Son varios los rostros los que han desnudado la crisis que atraviesa la industria textil en Colombia. A decenas de empresarios les ha tocado cerrar de manera definitiva en los últimos meses y a un puñado de madres cabezas de familia buscar nuevas oportunidades. Donde antes se veían retazos, alfileres, máquinas de coser, hilos y muestras, hoy son bodegas vacías y en arriendo, que muestran los estragos de la pandemia y la difícil situación del sector.

Varias compañías se han reinventado, volcando su producción a atender el sector salud o las nuevas tendencias del mercado. Otras, por el contrario, no han podido sostener la operación ni tejer un nuevo camino. De fondo, las cifras son claras y muestran una dura realidad: más de 120.000 empleos perdidos en el último año, un poco más de 6.000 pymes en quiebra, una caída de 22.3 % en la producción y unas ventas, que, muy en línea con todos los sectores económicos, se han hundido hasta registrar un -18.6 %.

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La pandemia, tal y como advierten los empresarios, es tan solo la punta del iceberg de toda esta situación. De ahí para abajo están una suma de factores que han puesto al sector a ‘pender de un hilo’ y a exigirle al Gobierno Nacional nuevas medidas que les permita ser más competitivos. Se trata de problemas de vieja data como el contrabando, el lavado de activos, la competencia desleal y la estructura de costos, que no permite que el empresariado colombiano tenga los mismos márgenes que en los países asiáticos.

La Cámara Colombiana de la Confección y Afines ha estado al frente de esta situación durante los últimos años y ha puesto sobre el tapete la discusión. Argumentando que están en riesgo más de 1,6 millones de empleos y alrededor de 70.000 compañías que están constituidas legalmente, Camilo Rodríguez, presidente del gremio, explica que hoy la lectura es crítica, pues solo en 2020 se dio una caída de 24,3 % en la generación de nuevos puestos de trabajo.

“Es una leve radiografía del sector, donde se nota una latente crisis, fruto de una masiva importación de minutos de mano de obra en prendas, contrabando rampante y una excesiva carga impositiva”, explica Rodríguez, en diálogo con Forbes. “Con nuestro costo país, aranceles a materias primas como los hilos, fuera de la mala infraestructura, Colombia está en desventaja”.

Uno de los líos que se ha agudizado radica en las importaciones y la competencia desleal que se ha tejido en las grandes adenas de suministro de esta industria. Gran parte de las prendas de vestir que se consumen en Colombia llegan de países asiáticos como Bangladesh, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar y China. En estos destinos, el brazo del Estado interviene con incentivos al pago de servicios públicos, beneficios al exportador y créditos subsidiados, lo que permite cuadrar costos y ofrecer un producto a bajo precio, muy por debajo al que se produce en el país.

A esto se suma, incluso, un componente adicional que no permite cuadrar la estructura de costos: mientras en Bangladesh, por ejemplo, se paga alrededor de US$50 al mes por jornadas laborales de ocho horas diarias, en Colombia el salario mensual es de US$400 por el mismo periodo de trabajo. “Son salarios de hambre seis veces más baratos”, advierte Rodríguez, quien añade que esta diferencia constituye un dumping laboral, que no permite competir bajo las mismas condiciones de mercado.

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“Con nuestro costo país, aranceles a materias primas como los hilos, fuera de la mala infraestructura, Colombia está en desventaja”.

Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines.

Para el gerente general de Patprimo, Guillermo Criado, las reglas de juego de algunos países orientales y africanos van en línea con el desarrollo industrial del sector. Con las tasas de interés a los créditos, el valor del kilovatio hora y la mano de obra barata, una sola prenda cuesta hasta 6.000 pesos menos en China, que en Colombia. Esto sin duda pone en desventaja a los empresarios locales, que no han logrado soportar estos costos.

“Pedimos que se busquen instrumentos arancelarios, que permitan equilibrar la cancha de juego”, dice Criado, y agrega: “El sector está pidiéndole al Gobierno que haga unas normas que cuiden la industria nacional y los empleos. Es decir, generar condiciones para que la industria nacional no sea afectada por la importación de estos países”.

Pero este flagelo no es el único que afronta el empresariado. Hoy, una de cada tres prendas que se venden en el mercado nacional son de contrabando, lo que en cifras gruesas serían alrededor de $690.000 millones, según cifras de Inexmoda. Esto no solo se da por la evasión de impuestos, sino además porque se establecen empresas de papel, que importan productos a precios irrisorios a través de subfacturación. Es decir, para pagar menos aranceles al ingresar las prendas al país.

