La calificadora de riesgo advirtió que el embargo afecta el desarrollo del proyecto e impactaría el factor crediticio de Empresas Públicas de Medellín.
Luego de que esta semana la Contraloría General de la República emitiera la orden de embargar al sistema financiero las cuentas de las compañías constructoras de Hidroituango, la calificadora Moody’s se pronunció al respecto, argumentando los posibles impactos de esta decisión.
La analista de Moody’s Investors Service, Roxana Muñoz, aseguró que “la orden de embargo a cuentas de contratistas de Hidroituango podría retrasar el inicio de operaciones del proyecto esperado para mediados de 2022, lo cual sería un factor crediticio negativo para Empresas Públicas de Medellín”.
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EPM dijo esta semana que esta decisión de la Contraloría no tendría ningún impacto en el desarrollo del proyecto, que prevé entrar en operación a partir del próximo año, según el cronograma que tiene la organización.
La Contraloría embargó las cuentas de los constructores tras confirmar que se pudo presentar un presunto detrimento patrimonial por $4 billones en el proceso de responsabilidad fiscal de la hidroeléctrica.
En el auto de embargo, la Contraloría expone que las medidas cautelares van “en contra de Integral S.A. dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal número ucc-prf014-2019”. Asimismo, incluye a Federico José Restrepo Posada, Juan Esteban Calle Restrepo, Alejandro Antonio Granda Zapata y Aníbal Gaviria Correa, entre otros, como presuntos responsables fiscales.
Se advirtió, además, que las entidades financieras deberán “informar acerca del registro y aplicación de la medida cautelar decretada y de consignar los dineros retenidos dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación”.
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