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Con o sin tributaria, ¿qué plan b tiene Colombia?

La tributaria 3.0 de Iván Duque no tuvo su mejor arranque, 15 días duró radicada en el Congreso y a inicios de mayo se retiró, el tiempo avanza y la incertidumbre también. Llegar a consensos parece ser la luz al final de un túnel que ha estado excavando la crisis. Con o sin reforma, ¿qué plan b hay?

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Foto: Diana Rey Melo / Forbes Colombia

Tras aplazarse varios días, el 15 de abril el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso la que sería la tercera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, con pocas voces defendiéndola y con muchas en contra se fue construyendo una bola de nieve que hizo que el 2 de mayo el presidente anunciara que la retiraría del Legislativo y ordenara la construcción de un nuevo texto, esta vez, basado en consensos.

Más se demoró el presidente en anunciar la decisión que los inversionistas en acumular incertidumbre e ir poco a poco descontando la posible pérdida del grado de inversión del país -ese mismo que se perdió en agosto de 1999 y tomó más de 10 años recuperar-, el 3 de mayo el dólar fue la voz de los inversores, rompió la barrera de los $3.800 por primera vez en el año y llevó al peso colombiano al primer puesto de las monedas más devaluadas del mundo en lo corrido de 2021.

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Un año después de grandes momentos de incertidumbre por los primeros meses de pandemia en el mundo, el segundo trimestre de 2021 volvió a llenarse de ello -esta vez- en el ámbito fiscal y social en Colombia. En medio de manifestaciones se reescribe la reforma que mínimo, debería recaudar $15 billones para no desproteger a los más vulnerables y dar mensajes de confianza a los inversionistas.

Hasta ahora solo se conocen ‘puntadas’ del nuevo texto y no hay mayor información de los consensos alcanzados en el Congreso, con los empresarios y la sociedad civil sobre la tributaria, por esto, Forbes consultó a distintos expertos para conocer en el peor de los casos (sin reforma) o en uno más moderado (con reforma temporal), cómo podría financiarse la nación para contener la pobreza que ya alcanza a 21 millones de personas y que la deuda (que ronda el 65 % del PIB) no sea un problema más grande del histórico actual.

Con reforma

Mauricio Olivera, director de Econometría, recordó que hay tres maneras de obtener ingresos: impuestos, deuda o vender activos estatales, una cuarta puede ser reducción de gastos. Centrándose en la necesidad de contener la pobreza, dijo que es importante el gasto público, pero no se quedó allí, “hay que hacer muchas más reformas. No solo la tributaria, ni más ingresos van a parar la pobreza, se necesita un Estado más eficiente, un mercado laboral más eficiente, otra serie de cosas”.

Refiriéndose a estimaciones de la Andi o del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el experto resaltó que se habla de un recaudo de $14 billones y agregó la importancia de pensar bien la reforma para ver de dónde vienen los recursos, además, dijo que el texto debe ajustarse a la regla fiscal -suspendida entre 2020 y 2021 por la crisis- para dar una señal de confianza a los mercados.

“Las salidas que habría en este escenario mientras se hace una tributaria, posiblemente con un nuevo gobierno en 2022, es o aumentar la deuda o vender más activos porque contablemente no hay otra forma, obviamente ajustar los gastos, pero creo que en el corto plazo es muy complejo”.

Mauricio Olivera, director de econometría.

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Para Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, una reforma moderada va a apuntar a un recaudo entre 1 % y 1,5 % del PIB ($10 o $15 billones), en general las calificadoras quieren ver una reforma entre 0,8 % y 1 % del PIB, dijo, “es el escenario base y creo que es lo que va a intentar el Gobierno”.

El grueso de los recursos dice Velandia, vendrán de las propuestas que se han conocido: sobretasa de renta a empresas por unos años, sobretasa al sector financiero, impuesto al patrimonio, aumento en impuesto a los dividendos y austeridad.

“El peor escenario para la pobreza y la economía es que no haya reforma tributaria”, pero con la reforma que se planteaba inicialmente -con medidas temporales- el Gobierno lo que está haciendo es posponer la discusión de una iniciativa más estructural, que en dos años pondrá a hablar al país de nuevo y como suele ser usual, de otra tributaria, rescató Velandia al agregar que “necesitamos algo así como más de 2 % del PIB ($20 billones) en el agregado para estabilizar la deuda en los próximos 2-3 años”.

María Fernanda Valdés, PhD en economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, aseguró que con la caída de la ley de ‘Solidaridad Sostenible’ la opción b es una reforma más progresiva que enfoque su recaudo en recortar beneficios tributarios y en los grupos de mayor ingreso, de tal forma que no afecte el consumo de la clase media y se reactive la economía.

Valdés añadió que “una reforma como esta recaudaría menos, posiblemente unos $15 billones, de los cuales se podrían dedicar, como en la propuesta inicial, unos $6,6 billones a programas sociales y los restantes $8,4 billones podrían usarse para la estabilidad fiscal, lo que podría ser suficiente”.

