Aunque proponen que el Gobierno use los recursos de la enajenación de activos para posponer la reforma tributaria, esta no sería la mejor idea.
La nueva reforma tributaria del gobierno de Iván Duque ha sido el tema de discusión preferido de la opinión pública desde hace 15 días que se radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley. Ni el partido del Gobierno está contento con el documento.
Desde diversos sectores piden no hacer la reforma o modificarla. Lo más complejo del asunto es que es un año preelectoral, en medio de pandemia aún y con amplios desequilibrios entre los ingresos y gastos del Gobierno.
¿Qué hacer? Hay algunos que piden que el Gobierno no modifique totalmente los impuestos, sino que se refugie, entre otras cosas, en la venta de participaciones que tiene en algunas empresas (enajenación de activos). Aunque está sería una solución de corto plazo agrandaría el problema, resaltan expertos consultados por Forbes.
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Entre los activos que el Gobierno se alista para vender está ISA, participación del 51,4% que le vendería a Ecopetrol, negocio que daría entre $12 y $14 billones, montos que ya estarían contados en las cuentas del Gobierno Nacional para este año.
¿La venta de activos salvaría al país de una tributaria?
José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, recordó que los recursos que daría la venta del 51,4% del ISA ya están incluidos en las cuentas del Gobierno a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp).
La pregunta, dice López, “es sí a eso se le incorpora la venta de Ecopetrol, por ejemplo. Eso sería otra historia. En general las calificadoras de riesgo siempre han dicho que uno de los problemas de Colombia es no tener ingresos recurrentes y las ventas de activos no son ingresos recurrentes. Son paliativos que no necesariamente van a solucionar el tema fiscal”.
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Sobre si la venta de activos le podría dar más tiempo al país de enfrentar una nueva reforma, López dijo que “lo de ISA, no. Tendría que ser una venta de una buena parte de Ecopetrol y eso necesitaría una autorización del Congreso porque incluso con la operación de ISA el Gobierno está diluyendo su participación de 88,5% a 80% en Ecopetrol. ¿El país estaría dispuesto a vender el 30% de Ecopetrol para quedarse con el 50% de la empresa?. Eso compraría tiempo pero no soluciona el problema fiscal de fondo”.
Liliana Heredia, profesora del departamento de contabilidad y finanzas de la Javeriana de Cali y experta en temas tributarios, resaltó que una venta de activos estatales puede ayudar a resolver problemas de caja en el corto plazo, pero es en el largo plazo que se ven los efectos de estas decisiones. A la hora de vender un activo del Estado, la idea es salir de aquellos que sean improductivos y no, de los que generan utilidades.
“Una posible venta de la participación del Estado colombiano en ISA no responde a esa lógica sino a la necesidad de obtener recursos lo antes posible sin considerar con detenimiento los posibles efectos negativos futuros”, recalcó Heredia.
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De otro lado Felipe Campos, director de investigaciones económicas de Alianza Valores, comentó que los recursos de la venta de ISA se contemplan para este año. “Esa plata es la que evita que el déficit fiscal colombiano esté por encima del 10% del PIB en 2021. Es algo que uno da por hecho de que en el tercer trimestre del año va a haber ese negocio”.
¿Qué riesgos tiene dejarle la reforma tributaria al próximo Gobierno?
Varios, pero entre los principales y de los que se habla mucho está: perder el grado de inversión. “Es difícil saber ahora cuál será el efecto en los mercados, pero cuando Brasil perdió el grado de inversión sus tasas subieron 2 puntos porcentuales, es decir, 200 puntos básicos”, resaltó López de Corficolombiana.
Lo anterior podría derivar en mayores niveles de deuda pasando de un 65% a aproximarse al 70%, aseguró López. En caso de dejarle esa tarea al próximo gobierno, esta se haría hacia finales de 2022 con efectos fiscales al 2023 o 2024, “ahí quizás la reforma que toque hacer es incluso mayor y más dura porque no solo aumentó ya el nivel de deuda, sino las tasas de interés que se pagan por perder el grado de inversión”, dijo el experto.
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Para Campos, perder el grado de inversión además de aumentar los costos de financiación del país y elevar la deuda, impactaría el dólar que podría subirse cerca de $200. Sería un juego de doble vía, “si no se puede dar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas se comienza a pagar más en intereses para poder seguir emitiendo en lo que resta de año”.
Según la docente de la Javeriana de Cali, “el mayor riesgo es quedarse sin recursos para atender las responsabilidades propias del Estado. Insisto, el problema no es que se haga una reforma tributaria sino el tipo que se haga y con qué otras medidas se acompañe. No podemos pretender que estas resuelvan o compensen problemas que son más profundos como el desempleo, la falta de competitividad, las altas tasas de interés, entre otros”.
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