Si bien Colombia ha avanzado en adoptar el uso de energías renovables, hay retos, como la regulación, para lograr los objetivos mundiales y hacerle frente al agotamiento de los combustibles fósiles y la degradación socioambiental.
La necesidad de masificar el uso de energías renovables de fuentes no convencionales es un tema que ha tomado fuerza en la última década. Con la aprobación de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, que pacta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se busca, entre otros, evitar el aumento en la temperatura del planeta, hacerle frente al cambio climático y reducir la emisión de gases contaminantes, por lo que alternativas a los combustibles fósiles se vuelven una prioridad.
Colombia ha dado importantes pasos en ese sentido, para 2022 se espera que su capacidad instalada para generar energía solar y eólica se incremente 50 veces y, según el Gobierno, a ese año se lograrían 2.400 megavatios, que equivalen a más del 14 % de la generación de energía del país. Eso permitirá, para el 2030, una reducción de hasta nueve millones de toneladas de CO2.
Lea también : Los 10 multimillonarios más ricos de la energía verde en 2021
El interés del país ha logrado que incluso entidades, como el Consejo Mundial de Energía, lo reconozcan como uno de los epicentros para la transformación energética en Latinoamérica. Eso abre oportunidades de que más inversionistas vean a Colombia como un destino interesante en cuanto a energías renovables.
De cara al escenario de ampliar la capacidad, se prevé que para 2021-2022 haya una nueva subasta de renovables organizada por el Gobierno, lo que se traduce en más proyectos FNCER (Fuente No Convencionales de Energía Renovable) en los que podrán invertir las empresas nacionales y extranjeras interesadas, esto bajo condiciones claras, que protejan los intereses de las partes, estandarizadas, y a un plazo de 12 años, una duración mucho mayor a la acostumbrada para los Contratos de Compraventa de Energía (PPA por sus siglas en inglés) que suelen ser de entre uno y cinco años en condiciones bilaterales sin intermediación del Estado.
No se puede olvidar que transformar las fuentes de energía a largo plazo plantea retos en muchos sentidos. Para Alejandro Mesa, socio director de la firma Baker McKenzie en Colombia, desde la regulación aparecen algunos desafíos relevantes como “la aprobación del Proyecto de Ley 365 de 2020, que sería el primer paso que se tiene que dar para que se puedan implementar los beneficios que pretende introducir dicho proyecto, dirigidos específicamente a FNCER”.
El Proyecto de Ley al que se refiere el director Mesa está actualmente en curso en el Congreso de la República y busca, entre otros, dar lineamientos para la transición energética, la reactivación económica del país, y para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.
Según el abogado Mesa es necesario ajustar la regulación para permitir, desde la perspectiva técnica, una mejor operación, medición y monitoreo de las FNCER intermitentes (solar y eólica) conectadas al Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIN), así como revisar la regulación del proceso de subastas, que es parte de la agenda regulatoria de 2021.
Cabe destacar que, aunque los proyectos de energía eléctrica no parten de un esquema de contratación con el Estado colombiano, pues son esencialmente a riesgo de los inversionistas y desarrolladores, sí existe seguridad jurídica, un marco regulatorio estable, aplican los derechos derivados de la categoría de servicio público, y hay interés del país por promover la inversión en FNCER, esto para lograr el plan de transición energética previsto por el Estado y alinearse a la tendencia mundial de alcanzar un escenario carbono neutral, con energías más limpias y menos emisiones.