La entrada de todo este tipo de productos ha ampliado el déficit comercial del sector, agravando la sostenibilidad empresarial, advierte Criado y Rodríguez. ¿La razón? Mientras en 2020 se importaron US$1.684 millones, solo se exportaron tan solo US$512 millones. “Generamos tres veces más empleo en Asia que en nuestro país y así es muy difícil sostener la operación”, dice el presidente del gremio.

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Pese a la fortaleza operativa y financiera, la crisis al parecer también le toca las puertas a las pequeñas y a las grandes. Una muestra de esto es que, si bien Fabricato y Coltejer solo están en el negocio de producción de tela y no las confecciones, han mostrado resultados muy en línea con la dinámica del sector. En 2020, por ejemplo, Coltejer registró pérdidas por $94.000 millones, mientras Fabricato por $82.391 millones.

Gustavo Lenis, presidente de Fabricato, le explica a Forbes que la mayor afectación se da en el sector de confecciones. “Es imposible igualar los gastos inherentes a la operación, pues los salarios con prestaciones sociales son más altos en Colombia, que en India y China. El lío radica en la fábrica, pues es un problema de costos, que debe ser revisado con nuevos aranceles”, señala el directivo de la compañía nacional.

El dilema

El Gobierno Nacional es consciente de la situación y ha trabajado en ejes estratégicos que permitan equilibrar la cancha y dar un respiro a los empresarios. Estas decisiones, que se han tomado desde el despacho del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, incluso antes de la pandemia, han sido bien vistas por algunos, pero rechazadas por otros. Todo esto viene, de hecho, desde el Plan Nacional de Desarrollo cuando se incluyeron los aranceles en los artículos 274 y 275 en el Decreto 1419.

La norma establecía un aumento del 15 % al 37,9 % para las importaciones de prendas cuando su precio fuera inferior o igual a US$20 por kilo. De ahí para arriba, el impuesto sería del 10 %, que representaba más de US$3 por kilo. Aunque en su momento fue una decisión celebrada, generó polémica en algunos sectores y fue demandada. Así, a dos meses de iniciar la pandemia, la Corte Constitucional declaró inexequibles estos impuestos al argumentar que solo el presidente podía eliminarlos y no el Congreso, pues así había quedado en la norma.

A lo largo de esta pandemia, el Gobierno se sentó de nuevo con varios actores del sector privado y público. En medio del declive en ventas, a causa del coronavirus, se organizaron y estructuraron nuevas propuestas para tejer la recuperación del sector. José Manuel Restrepo, ministro de Industria cuando se hizo esta historia, le explica a Forbes que se concretó una estrategia de varios puntos que permitirá el desarrollo del sector. “Hay una agenda de trabajo que incluye temas de compras públicas, acceso y elementos de protección, promoción de exportaciones, fábricas de productividad e internacionalización”, dice el alto funcionario.

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El Gobierno construyó de nuevo unos aranceles y hace unos días publicó finalmente la norma. Se trata del Decreto 414, que establece un arancel del 40 % ad valorem a las importaciones de confecciones cuando el precio declarado sea inferior o igual a US$10 por kilo. Además, fija un arancel del 15 % ad valorem más US$1.5 por kilo. Restrepo explica que son el resultado de las recomendaciones del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A), y están en línea con las acciones de protección nacional que se han tomado en América Latina.

“Es imposible igualar los gastos inherentes a la operación, pues los salarios con prestaciones sociales son más altos en Colombia, que en India y China”

Gustavo Lenis, presidente de Fabricato.

“En Comercio exterior éramos conscientes de modificar la estructura arancelaria. Este es un sector muy golpeado por la pandemia y genera mucho empleo: el 70 % es empleo femenino, madres cabezas de familia (…) Este Decreto retoma 40 % de arancel para controlar las importaciones que llegan con precios irrisoriamente bajos”, le dice el ministro a esta revista. “También tomamos un arancel mixto, que tiene el objetivo de frenar el contrabando técnico. Busca ser una protección, pues no afecta las importaciones, respeta los acuerdos internacionales y busca equilibrar nuestra estructura arancelaria con la de América Latina”.

A pesar de que el Gobierno alega que la decisión permitirá recuperar la senda de crecimiento del sector, hay voces a favor y en contra de la iniciativa. Rodríguez, de la Cámara de Confecciones, cree que es un Decreto que va en el sentido correcto, pero sigue siendo insuficiente. El dilema al que se enfrentan, cuenta el directivo, es que “hoy la industria necesita una serie de medidas integrales, que le permitan ser un gran motor en la recuperación de empleos”. Es el primer paso, pero no la solución.

