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Defensoría del Pueblo dice que protestas dejan al menos 16 muertos en todo el país

Según un informe de la entidad, en seis días han fallecido 16 personas y resultado heridas otras 700.

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Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Las protestas y desórdenes de los últimos seis días en el país en contra del cuestionado proyecto de reforma tributaria, ya retirado por el Gobierno, dejan al menos 16 muertos y más de 700 heridos, informó este lunes la Defensoría del Pueblo.

Según datos de la institución, que no dio detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias de las muertes, en las agitadas jornadas también “han resultado heridos 254 civiles y 457 policías”, pero otras fuentes dan cifras mayores tanto de fallecidos como de lesionados.

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Las protestas, que continúan hoy, comenzaron el pasado miércoles de manera pacífica en las principales ciudades del país pero los hechos de vandalismo y desmanes en lugares como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá han aumentado la tensión social.

El presidente Iván Duque anunció el domingo el retiro del polémico proyecto presentado el 15 de abril por el Ministerio de Hacienda y solicitó al Congreso tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos para así evitar la incertidumbre financiera.

El Comité promotor de las protestas dio hoy una rueda de prensa en la que la segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Martha Alonso, dio unas cifras de fallecidos más altas que las de la Defensoría.

“Al momento tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia”, expresó.

Alfonso agregó que durante las manifestaciones han documentado “726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes han perdido sus ojos”, y que “más de 45 defensores de derechos humanos se les ha limitado su posibilidad de ejercer ese trabajo”.

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Organizaciones denuncian abuso policial

A falta de datos oficiales, la ONG Temblores alertó además que durante los cinco días previos de protestas fueron asesinadas 21 personas, 92 fueron víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública y otras 672 fueron detenidas arbitrariamente.

La organización investiga la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías y documenta cuatro denuncias de violencia sexual por los que son señalados miembros de la fuerza pública.

Sobre esas denuncias, el director de la Policía, mayor general Jorge Luis Vargas, aseguró hoy en una rueda de prensa que hay 26 investigaciones preliminares con las que se pretende aclarar las circunstancias de los homicidios y las agresiones físicas, así como determinar si en esos casos los uniformados de la institución han tenido alguna responsabilidad.

En esa misma intervención, el ministro de Defensa, Diego Molano, eludió dar detalles sobre las muertes pues según dijo, “debe ser la Fiscalía General la que determine como autoridad responsable y competente cuáles de las víctimas de estos días están asociadas específicamente” a las protestas. “Lamentamos la muerte de todas las personas que han estado en estas manifestaciones y que por producto de la acción criminal de los vándalos han perdido su vida”, dijo el ministro.

“Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las Farc y el Eln”, dijo Molano al anunciar que las autoridades han registrado 540 policías y 306 civiles heridos durante las protestas.

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La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró hoy por su parte que “tras 5 días de protestas mayoritariamente pacíficas, no hemos tenido ningún fallecido ni herido por arma de fuego, pero sí lesionados” en la ciudad.

La reforma tributaria aumentaba los impuestos mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19 % a los servicios públicos, entre otras cuestionadas medidas.

Con el proyecto el Gobierno aspiraba a recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) para mejorar el estado de las finanzas púbicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, cuya demanda ha aumentado con la pandemia de covid-19.

EFE

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António Guterres, confirmado al frente de la ONU por otros cinco años

La reelección de Guterres se consideraba el paso lógico dentro del organismo dado que, durante décadas, todos los jefes de Naciones Unidas han sumado dos mandatos

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La Asamblea General de Naciones Unidas confirmó este viernes por aclamación a António Guterres en su cargo de secretario general de la ONU por otros cinco años, en los que el político portugués prometió trabajar por un mundo mejor y “hacer posible lo imposible”.

“Tengo el honor de anunciar que su excelencia António Guterres ha sido designado por aclamación como secretario general de las Naciones Unidas para un segundo mandato, que comenzará el 1 de enero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2026”, anunció el presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkir, tras una ovación general de los representantes de los países de la ONU.

Guterres, contra quien ningún país planteó otra alternativa, asumió la Secretaría General en enero de 2017, tras imponerse a un gran número de candidatos entre los que se encontraban personalidades conocidas en la escena internacional como la hoy directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, o la que entonces era directora general de la Unesco, Irina Bokova.

Aunque varias personas se postularon e hicieron campaña durante los últimos meses, ninguna llegó a ser propuesta formalmente por un Estado miembro, por lo que sus nombres no fueron tomados en cuenta.

