Miembros de la academia explican que la política macroeconómica debe fijar nuevos objetivos, que prioricen las políticas redistributivas y eviten la concentración de ingresos. Además, creen que es fundamental la renta básica universal.

La Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en cabeza de su presidente Édgar Revéiz Roldán, expuso una serie de propuestas para salir de la crisis social, política y económica por la que atraviesa el país. Según dicen, “la crisis es el resultado de la frustración y la ira contenidas de largo tiempo atrás, al no disponer la sociedad civil y los sectores populares de espacios institucionalizados y eficaces de concertación para expresarse sobre los proyectos gubernamentales en materias fundamentales para el desarrollo nacional.

Advierten que la discusión es de vieja data, pues la concertación del salario mínimo ha sido ineficaz, así como la concertación de las políticas sociales y laborales establecidas en la Constitución de 1991. “Al final, la acción provocadora y violenta de minorías ajenas a la movilización social, aunadas al mal manejo oficial y al exceso de la fuerza frente al legítimo derecho a la protesta, desembocaron en la situación de caos presente”, aclaran.

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La Academia explica que el Gobierno Nacional se ha equivocado al desconocer estas causas estructurales que agobian a las grandes mayorías. Sostienen que hay una desconexión del gobierno y de la clase política con el país, que se agravó por el abandono de las prácticas democráticas al refugiarse desde marzo de 2020 en los decretos promulgados bajo un régimen de excepción.

Bajo este panorama, advierten que es necesito que se fortalezca y amplié la democracia dentro de la Constitución de 1991. Eato con el fin de garantizar la separación de poderes y la creación de un Consejo Económico Social y Ambiental, que permita ser intermediador sobre las grandes discusiones nacionales.

En esa línea, rechazan todo tipo de violencia y agregan que “apelar a la declaratoria de la conmoción interior por parte del gobierno nacional no es el camino adecuado, porque no contribuiría a crear un clima propicio para el diálogo y el entendimiento”.

Otro de los puntos que proponen es que se cambie y se reoriente el modelo de desarrollo. Se trata de una idea para fortalecer el Estado, dinamizar el gasto público, proteger el empleo y apoyar a las empresas.

“El nuevo modelo de desarrollo debe fortalecer la industria nacional, la agroindustria, la agricultura de pan coger, la pequeña y mediana empresa, la infraestructura, el sector turismo, los sectores de salud, educación, la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en general y la biotecnología en particular, porque estos sectores jalonan y hacen sostenible al resto de la economía”, explican.

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La nueva política macroeconómica que proponen debe tener nuevos paradigmas, en los que se debe diferenciar el equilibrio en las finanzas públicas al equilibrio en las finanzas de un hogar. Por eso, aclara, se requieren fuertes políticas redistributivas y que se establezcan políticas que eviten la concentración de la propiedad, el ingreso, el poder y los riesgos.

Para los expertos es fundamental las políticas de empleo público y de Renta Básica Universal, acordes con las capacidades del desarrollo colombiano y su sector real; las políticas monetaria y fiscal deben apuntarle a una sociedad inclusiva, y no sólo a los criterios de las calificadoras internacionales de riesgo.

“Concertar un nuevo pacto fiscal para la financiación del Estado. Se deben distinguir políticas de corto, de mediano y de largo plazo. En la crisis fiscal actual deben tener prioridad los subsidios y los apoyos a la población en situación de pobreza extrema, así como las ayudas a empresas para preservar y expandir el empleo. Su financiación no debe afectar al 42.5% de los colombianos que se encuentran hoy en situación de pobreza y no requiere privatizaciones ni venta de activos del Estado”, advierten.

Otras de las propuestas son garantizar el derecho a la salud y la educación, contar con un futuro creíble para los jóvenes y crear una política nacional de ordenamiento del territorio, entre otras.

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