El Tribunal Arbitral internacional ratificó el derecho del Estado colombiano a la reversión de activos.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial le dio la razón al Estado colombiano y negó el reclamo que presentó América Móvil con el que pretendía obtener US$1.286 millones, por la reversión de activos que el país le exigió hace unos años a su filial Claro Colombia.
El Tribunal confirmó que no existió el derecho a la no reversión de activos, tal como lo había decidido en 2013 la Corte Constitucional colombiana y que esto no representó una expropiación de la inversiones de América Móvil en violación entre el TLC entre Colombia y México, ordenando a América Móvil a pagar US$2.2 millones por concepto de costas del procedimiento arbitral.
La reversión de activos se dio por los contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos en 1994 entre el Estado y Comcel (Claro, América Móvil) y Colombia Telecomunicaciones (Movistar, Telefónica). El Estado obligó a los operadores no a devolver la infraestructura, sino pagar una compensación de US$1.580 millones.
América Móvil expresó en un escueto pronunciamiento que “se encuentra analizando las instancias legales a su alcance en contra de dicho laudo, incluyendo la solicitud de su posible anulación ante la corte federal del Distrito de Columbia, sede del laudo”.
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El Tribunal encontró que no se trató de un derecho con existencia en las leyes internas que pudiese gozar de protección bajo el derecho internacional, por lo que no puede hablarse de una expropiación. Así las cosas, el órgano internacional dejó intactas las decisiones adoptadas en la Sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional y un laudo nacional que ya habían resuelto el tema. De acuerdo con el Tribunal esas dos decisiones son irreprochables bajo el derecho internacional.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado expresó que esta decisión le evita a la Nación el pago de 1.286 millones de dólares – 4.6 billones de pesos-, que pretendía la contraparte y además le permite al país recuperar más de 2.1 millones de dólares (8.102 millones de pesos) por concepto de costas y gastos de representación.
En este proceso la Agencia, en cabeza de su director, Camilo Gómez Alzate, integró el equipo de defensa junto con la firma Dechert LLP, liderada por Eduardo Silva Romero. La estrategia se fundamentó en que el arbitraje de inversión no es el camino para el re-litigio de asuntos decididos por tribunales o cortes nacionales.
La defensa enfatizó que se debe respetar el derecho adquirido del Estado colombiano a la reversión.