Antes de la confirmación, el presidente de turno del Consejo de Seguridad, el estonio Sven Jürgenson, tomó la palabra para insistir en el respaldo de las potencias del máximo órgano de la ONU al diplomático.

“Los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron su apoyo incondicional al señor António Guterres”, dijo Jürgenson, subrayando que el trabajo del secretario general responde a “los más altos estándares de eficacia, competencia e integridad” y “a un firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Su reelección, lejos de ser una sorpresa, se consideraba el paso lógico dentro del organismo dado que durante décadas todos los jefes de Naciones Unidas han sumado dos mandatos, con la excepción del egipcio Butros Gali, cuya reelección fue vetada en 1996 por Estados Unidos.

Promesa de trabajar para un mundo mejor

Tras “jurar solemnemente” cumplir con “conciencia y discreción” las funciones de secretario general, Guterres prometió que hará todo lo posible para avanzar hacia un futuro mejor.

“Les prometo que haré todo lo posible en mi poder durante mi segundo mandato para contribuir a un escenario positivo y de avances”, dijo Guterres ante la Asamblea General.

El diplomático portugués recordó los principales retos a los que se enfrenta el mundo, desde la pandemia, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad hasta el retroceso de los derechos humanos, pasando por la contaminación, las divisiones geopolíticas, los conflictos, la falta de regulación del ciberespacio o las crecientes desigualdades.

Para Guterres, la manera de afrontar estos desafíos es “uniendo nuestra capacidad para trabajar a nivel global. Este es un momento para hacer hincapié en el multilateralismo, es hora de comprender que cada país por sí solo no puede hacer nada, independientemente de las divisiones que existen. Los países deben unirse”.

“Reconstruir la confianza es la forma de hacer posible lo imposible. Si permanecemos divididos, lo posible seguirá siendo imposible, y las fragilidades de este mundo se traducirán en un sufrimiento mayor para las personas, especialmente para los más vulnerables entre los vulnerables”, dijo Guterres en una breve rueda de prensa celebrada tras su designación.

Pero el secretario general, que se definió como un humilde y optimista servidor público, se mostró convencido de que, a pesar de que “las tareas que tenemos por delante son colosales (…) podemos estar a la altura de los desafíos”.

Apoyos internacionales

Tras su designación, los líderes internacionales comenzaron a felicitar al diplomático luso por su reelección, como la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente ruso, Vladimir Putin, o el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez.

Merkel destacó en un comunicado el “compromiso” de Guterres con la “resolución pacífica de conflictos”, la “protección del clima” y las “soluciones innovadoras para los problemas globales”.

“Precisamente la pandemia nos ha enseñado que es esencial la capacidad de Naciones Unidas para reaccionar rápido a retos actuales”, indicó.

Por su parte, Putin, que subrayó que su reelección confirma el “prestigio político” de Guterres, se mostró “convencido de que su actividad permitirá, como antes, aumentar la eficacia de los mecanismos de la ONU, reforzar el papel coordinador de la organización en los asuntos globales”.

EFE

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Jair Bolsonaro dice que usar tapabocas puede causar accidentes de tránsito

“Porque el auto cerrado, él (conductor) con la mascarilla, respirando allí, o sea, va a tener una oxigenación menor en su cuerpo”, dijo el presidente de Brasil.

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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien niega la gravedad del Covid-19, volvió este jueves a criticar el uso obligatorio de la mascarilla y afirmó que utilizarla dentro del vehículo puede causar accidentes de tránsito.

Sin aportar prueba o estudio alguno, el mandatario ultraderechista señaló que usar mascarilla en un vehículo cerrado reduciría la oxigenación en el cerebro debido a un supuesto exceso de dióxido de carbono (CO2) en el ambiente. “¿Hay algún médico aquí? ¿El CO2 no provoca tener sueño? ¿No ayuda a tener sueño?”, empezó cuestionando el gobernante, en su tradicional transmisión vía redes sociales de los jueves. “Porque el auto cerrado, él (conductor) con la mascarilla, respirando allí, o sea, va a tener una oxigenación menor en su cuerpo -no necesitas ser médico para decir esto- y eso puede llevar a un accidente”, completó.

Lea también: Bolsonaro usa carta de un suicida para justificar su rechazo a confinamientos

El capitán retirado del Ejército reaccionó en estos términos después de ver -según dijo- paneles luminosos en carreteras de Sao Paulo que aludían a la obligatoriedad de la mascarilla, durante la marcha que encabezó con miles de motociclistas simpatizantes de su Gobierno.

