Marta Lucía Ramírez dijo que todas las visitas internacionales son bienvenidas, pero primero se debe dejar que los entes de control nacionales avancen en las investigaciones.
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo este lunes al término de una reunión con la OEA en EE. UU. que las visitas internacionales son bienvenidas en el país, pero hay que esperar a que las autoridades nacionales avancen en las investigaciones sobre violencia en las protestas.
Lo anterior lo dijo luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OEA solicitaran enviar misiones a Colombia para que verifiquen la situación que enfrenta el país en medio de las protestas que iniciaron el 28 de abril.
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Puntualmente, Ramírez dijo: “tenemos la solicitud de la CIDH y del propio secretario Almagro. Hemos dicho que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría) terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”.
Sin embargo, la funcionaria explicó que en las próximas semanas se estarían llevando a cabo las respectivas labores para que tanto la OEA como la CIDH puedan realizar sus visitas al país.
Tras la salida de la reunión de la vicepresidenta y canciller en Washington, varios colombianos criticaron que Colombia no aceptara la visita de la CIDH, comparando al gobierno colombiano con el de Nicolás Maduro en Venezuela quien impidió la visita de la Comisión a inicios de 2020.
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Para la vicepresidenta las visitas de este tipo de organizaciones deberían realizarse solo cuando los entes de control nacionales no estén cumpliendo su deber, y ese no sería el caso colombiano. “Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, todos han establecido un equipo de trabajo para asegurar que no haya un sólo caso de violación de derechos”, dijo.
Hay que recordar que en días pasados la CIDH le solicitó al Gobierno que le permitiera “realizar una visita de trabajo a su ilustre país para verificar la situación de derechos humanos en el marco de hechos de violencia sucedidas durante las protestas iniciadas del 28 de abril”.