En un nuevo intercambio de mensajes en Twitter, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro generaron debate, luego de que la mandataria cuestionara al político por su postura frente al contexto político y social que vive el país.

El mensaje que inició la discordia fue uno en el que López lo acusó de promover el caos y rebelión en el país. “Atravesamos la peor crisis de nuestra historia. Para capitalizarla electoralmente la extrema izquierda y su candidato promueve caos y rebelión y la derecha responde con reprensión. Escucha, cambio, cuidado y soluciones es lo que quieren y trabajamos para ofrecer a los ciudadanos“, escribió López.

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A ese mensaje, el senador de la Colombia Humana respondió con que está de acuerdo con buscar un pacto político, pero le pidió a López no sacar el Esmad a las calles en las manifestaciones. “Estoy de acuerdo con hacer un pacto de convivencia en Bogotá. Propongo para ello dos puntos: Que usted, Claudia dé la orden pública de no sacar el Esmad en las movilizaciones 2. Que el dinero para construir troncales de TransMilenio vaya para sedes públicas de educación superior”, replicó.

Ante esto, la alcaldesa contestó: “Recapacite Gustavo. Su apuesta de radicalización, confrontación y caos tal vez le asegure likes, dudo que le garantice la Presidencia”.

Además, este martes en diálogo con RCN radio, López enfatizó en que deben parar las protestas, que dejaron esta semana a otro joven muerto en Bogotá. Y concluyó refiriéndose de nuevo a la postura de Petro.

“Yo si le quiero hacer un llamado a Gustavo Petro a que por favor no incendie más a Colombia y que por favor no mande más a los jóvenes como carne de cañón, es que los radicalizan y les dan elementos para que vayan a confrontarse con la Policía. Convocan a que se diferencien del Comité de Paro, que nunca negocien y que no acepten una concertación”, afirmó.

La controvertida ley, que afecta especialmente al movimiento del encarcelado líder opositor Alexéi Navalni, fue aprobada unánimemente esta semana por el Senado y la pasada por la Duma o Cámara Baja.

Los fundadores y responsables de esas organizaciones “extremistas o terroristas” no podrán ser elegidos durante cinco años desde la entrada en vigor del fallo judicial sobre la liquidación o prohibición de esas estructuras, plazo que en el caso de los empleados y miembros será de tres años.

Además, la medida es retroactiva, motivo por lo que fue rechazada en la Duma por la oposición comunista y fue considerada “anticonstitucional” por los partidarios de Navalni.

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“En Rusia se ha adoptado una ley que reconoce como cómplices de extremismo todos aquellos que estén vinculados, de alguna forma, con Navalni. Esta ley apesta a fascismo”, dijo en Twitter Iliá Yashin, aliado del líder opositor. 

Serán vetados los que ejercieron un cargo de responsabilidad en organizaciones declaradas extremistas por un juez tres años antes del fallo y los miembros, un año antes.

Un “me gusta” puede ser motivo de rechazo de candidatura

También pueden ser vetados aquellos que apoyen esas organizaciones, ya sea mediante donaciones, asesoramientos o declaraciones de respaldo en Internet. Un simple “me gusta” en las redes sociales puede ser motivo de rechazo de la candidatura.

Según los colaboradores de Navalni, la ley podría afectar a más de 200.000 personas que trabajaron o colaboraron con sus organizaciones.

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El 9 de junio comienza el juicio que podría declarar extremistas las organizaciones sin ánimo de lucro fundadas por Navalni: Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG) y la red de oficinas del movimiento del líder opositor.

Sin embargo, la norma no se aplicará a las elecciones que ya hayan sido convocadas antes de su entrada en vigor. Es decir, no afectará a las legislativas de septiembre.

La oposición ha acusado al Kremlin de lanzar una campaña de “persecución judicial” y “purga política” de cara a las elecciones a la Duma, que comenzó con el envenenamiento de Navalni en agosto de 2020.

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Esta semana fueron detenidos dos conocidos opositores, entre ellos Dmitri Gudkov, que planeaba presentar su candidatura como cabeza de lista del partido liberal Yábloko, aunque fue liberado anoche sin cargos tras 48 horas en prisión.

Pese a las acusaciones de corrupción y abuso de poder, Putin apoyó esta semana al partido del Kremlin, Rusia Unida, por su aportación “productiva” al desarrollo social y económico del país, y por poner “en el primer plano los intereses de la gente”.

Según los sondeos, la intención de voto de Rusia Unida está por debajo del 30 % en Rusia y ronda el 15 % en Moscú, donde Navalni cuenta con muchos partidarios, a poco más de tres meses de las elecciones legislativas de septiembre.

DW

En entrevista el diario El Mundo, el expresidente, Álvaro Uribe, se refirió a la situación que enfrenta el país en medio de protestas que ya completaron un mes, entre otras cosas, dijo que al Gobierno le ha faltado autoridad.

“La tiene que fortalecer”, mencionó en la entrevista al agregar que la justicia debe avanzar para judicializar a los “vándalos” y enviarlos a la cárcel. Además, debe haber medidas concretas para atender las demandas sociales del país, entre esas, combatir la pobreza.

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Respecto al tiempo que se ha prolongado el paro, Uribe dijo que este se ha extendido debido a la inconformidad social que existe dado el problema social que hay en el país y por “una reforma tributaria equivocada, que mi partido pidió retirar”

El expresidente y líder del partido político del Gobierno Nacional manifestó que tiene temor frente al resultado de las próximas elecciones presidenciales porque aunque no necesariamente habría “una ola de expropiaciones como Chávez”, sí habría “una de regulaciones que haga inoperante la empresa privada”.