Bolsonaro, que desde el inicio de la pandemia -que ya se ha cobrado la vida de cerca de 500.000 personas brasileñas- ha desdeñado la peligrosidad del coronavirus, llegó a vetar en 2020 el uso obligatorio de mascarilla en comercios, escuelas y templos religiosos. Sin embargo, el Congreso tumbó poco después ese veto.

El presidente brasileño también ha criticado con dureza durante toda la pandemia la imposición de restricciones a la movilidad adoptadas por las autoridades locales para reducir la incidencia del SARS-CoV-2, que sigue fuera de control en el país. Incluso buscó en la Corte Suprema suspender dichas medidas, como el toque de queda nocturno, aunque hasta el momento ninguno de sus recursos ha prosperado.

Con más de 495.000 decesos y 17,7 millones de positivos, Brasil es el país de Latinoamérica más castigado por el Covid-19, el segundo del mundo con más muertes, después de Estados Unidos, y el tercero con más contagios, por detrás de EE. UU. e India.

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Apps chinas enfrentarían revisiones y prohibiciones por decreto de Biden

El objetivo es evitar que adversarios extranjeros, como China y Rusia, accedan a grandes cantidades de información personal y comercial de propiedad exclusiva.

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 El decreto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destinado a salvaguardar los datos sensibles de los estadounidenses, obligaría a algunas aplicaciones (apps) chinas a tomar medidas más estrictas para proteger la información privada si quieren seguir en el mercado estadounidense, según personas familiarizadas con el asunto.

El objetivo es evitar que adversarios extranjeros, como China y Rusia, accedan a grandes cantidades de información personal y comercial de propiedad exclusiva.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos puede emitir citaciones para recabar información sobre determinadas apps de software para teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio.

A continuación, la agencia podrá negociar las condiciones para su uso en Estados Unidos o prohibir las aplicaciones, según personas cercanas al tema.

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El decreto de Biden del 9 de junio sustituyó a las prohibiciones del presidente Donald Trump en 2020 contra las populares aplicaciones chinas WeChat, propiedad de Tencent Holdings Co, y TikTok, de ByteDance Ltd.

Los tribunales estadounidenses frenaron esas prohibiciones. Los funcionarios estadounidenses comparten muchas de las preocupaciones que Trump citó en su orden de prohibición de TikTok, de acuerdo a una persona con conocimiento del tema.

En particular, temen que China pueda rastrear a empleados del gobierno de Estados Unidos, crear expedientes de información personal para el chantaje y realizar espionaje corporativo.

Reuters es la primera agencia en informar sobre los detalles de cómo el gobierno de Biden planea implementar el decreto, incluyendo la búsqueda de apoyo de otros países.

Los funcionarios estadounidenses han comenzado a hablar con sus aliados sobre la adopción de un enfoque similar, dijo una fuente. La esperanza es que los países asociados se pongan de acuerdo sobre las aplicaciones que deben prohibirse.

La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, decidirá cuáles son las apps que deben ser objeto de la norma, las que deben cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, deben ser propiedad, estar controladas o gestionadas por una persona o entidad que apoye las actividades militares o de inteligencia de un adversario extranjero como China o Rusia. 

Reuters

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Nueva ley reducirá jornada laboral de 48 horas a 42 horas en Colombia

Uno de los principales aspectos del proyecto es que esta reducción en las horas laborales no implica una baja en los salarios de los trabajadores. Empresarios alegan que esto está encareciendo la creación y formalización del empleo.

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La reducción de la hornada laboral de 48 horas a 42 horas, una iniciativa que ha sido criticada por empresarios y miembros del Gobierno, ha sido aprobada como una nueva ley en último debate de la Cámara de Representantes.

El articulado presentado por el Centro Democrático estima que esta reducción se haga de manera progresiva con un régimen de transición. Esto significa que este cambio solo comenzará a aplicarse hasta el 2023 cuando se reducirá la primera hora, y así sucesivamente por los siguientes tres años, hasta llegar a las 42 horas. La reducción total de seis horas se verá hasta 2026.

Uno de los principales aspectos del proyecto es que esta reducción en las horas laborales no implica una baja en los salarios de los trabajadores.

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Sin embargo, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) ha señalado que las cuentas “no le cuadran” dado que bajar el límite de horas “no reduce el tiempo que tardan en desarrollarse los procesos productivos de la empresa”.

