

Otro tema pertinente que debería ser revisado es el que tiene que ver con el sector público. Por ejemplo, el haber establecido una edad de retiro forzoso a los 70 años, impide el ingreso de muchos jóvenes al mundo laboral en la administración pública.

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Clara López, exministra de Trabajo

Los trabajadores de las plataformas digitales deben gozar de la presunción legal del vínculo por contrato de trabajo, independientemente de la denominación del contrato y tener derecho al salario mínimo con prestaciones, a formar sindicatos y ejercer el derecho a la huelga.

Las reformas suelen promoverse en tiempos de crisis con el argumento de que el alto desempleo se debe a los elevados costos laborales. Su reducción ha debido entonces bajar el desempleo. Sin embargo, las sucesivas reformas de flexibilización laboral no han contribuido a la generación esperada de la ocupación formal. Entre 1994 y 2019 la población ha aumentado en 17 millones y la ocupación en 8.8 millones. De esta ocupación adicional, la mayor parte, 5.8 millones corresponden a trabajadores por cuenta propia y 1.7 millones a trabajo asalariado.

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Después de 25 años, la tasa promedio de desempleo de largo plazo sigue arriba del 10 % y la informalidad cerca del 50 %, pero la reducción de ingresos de los trabajadores ha sido sustancial. Entre 2003 y 2016 la reducción del pago de horas extras significó un traslado de $24 billones de los asalariados a sus empleadores.

Se requiere una política de estímulo a la demanda agregada que promueva la reactivación económica y la producción industrial y agropecuaria al poner dinero en los bolsillos de los compradores. Más flexibilización en esta coyuntura agravaría, en vez de mejorar, el problema de la ocupación.

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Italo Cardona, vocero de la OIT en Colombia*

*Estas no son ideas para una reforma laboral, sino una guía de las normas internacionales de trabajo que podrían tenerse en cuenta.

La crisis económica derivada por el coronavirus ha repercutido adversamente en el mundo
laboral en al menos tres aspectos fundamentales: 1) la cantidad de empleo, tanto en materia
de desempleo como de subempleo; 2) la calidad del trabajo, con respecto a los salarios y el
acceso a protección social; y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a
las consecuencias adversas en el mercado laboral.

La OIT ha propuesto que, para avanzar en la construcción de una respuesta nacional que
contemple el trabajo decente como su objetivo, las intervenciones en el plano político deben
facilitar una recuperación sólida y generalizada, fomentando el empleo, los ingresos, los
derechos de los trabajadores y asegurando la recuperación en el plano social.

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La OIT reconoce que el restablecimiento de un desarrollo sólido y sostenido de los ingresos a escala nacional es una condición necesaria, pero no suficiente, para salir de forma satisfactoria de la crisis. Frente a ello, y en concordancia con las normas internacionales del trabajo, se ha propuesto un marco de políticas basado en cuatro pilares que abarcan el estímulo de la economía y el empleo; el apoyo a las empresas, los empleos y los ingresos; la protección a los trabajadores en el lugar de trabajo y la búsqueda de soluciones mediante el diálogo social.

La OIT sugiere dar prioridad a los programas que apoyen a las empresas, así como al mantenimiento y creación de puestos de trabajo decentes y productivos, incluyendo el fortalecimiento de los servicios de formación profesional y el servicio público de empleo, asegurando que las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de la economía informal estén incluidos en los servicios que se proporcionan. La protección a los trabajadores en el lugar de trabajo es otro de los temas claves recomendados por OIT, que incluyen el reforzamiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, la prevención de la discriminación y la exclusión, así como mejorar el acceso a los servicios de salud para todos.

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La OIT recomienda que los encargados de la formulación de políticas deberían elaborar y aplicar estrategias de recuperación sobre la base del diálogo social con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con objeto de encontrar nuevas vías que faciliten el cumplimiento de los objetivos a largo plazo y la transición a una economía más inclusiva, justa y sostenible.