En la otra orilla de la discusión están los comerciantes, bajo el amparo de Fenalco. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, explica que de fondo lo que genera este Decreto es que se eleven excesivamente los aranceles, por lo que se podría dar en un impacto de precios en el consumidor final. De acuerdo con los cálculos de Fenalco, se afectan a los diferentes eslabones de la cadena y a los millones de consumidores colombianos, especialmente de bajos ingresos, que van a tener un incremento de aproximadamente 25 % en el costo del vestuario, el cuarto rubro con mayor peso en la canasta familiar.

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“Esta afectación se suma al detrimento de los inversionistas, nacionales y extranjeros, los cuales vinieron a Colombia en busca de la necesaria estabilidad jurídica pero que ha sido permanentemente quebrantada en los últimos años”, advierte Cabal.

Restrepo cree que es una decisión apropiada que dará un respiro total a la industria y niega que se eleven los costos de las prendas en Colombia, tal y como lo denuncia Fenalco. “En el análisis técnico que se ha hecho, creemos que no hay tal. La primera razón es que modelos como este se han aplicado en Colombia y no tuvo ningún impacto en precios. ¿Por qué razón? Porque lo que esto genera es una sustitución por la producción nacional”, explica el ministro.

Y agrega: “Aquellos que quieran demandar importaciones,para eso tienen los TLC o los Planes Vallejo, para que puedan tener producción nacional, con insumos al 0 % arancel”. En América Latina varios países han implementado medidas arancelarias permitidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC): Brasil tiene un 40 %, mientras México, por ejemplo, un 30 %. El órgano mundial argumenta que la experiencia muestra que estas acciones sí generan un impacto positivo en la industria local. No obstante, se siguen requiriendo medidas adicionales que permitan reducir la estructura de costos a la que se enfrentan los empresarios.

“Éramos conscientes de modificar la estructura arancelaria. Este es un sector muy golpeado por la pandemia y genera mucho empleo: el 70 % es empleo femenino, madres cabezas de familia (…) EL Decreto retoma 40 % de arancel para controlar las importaciones que llegan con precios irrisoriamente bajos”.

José Manuel Restrepo, exministro de Industria.

Las salidas

La industria coincide que la solución no es solo un Decreto que aumenta los aranceles, sino una reforma total que brinde también incentivos para importar materia prima como hilos con 0 % de arancel. Criado, de Patprimo, sostiene que se debería promover un IVA diferencial para el sector, que permita aumentar competitividad y dinamizar el consumo.

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Estos planes tienen que ir en línea con la formalización de la industria y con una agresiva estrategia de internacionalización y exportación, tal y como la está ejecutando el Ministerio de Industria y Comercio. “Tenemos que exportar mucho más. La calidad de nuestros textiles y diseñadores es reconocida y contamos con talento y competencias necesarias”, dice Rodríguez. “El objetivo es recuperar el mercado nacional y venderles a los 950 millones de habitantes del continente americano”.

El ministro agrega que ya se trabaja en las llamadas Fábricas de Internacionalización para impulsar las ventas al exterior y el posicionamiento de esta industria en el mundo. Hay retos, sí, dicen los empresarios, pero lo que se busca de fondo es cerrar el amplio déficit comercial en el que está sumido la industria. “En la medida que se va recuperando el ritmo, vemos cómo se pueden gestar nuevos negocios. No es fácil por la problemática que tuvimos en el 2020 (pandemia), pero seguro ayudará a la industria”, argumenta el presidente de Fabricato.

A estas salidas también hay otra gran batalla que se debe ganar: el comercio ilegal. Desde la Cámara de Confecciones, agregan que “generando mayores controles aduaneros y apoyando a la Polfa con mayor pie de fuerza y tecnología”, se podría frenar este flagelo, en medio del nuevo proceso de construcción que se empieza a tejer.

Al final, tal y como le explicó a Forbes el presidente de Inexmoda, Carlos Botero, es una industria resiliente, que se sigue adaptando al cambio, a las nuevas tendencias y al desarrollo de los nuevos canales digitales. “Somos capaces de competir con cualquier producto importado, siempre y cuando llegue en condiciones de legalidad”, dice el directivo, quien concluye: “Hay un terreno ganado, con unos aprendizajes importantes y con retos por sacar adelante. Somos optimistas para lo que viene, pues vemos que ya se están recuperando los consumos de diversificar el portafolio para ser más competitivos”.