Bruce Mac Master, director de la Andi, señaló en la plenaria que “el cambio de la jornada laboral va en el sentido totalmente contrario a que debería. Se está encareciendo la creación de empleo, se está afectando la competitividad“.

Por su parte Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) indicó que “está demostrado que proyectos parecidos en otros países no han generado el empleo que se pretendía. La estructura empresarial está desgastada: se han agotado todos los esfuerzos para preservar el empleo“.

Para el sector empresarial, la decisión no ayuda a generar más empleo sino aumentar los costos de su formalización.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, la productividad laboral, medida como el PIB por trabajador, creció a una tasa anual del 1,8 por ciento entre 2002 y 2017. Además, para 2018 tuvo uno de los aumentos más altos de los últimos años: un 1,67 por ciento.

El expresidente ý exsenador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, intervino en la plenaria cómo invitado debido a que fue quien radicó el texto inicial de la iniciativa legislativa, haciendo referencia a que esta decisión aumentará la productividad y que las empresas que se han acogido a la disminución de la jornada tampoco han afectado la generación de empleo.

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Contra el azúcar: aprobaron nueva ley de comida chatarra

La ley ordena que en Colombia todos los alimentos cargados de azúcar, procesados y ultra procesados tengan una etiqueta frontal claramente visible para el comprador, en la cual se diga la cantidad de calorías e ingredientes agregados al producto.

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El Senado de la República dio luz verde este jueves en último debate a la ley de comida chatarra que cambiará por completo los paquetes y etiquetados de los alimentos procesados que se comercializan en el país.

El proyecto ordena al Ministerio de Salud adoptar un reglamento para definir el etiquetado de productos ultraprocesados que excedan sus contenidos de azúcares, sodio o grasas, mediante un sello frontal de advertencia, sencillo y claro. Países como Chile y México han adoptado este tipo de etiquetado.

Para el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro, coautor de la iniciativa: “Luego de tres intentos y más de 6 años de lucha en los cuales el proyecto había sido archivado por el lobby de la industria antes de su primer debate, en esta oportunidad hemos logrado con el apoyo de casi todos los partidos políticos y de miles de ciudadanos, sacar adelante una propuesta urgente y necesaria para promover mejores hábitos de alimentación. Con este proyecto estamos garantizando que los colombianos tengan información honesta, sencilla y clara, para cuidar su salud, y poder tomar decisiones sobre el consumo o no de productos con excesivos niveles de azúcar, sodio, grasas y edulcorantes”.

Además, se mantuvo el artículo presentado por su coautor, para que todos los productos comestibles y bebibles que deban tener etiquetado frontal de advertencia por contener excesos de azúcar, sodio o grasas, deban incorporar dicha advertencia igualmente en todas su publicidad de cualquier tipo.

Los detractores del Proyecto rieteradamente argumentaron que se trataba de un proyecto que afectaría gravemente a la industria de comestibles y bebidas azucaradas.

“Hemos insistido de todas las formas en aclarar que este proyecto no prohíbe la venta, comercialización y publicidad de absolutamente ningún producto. Lo único que este proyecto exige es que se informe a los consumidores de una forma clara, concreta y sencilla, cuando un producto está excedido en azúcares, sodio y grasas. Es el consumidor quien tomará la decisión de comprar o no comprar, usando información clara y suficiente. La experiencia chilena ha demostrado que la industria no se afectará, y por el contrario, se beneficiará mucho la salud de los ciudadanos”, expresó Toro.

La pandemia del Covid-19 reveló una dura realidad asociada a la obesidad, ya que las personas con sobrepeso, tienen 46% más de probabilidades de ser infectadas por el virus, un 113% más probabilidades de ser hospitalizadas cuando se contagian y un 74% más probabilidades de ingresar a una UCI que los infectados que no son obesos.

Otros puntos que contempla el proyecto y que hoy fueron aprobados facultan al Gobierno para diseñar herramientas pedagógicas como cartillas y apps sobre hábitos alimentarios y riesgos a la salud por consumo de comestibles ultraprocesados y facultan al Gobierno para que con el liderazgo del Ministerio de Salud y la ANTV fomenten la transmisión de contenidos con mensajes de promoción de hábitos de vida saludables, enfocada a niños, niñas y adolescentes.


El proyecto pasa a conciliación con las dos Cámaras y luego a sanción presidencial.

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