Encuentre aquí las otras propuestas de los expertos (lo que quizás incluir y lo que no)

Reforma laboral | Estas son las propuestas que quizás podrían incluirse según expertos

Reforma laboral | Estas son las propuestas que no deberían incluirse según expertos

Economía y Finanzas

Dólar en Colombia terminó este viernes cercano a los $3.770

Los precios del crudo se mantenían por encima de los US$70 el barril en la tarde de este viernes. El Brent -referencia internacional para Colombia- superaba los US$73.

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Foto vía Unsplash.

El dólar en Colombia terminó la semana al alza frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy. La divisa estadounidense cerró con un precio de $3.769 este viernes, lo que significó un aumento de $38,55 frente a la TRM de hoy (3.730,45).

Sin embargo, el precio con el que abrió la divisa fue de $3.740 y durante el día tuvo un precio promedio de $3.754,81.

En América Latina los mercados profundizaban las pérdidas a media sesión del viernes, a medida que los inversores preferían tomar posiciones en dólares, alejándose de activos de riesgo en medio de nuevos comentarios desde la Reserva Federal sobre el futuro de la política monetaria.

La tendencia se acentuó luego de que más temprano el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo que la inflación era más fuerte de lo anticipado y que a la Fed le tomaría varias reuniones resolver cómo reducir la entrega de estímulos.

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Los comentarios impulsaban a la moneda estadounidense a cerrar su mejor semana en casi nueve meses, en tanto que los precios del crudo -importante generador de divisas de la región- caían por segundo día.

“Dólar fuerte con petróleo abajo no ayuda a las monedas emergentes”, dijo a Reuters Wilson Tovar, economista jefe de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

Los precios del crudo caían a media sesión del viernes por segunda jornada consecutiva, mientras el dólar subía ante la perspectiva de un alza de las tasas de interés en Estados Unidos, aunque se encaminaban a cerrar la semana con pocos cambios y cerca de máximos de varios años.

Sin embargo, hacia la 1:39 de la tarde el Brent ganaba 0,45% a US$73,41 el barril y el WTI subía 0,69% a US$71,53 el barril.

Con información de Reuters

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Economía y Finanzas

Economía colombiana creció 28,7% anual en abril: Dane

El crecimiento de la economía nacional estuvo impulsado por la industria, la construcción y el gasto de la administración pública. Es el mejor dato desde que arrancó la pandemia.

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Juan Daniel Oviedo, director del Dane. Foto: Dane.

La economía de Colombia creció un 28,7% interanual en abril, el mejor desempeño desde el comienzo de la pandemia de covid-19, impulsada por la industria, la construcción y el gasto de la administración pública, informó el viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en abril fue muy superior al alza de 11,9% de marzo y contrastó con la caída del 20,7% de abril de 2020.

La pandemia de coronavirus comenzó en Colombia en marzo de 2020 y deja hasta el momento más de 98.000 muertos y 3,85 millones de personas infectadas.

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El comportamiento de la economía en abril estuvo explicado por las actividades de la industria manufacturera y la construcción con un crecimiento anual de 84,4%, el comercio el transporte, el almacenamiento, el alojamiento y los servicios de comida con un 54,8%, mientras que la administración pública registró un aumento de 26,6%, precisó el DANE.

La cuarta economía de América Latina se contrajo un histórico 6,8% durante 2020 por el impacto de la pandemia de coronavirus sobre la actividad productiva del país de 50 millones de habitantes.

Colombia elevó esta semana su proyección de crecimiento económico para este año a un 6%, desde una estimación previa de 5%. 

Reuters

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Economía y Finanzas

Confianza empresarial del país se recuperó en mayo

Según Fedesarrollo, los indicadores de confianza comercial e industrial aumentaron en el quinto mes del año.

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A través de su más reciente encuesta de opinión empresarial, Fedesarrollo informó que la confianza de los empresarios del país se recuperó en mayo. El índice de confianza comercial e industrial crecieron en el periodo en mención.

El centro de pensamiento dijo que el índice de confianza comercial se ubicó en 32,5%, lo que representó un incremento de 6,9 puntos porcentuales frente a abril (25,6%). Mientras tanto, el índice de confianza industrial registró un balance de -3,2%, lo que significó un aumento de 1,9 pps frente al mes pasado (-5,1%).