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El equipo de investigaciones económicas de Anif resaltó que si en realidad se quiere reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad del ingreso hay que hacer un esfuerzo por empezar a reconocer la necesidad de la reforma y “la importancia de dar una discusión seria, democrática y pausada acerca de las mejores propuestas y alternativas en pro de un mayor recaudo y la progresividad del gasto público”.

Los expertos de Anif agregaron que lo que se termine recaudando con la nueva reforma, algo cercano a 1 % del PIB, terminará sirviendo para cubrir los nuevos programas sociales en el corto plazo y pagar una parte del incremento de la deuda que ya ronda el 65 % del PIB. Las medidas transitorias planteadas en los primeros detalles de la nueva reforma, sumado a posible venta de activos estatales, se convierten en ingresos no recurrentes que no resuelven problemas de mediano y largo plazo de los ingresos del país, explicaron.

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, una reforma de $13 o $14 billones sería suficiente para dar un parte de tranquilidad a las calificadoras de riesgo e inversionistas, pues se haría un esfuerzo importante para aclarar el panorama fiscal que sigue siendo complicado en la coyuntura. Los pilares de la propuesta del centro de pensamientos son tres: (i) aumento del recaudo vía empresas y personas, (ii) recorte del gasto público y (iii) medidas de antievasión y antielusión.

A lo dicho hasta ahora, vale agregar los comentarios de Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión y Natalia Galvis, consultora en política social, ambos expertos en temas de pobreza, quienes comentaron a Forbes que más allá de las ayudas que brindan los programas sociales del Estado a la población vulnerable -que son importantes-, para mitigar la pobreza en Colombia se debe recuperar el potencial productivo de los territorios, debe haber más y mejor empleo y vacunación masiva.

“Los pilares de la propuesta del centro de pensamientos son tres: (i) aumento del recaudo vía empresas y personas, (ii) recorte del gasto público y (iii) medidas de antievasión y antielusión”.

Luis Fernando Mejía, director de fedesarrollo.

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En palabras de Angulo, en la nueva tributaria se requieren mínimo $4 billones para programas sociales y contener la pobreza en 2,8 puntos porcentuales (1,3 millones de personas) quienes están en riesgo de entrar a este grupo de la población si no se consiguen los recursos suficientes para financiar las ayudas.

El panorama sin reforma

Este es el escenario más complicado que tendría que enfrentar el país. Solo para poner un ejemplo, para este año se esperan ingresos totales por $173 billones, mientras que los gastos son de $267,7 billones lo que generan un faltante de casi $95 billones, según Minhacienda. Bajo este panorama, al que se le suma la alta deuda del país, el Gobierno, las calificadoras y distintos sectores apelan a la necesidad de una tributaria que por la coyuntura política y social no sería estructural, sino temporal.

¿Cómo se financiaría el país en este escenario para evitar que más personas caigan en pobreza y la deuda se vuelva impagable? Los expertos compartieron sus puntos, deseando que ello no suceda.
Para Olivera, las salidas que habría en este escenario mientras se hace una tributaria, posiblemente con un nuevo gobierno en 2022, es o aumentar la deuda o vender más activos “porque contablemente no hay otra forma, obviamente ajustar los gastos, pero creo que en el corto plazo es muy complejo”.

Velandia, de Credicorp Capital, dice que la situación se complicaría mucho. En dado caso de que el Gobierno dijera que la reforma ya no va, “pero tenemos que seguir gastando para evitar una crisis social mayor y contracción de la economía tocaría salir a financiarse pero el crédito va a ser mucho más costoso (por la pérdida del grado de inversión)”.

Ello traería salida de flujos de inversión, un dólar más caro, mayor inflación, intereses más altos, “la economía entraría en una espiral bastante negativa (…) El único escenario para estabilizar la deuda sin reforma es una contracción gigante del gasto público que al final metería a la economía en recesión y llevaría a niveles de pobreza muchos más altos de los que estamos hablando”, planteó Velandia al advertir que “sin reforma, podríamos llegar al 80 % del PIB de deuda hacia 2025”.

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Por su parte, Valdés dijo que no avanzar hacia una reforma que aumente el recaudo sería entrar en una senda muy peligrosa en donde se estaría poniendo en riesgo la recuperación del país, “puede que el Gobierno desesperado busque opciones de enajenación de activos, que sería correspondiente a vender la nevera para pagar el mercado, esto no generaría ingresos a largo plazo” y comprometería la sostenibilidad económica y social del país.

Por último, Mejía de Fedesarrollo, dijo que el plan b sin reforma sería muy malo para el país, además de los efectos por la pérdida del grado de inversión, implicaría que la reforma se haga el próximo año y sería aún más costosa en el sentido de que habrá mayores necesidades de recursos y la deuda sería más cara. Todo ello derivaría además en un impacto negativo en términos de crecimiento económico y empleo. Colombia retrocedería.

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