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Sobre el indicador de confianza comercial, Fedesarrollo dijo que el aumento se explicó principalmente por una reducción del nivel de existencias y en menor medida por un incremento del indicador de expectativas para el próximo semestre.

Respecto al aumento en el índice de confianza industrial, el centro de pensamiento comentó que dicho resultado “se explica principalmente por un incremento de las expectativas de producción para el próximo trimestre”.

Otra de las cifras que arrojó el sondeo es que frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, únicamente el 27% de las empresas encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas.

Además, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en mayo fue de 69%, lo que representa una reducción de 6,6 pps frente a su medición anterior y un crecimiento de 4,5 pps frente al mismo periodo de 2020, dijo Fedesarrollo.

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Economía y Finanzas

Lo bueno y lo malo de dilatar la aprobación de una nueva reforma tributaria

El Gobierno se la está jugando para lograr aliados en su nuevo proyecto tributario tras un reciente intento fallido de reforma que tuvo que retirar del Congreso. Dejar su discusión y aprobación para el segundo semestre trae sus riesgos y oportunidades, ¿cuáles son?

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José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda que tiene el gran reto de que se apruebe la próxima reforma tributaria. Foto: Fabián Ortiz.

La impopularidad de la tributaria 3.0 del gobierno de Iván Duque que buscaba un recaudo histórico para una reforma ($23,4 billones), radicada en el Congreso el 15 de abril y retirada oficialmente el 5 de mayo, ha dejado algunas lecciones según varios expertos: asegurarse de tener los aliados suficientes que garanticen su aprobación y definir qué tan ambiciosa puede ser. Además, evidencia la dificultad de discutir reformas que solucionen problemas estructurales en el mediano plazo.

Al cierre de esta edición, el Gobierno Nacional avanzaba en la construcción de consensos que le permitiera presentar una nueva tributaria ante el Congreso, que recaudaría el orden de $14 billones de los cuales la mitad iría para mantener subsidios a la población más vulnerable por la crisis y la otra mitad para el ajuste fiscal que requiere el país tras una deuda que superaría el 65 % del PIB este año y un déficit histórico cercano al 9 % -más de $90 billones-.

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Aunque había mucha incertidumbre frente a la fecha de su radicación, lo más probable es que su aprobación no se dé en la legislatura que finaliza oficialmente el 20 de junio, sino que se extienda al periodo legislativo que inicia el 20 de julio.

Los riesgos de que se vaya la aprobación al segundo semestre es la desfinanciación y terminación de los programas sociales que surgieron en la pandemia para los más vulnerables.

En medio de la pérdida del grado de inversión del país por parte de Standard & Poor’s tras la caída de la tributaria y la dilatación de una nueva, el mensaje que ha dado el Gobierno es claro: la tributaria sí o sí debe hacerse debido a la crisis que trajo consigo la pandemia del coronavirus en 2020 que resultó en menores ingresos para la Nación y en más necesidades de gasto para apoyar a la población más vulnerable, fortalecer el sistema de salud, entre otros.

Con base en este contexto y dada la incertidumbre que cobija a la nueva tributaria, Forbes consultó a expertos para conocer cuáles son los principales riesgos y oportunidades de que la aprobación de la reforma se vaya para el segundo semestre de 2021.

Lo bueno y lo malo de dilatar la aprobación

Lina María Ortiz, abogada consultora en impuestos dijo que “los riesgos serían principalmente que seguirían pendientes las necesidades de financiación del Estado y la nota de Colombia podría seguir cayendo ante las calificadoras de riesgo. Sin embargo, podría brindar la oportunidad de reducir los gastos innecesarios del Estado y nos daría tiempo como sociedad para ponernos de acuerdo sobre cuáles son las medidas que queremos adoptar, permitiría un mayor control social al poder ser discutida más ampliamente”.

Antes de comentar al respecto, Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional aseguró que “no es tan bueno que se apruebe algo ahora.

Elevar el recaudo en una situación como la actual, en general no es bueno”. Para él, las oportunidades que hay de que se dilate la discusión sobre una nueva tributaria incrementa las posibilidades de encontrar consensos para una reforma integral.

Sin embargo, Rodríguez expone que dejar la aprobación para el segundo semestre -algo que considera pronto- limita los consensos a cosas muy específicas, poco duraderas, pero con alta aceptación. “Lo que tendría que hacer el Gobierno es eliminar beneficios tributarios de las empresas, adoptar una propuesta como la de la Andi (que recaudaría $13 billones), pero eso son paños que alivian poco, en un par de años toca estar haciendo una nueva tributaria” porque los alcances de la que se aprobaría serían limitados.


Desde la visión de Olga Lucía González, directora encargada del departamento de Derecho Fiscal del Externado, entre los principales riesgos está que entre más se demore en ser aprobada la reforma más tardaría el recaudo esperado porque las “leyes tributarias solo pueden aplicarse a partir del periodo fiscal que comience después de la promulgación de la ley”.

Por ejemplo, si se hacen modificaciones al impuesto de renta en 2021, estos tendrían efectos para el año gravable 2022 y por ende el mayor recaudo se reflejaría en 2023, año en el que se deberán declarar y pagar las obligaciones tributarias del periodo impositivo de 2022, explicó González.

No obstante, dice la experta, no se debe desconocer la necesidad del debate democrático que requiere una reforma tributaria y en especial un proyecto que se presente en las actuales circunstancias que vive Colombia. “Debate democrático participativo y no meramente representativo, esto es, uno a la luz de la sociedad civil”.

Otros expertos aseguran que los riesgos de que se vaya la aprobación al segundo semestre es la desfinanciación y terminación de los programas sociales que surgieron en la pandemia, como Ingreso Solidario para darle un subsidio a quienes no recibían apoyos del Gobierno y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) para subsidiar el pago de las nóminas y evitar despidos.

Otro riesgo es la posible pérdida del grado de inversión por parte de Fitch y la rebaja de la nota de Moody’s. Esto, como se ha venido explicando tras la pérdida del grado de inversión de Standard & Poor’s, tendría entre sus efectos menor confianza de los inversionistas en Colombia, un dólar más caro y financiación del país a tasas más altas por mayor riesgo de impago.

Pese a lo anterior, la gran oportunidad que hay de dejar el grueso de las discusiones para el segundo semestre es que hay mayor chance de que la propuesta se apruebe.

Las propuestas que más gustan

Entre los puntos que generan consenso en la nueva tributaria está no afectar a la clase media, proteger a los más vulnerables, aumentar el plan de austeridad del Gobierno, fortalecer la lucha contra la evasión, hacer un articulado corto, que los que más tienen aporten más y generar las condiciones para la reactivación de la economía y el empleo.

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Economía y Finanzas

Los obstáculos del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

Varios actores políticos rechazan el convenio debido a potenciales riesgos en la lucha contra la deforestación en la Amazonía, mientras que otros argumentan que su ratificación facilitaría un escenario más favorable en este apartado. Todo en medio de las campañas electorales de tres países clave en las negociaciones.

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La decisión de negociar un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur) se tomó el 17 de junio de 1999, durante la primera cumbre entre la UE y América Latina y el Caribe, celebrada en Rio de Janeiro. 20 años después, exactamente el 28 de junio de 2019, se firmó la parte comercial, seguida por la sección política y de cooperación un año después. A pesar de ello, el tratado sigue sin ser ratificado por ambas partes.

Las razones se remontan a agosto de 2019, dos meses después de la firma del apartado comercial. Para entonces ya había posiciones contrarias a lo que se había acordado por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien aseguró que la falta de compromiso del gobierno de Jair Bolsonaro en torno a los incendios en la Amazonía y la lucha contra la deforestación hacían imposible ratificar el texto tal como estaba.

Producto de ese debate, varios actores políticos solicitaron un documento adicional que aclarara los compromisos asumidos en el capítulo de comercio y desarrollo sostenible. En respuesta a esa indicación, los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) aseguraron estar listos para conversar al respecto, pero a día de hoy, la UE no ha proporcionado todavía un texto base para avanzar al respecto e iniciar el proceso de ratificación.

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Al respecto, el embajador de Brasil en la UE, Marcos Galvão, aclaró a Forbes que “ese documento es un anexo que no reabre los términos del acuerdo, cuyas negociaciones ya concluyeron”, y aseguró “que los compromisos que se asumen son recíprocos”.

Por otro lado, el proceso sufrió un revés el 26 de agosto de 2020 por la dimisión del comisario de comercio de la UE, Phil Hogan, debido a su incumplimiento de las medidas sanitarias contra la pandemia. Sus funciones fueron asumidas por el vicepresidente ejecutivo de la UE para asuntos económicos y monetarios, Valdis Dombrovskis,

El político señaló a Forbes que “el acuerdo puede ser un avance muy importante para nuestras dos regiones y puede generar muchos aspectos positivos para nuestra gente, nuestros trabajadores y el medio ambiente. Pero para alcanzar estos aspectos positivos, debemos redoblar nuestros esfuerzos para eliminar los posibles aspectos negativos”.

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No obstante, afirmó que “la UE está dispuesta a encontrar soluciones en este sentido. Queremos avanzar en la ratificación del acuerdo cooperando en iniciativas concretas para abordar las preocupaciones pendientes, especialmente en materia de clima y deforestación. Al mismo tiempo, tenemos que seguir defendiendo que estamos mucho mejor con el acuerdo que sin él”.

Las cifras

Lo cierto es que el acuerdo de asociación con Mercosur sería el más importante que habría firmado la UE hasta la fecha, pues toma una zona de libre comercio de casi 10% de la población global, que representa 25% del PIB global, así como 37% de exportación de bienes y servicios, casi 30% de flujos comerciales y 34% del stock mundial, según cifras del Parlamento Europeo.

Los principales beneficios del acuerdo radicarían en el aumento de las exportaciones. En el caso de Europa, el sector lácteo crecería más de 90% frente a sus cantidades actuales en la parte conservadora, mientras que en la parte ambiciosa aumentaría más de 120%; en bebidas alcohólicas lograría de 36% a 38%; en el sector textil de 311% a 424%; en maquinaria de 78% a 100%; en electrónica de 109% a 150%; en vehículos y autopartes de 95% a 114%; mientras que en productos químicos y farmacéuticos llegaría a más de 50%.

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Por el lado de Mercosur, las exportaciones en productos lácteos aumentarían desde 18% a 165%; en bebidas alcohólicas pasarían de 28% a 35%; en textiles de 32% a 36%; en electrónica podrían subir hasta un 24%; mientras que en vehículos y autopartes se incrementarían hasta un 47%. En gran medida, esto se posibilitaría debido a las rebajas en aranceles que contempla el acuerdo, y los datos lo confirman.

“Mercosur es un actor muy eficiente en términos de producción de bienes agroalimentarios, y Europa tiene un sistema productivo con fuertes subsidios en producción que no cuenta con las condiciones climáticas y de suelo que tenemos nosotros”.

Pablo ariel grinspun, embajador de argentina en la unión europea

Las cifras oficiales de la Comisión Europea detallan que se eliminarían los derechos de aduana en sectores como autos y autopartes, químicos, farmacéuticos y maquinaria, que actualmente tienen aranceles de 35%, 18%, y 14% en los tres primeros respectivamente. En el último caso, los gravámenes oscilan en un rango de 14% a 20%.

Dicha medida también contemplaría productos que hasta ahora han quedado fuera del mercado de Mercosur, como la ropa y el calzado. En el caso de algunos de estos aranceles, la eliminación progresiva se llevaría a cabo en un periodo de varios años.

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El embajador de Argentina en la UE, Pablo Ariel Grinspun, comentó a Forbes que hay oportunidades de liberalización más completa en gravámenes que se reducen a 0% para el tabaco y frutas como uvas y sandías, así como en el caso del café soluble, que tiene tarifas de 11,5%. El convenio también permitiría exenciones en todo el universo arancelario de la UE en general, que alcanza casi 97% en la parte industrial.

Por su parte, Dombrovskis destacó que el acuerdo con Mercosur es el mayor trato comercial que la UE ha celebrado en términos de ahorro arancelario, gracias a una cifra que podría alcanzar hasta €4.000 millones anuales (unos US$4.800 millones).

“Con esta alianza, Europa consigue mercado y Mercosur consigue participar de las cadenas globales y modernizar sus sistemas económicos, así como exportar más productos. Es un buen trato porque a cada uno le da lo que necesita: a uno mercado y estabilidad jurídica y de inversión, y al otro mercado, más clases de negociación y más participación”, dijo a Forbes el eurodiputado del grupo político ‘Renew Europe’, Jordi Cañas, uno de los mayores defensores del acuerdo en el Parlamento Europeo.

Los desacuerdos

Más allá de los compromisos medioambientales, los peros de la UE también tienen que ver con el proteccionismo agrícola que tiene el bloque comunitario. “Mercosur es un actor muy eficiente en términos de producción de bienes agroalimentarios, y Europa tiene un sistema productivo con fuertes subsidios en producción que no cuenta con las condiciones climáticas y de suelo que tenemos nosotros”, añadió Grinspun.

A su vez, la eurodiputada del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y una de las principales opositoras al acuerdo, Anna Cavazzini, destacó en dialogo con Forbes que hasta 20% de la deforestación en los países del Mercosur está relacionado con las importaciones de la UE.

“Nuestra posición es que el acuerdo no está bien diseñado y no podemos aceptarlo. Creemos que lo mejor es empezar de cero, porque ya pasaron más de 20 años desde que empezó a negociarse, entonces han cambiado muchas cosas desde entonces. Lo que necesitamos, como mínimo, es tener medidas unilaterales desde la Unión Europea para dar un paso adelante en la lucha contra la deforestación”, apostilló.

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No obstante, Cañas afirmó que es falso que el acuerdo vaya a favorecer la deforestación en los países de Mercosur, pues los productos vinculados a esta práctica, que son básicamente la soja y la carne de vacuno, no tienen cambios significativos dentro del convenio.

Cabe destacar que la soja, cuyo arancel de importación actual de Brasil y de Argentina hacia Europa está en 0%, es el principal producto con el que trabaja Brasil en zonas deforestadas después de la ganadería. Bajo esta premisa, no hace falta un acuerdo comercial para importar más soja brasileña, pues “está fuera del mismo”, según comentó el eurodiputado.

En relación a la carne vacuna, la cuota que está prevista en el acuerdo, que es de 99.000 toneladas, es menos de 1% del consumo europeo y alrededor de 1% de la producción de Brasil, que a su vez ha trabajado en los últimos años para incrementar su productividad por unidad especial a una media superior a 3% anual.

“Nosotros en un año incrementamos, solo aumentando la productividad por unidad de superficie por metro cuadrado, más de lo que se agregaría en términos de mercado al conjunto de Mercosur, y creo que mucha gente en Europa no entiende lo que eso significa que en términos de apertura del Mercosur al comercio mundial”, agregó Galvão.

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En la actualidad, el principal importador de soja y carne de vacuno es China, país que a su vez cuenta con relaciones comerciales más sólidas con Brasil en comparación con la UE. En los cuatro primeros meses del año, las exportaciones europeas representaron apenas 13% del total de Brasil al mundo, mientras que las exportaciones a China significaron 35%. Solo en el mes de abril, los números fueron de 13% frente a 39% respectivamente. Por el lado de Europa, el market share que el bloque comunitario representa para Brasil se mantiene estable en una tasa de 19%.

LIAOCHENG, CHINA – OCTOBER 09: Soybeans are harvested with a combine harvester in a field on October 9, 2020 in Liaocheng, Shandong Province of China. (Photo by Zhao Yuguo/VCG via Getty Images)

Contrario a la UE, China no ha manifestado reparos ante los asuntos medioambientales en Brasil, por lo que Cañas destacó que “lo que impulsaría la deforestación sería el no acuerdo, pues el texto tiene en sus cláusulas y artículos el cumplimiento de los tratados de París, y si no hay convenio, no hay ningún instrumento político por parte de la Unión Europea para poder incidir las políticas del Brasil”.

En este apartado, Cavazzini destacó que hay una legislación en curso dentro de la Comisión Europea para crear instrumentos de lucha contra la deforestación, aunque agregó que esta alternativa debe estar en funciones si se quiere ratificar el acuerdo con Mercosur, pues “nos da una herramienta adicional para verificar la sostenibilidad del trato. También necesitamos anuncios claros del gobierno brasilero donde se comprometan a detener la deforestación”.

El futuro

Otro aspecto que añade más incertidumbre a la ratificación del acuerdo entre Mercosur y la UE es el panorama político en ambos bloques hasta 2022, año en que se celebran elecciones presidenciales en Brasil y Francia. A estos procesos se suman las elecciones federales de Alemania, que están programadas para septiembre de 2021 y que representan el final del periodo de Angela Merkel como canciller.

Cabe destacar que tanto Merkel como su gobierno han ejercido una fuerte presión para que se ratifique el acuerdo debido a los beneficios industriales y empresariales que puede traer a su país, mientras que Francia ha sido más escéptico desde el comienzo debido a la dureza de Macron respecto a las preocupaciones climáticas y los impactos en la agricultura francesa.

“Queremos avanzar en la ratificación del acuerdo cooperando en iniciativas concretas para abordar las preocupaciones pendientes, especialmente en materia de clima y deforestación”.

valdis dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la ue para asuntos económicos

Ante este escenario, todos los actores involucrados en el acuerdo son conscientes de que este primer año sin ratificación después de la firma del apartado político y de cooperación puede prolongarse, al menos, hasta 2023. Sin embargo, algunos consideran este impasse como una ventaja a largo plazo, pues en el segundo semestre de dicho año, España ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea, entidad encargada de celebrar acuerdos internacionales junto con el Parlamento Europeo.

Tanto España como Portugal, que tendrá la presidencia del Consejo de la UE hasta el próximo 30 de junio, son los países del bloque comunitario con mayor interés en aprobar el acuerdo con Mercosur.

“España siempre ha empujado muy fuerte. Por momentos toma impulso y después tiene que manejarse con los socios europeos. Hace muy poco el primer ministro mandó una nota pidiendo la ratificación del acuerdo, es decir, ellos siempre han estado muy convencidos de su utilidad. Con presidencia portuguesa este semestre, han hecho una alianza con Portugal y los dos han empujado mucho para su aprobación”, resaltó Grinspun.

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No obstante, el embajador destacó que también hay que pensar que las cuestiones medioambientales del acuerdo tienen que ver o son paralelas en el tiempo a la nueva agenda europea, donde estas discusiones forman parte de una realidad que tiene que ver con el crecimiento de los partidos verdes en Europa.

“El problema del acuerdo con Mercosur es que es un acuerdo negociado con otros parámetros y otra agenda en Europa que quedó un poco en el medio. Este es un convenio un poco más tradicional, y si bien el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible es el más moderno que ha negociado la Unión Europea, a la vez es viejo respecto a lo que aspiran tener, entonces hay que ver como se adapta a eso”, agregó.

Dicho punto coincide con las opiniones de Cavazzini, quien aseguró que “los verdes tenemos otras demandas, y van a que este trato solo puede pasar con mejoras concretas. Esta es una situación poco ideal, y necesitamos acuerdos diferentes para nuevas generaciones”.

Los actores involucrados son conscientes de que los acuerdos de asociación se negocian y se firman bajo la presunción de que un mayor comercio ayuda al bienestar de las sociedades. En el caso de Mercosur, sería un paso importante en términos de profundizar su integración y apertura económica a los mercados globales, y por el lado de la UE, les ayudaría a convertirse en el primer socio que celebra un acuerdo con Mercosur. “Esto nos da una ventaja sustancial en la quinta economía más grande fuera de la UE”, concluyó Dombrovskis.

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