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En una entrevista con Univisión, el líder de la oposición, Gustavo Petro, acusó al presidente, Iván Duque, de prolongar el paro nacional para beneficiarse de este.

“La violencia la provoca el presidente de la República para construir divisiones en la sociedad entre las clases medias que sienten la zozobra diaria de vivir en Colombia con los sectores populares para producir una derechización de la sociedad y para intentar, a través de eso, sacar ventaja electoral o impedir las elecciones”, resaltó Petro.

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De acuerdo con el senador, el Gobierno Nacional ha construido toda una estrategia en el marco de las movilizaciones que enfrenta el país. “Esa estrategia consiste en aumentar la violencia y en prorrogar el paro. Entonces no somos nosotros los incendiarios, quien está incendiando el país es el presidente de la República”.

Respecto a las denuncias sobre excesos de la fuerza pública en el paro nacional, Petro dijo que Iván Duque no está garantizando una investigación independiente.

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En línea con lo anterior, expresó que “los órganos de control, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, todos esos órganos están dirigidos incluso por compañeros del colegio de Iván Duque. Es decir, el Gobierno en este momento controla su propio control democrático, no hay forma de una investigación independiente”.

Por otro lado, solicitó que no se estigmatice a las personas que salen a manifestarse en las calles contra las políticas del Gobierno Nacional. “Señalar a la juventud colombiana, a la juventud popular y pobre de Colombia de ser terroristas, que es lo que están diciendo, es lo que ha llevado a que los maten y es una versión absolutamente falsa que no corresponde a la realidad”.

#JaniotPM – Gustavo Petro se defiende acusando a Iván Duque de promover el caos y prolongar el paro nacional https://t.co/TAjkUnCwZW

— Univision Noticias (@UniNoticias) May 27, 2021

Son tiempos turbulentos en Colombia. Los ciudadanos llevan más de tres semanas protestando en todo el país, inicialmente en respuesta a una propuesta de aumento de impuestos. Se han denunciado palizas y asesinatos de manifestantes por parte de la fuerza pública, y algunos manifestantes han atacado a miembros de la propia policía. Desde el inicio de las protestas han muerto 58 personas, 19 de ellas relacionadas con las manifestaciones (un policía y 18 manifestantes o transeúntes), según Human Rights Watch. El resto de las muertes aún están siendo revisadas.

En una entrevista la semana pasada, el presidente Iván Duque dijo a Forbes que apoya las protestas pacíficas y que los asesinatos cometidos por la policía están siendo investigados. “Si hay alguna conducta de un miembro de la fuerza pública que vaya más allá de la ley, no sólo expresamos nuestra condena, sino que [también] queremos que haya investigaciones y sanciones rápidas”, dijo Duque. Sin embargo, pareció indicar que, en su opinión, las acciones de la policía pudieron estar justificadas, al decir que los 14 casos de muertes o golpes que investiga la Fiscalía “presumiblemente están asociados a niveles de confrontación en escenas violentas donde hubo vandalismo”.

El presidente sí admitió que puede haber actuaciones incorrectas por parte de la policía. “La policía anualmente realiza más de 30 millones de procedimientos policiales“, dijo Duque. “¿Hay casos de abuso dentro de 30 millones de procedimientos policiales? Sí, los hay; puede que los haya“.

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Otros describen la situación en términos mucho más crudos. “Cientos de miles de personas han sido asesinadas en circunstancias horrendas en Colombia en el pasado, pero nunca he visto un escenario como el que se está desarrollando hoy“, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. “Tienes manifestaciones masivas enfrentadas a altos niveles de brutalidad policial en todo el país”.

El senador Patrick Leahy (demócrata de Vermont), que lleva mucho tiempo hablando de derechos humanos, tuiteó el viernes 21 de mayo: “La gente tiene derecho a protestar pacíficamente. Los disparos y los abusos de la policía colombiana deben terminar. La violencia de algunos manifestantes y los bloqueos de carreteras que limitan el acceso a los alimentos y la capacidad de trabajo de la gente también deben terminar, pero no son excusa para la brutalidad policial”.

People have a right to peacefully protest. Shootings and abuses by the Colombian police must end. Violence by some protesters and road blockades that limit access to food and people’s ability to work must also end, but these are no excuse for police brutality.

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) May 21, 2021

El 14 de mayo, 55 miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta al Secretario de Estado Antony Blinken, instándole a denunciar la violencia en Colombia, congelar la venta de armas al país y fomentar el diálogo. Hasta ahora, ni Blinken ni el presidente Joe Biden han hecho una declaración pública sobre la situación en Colombia. El 4 de mayo, el Departamento de Estado de EE.UU. sí emitió un comunicado en el que enviaba sus condolencias a las familias de los fallecidos e “instaba a la máxima moderación de las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas”.

En respuesta a las manifestaciones, el presidente Duque retiró la propuesta fiscal que había presentado a mediados de abril, que habría aumentado los impuestos a las empresas y a los particulares e incrementado el número de artículos sujetos al IVA, lo que habría afectado a la clase media.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también dimitió; Duque lo sustituyó por su ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, pero muchos colombianos siguen molestos por cuestiones como el aumento del desempleo y la desigualdad económica. La economía del país se contrajo un 6,8% en 2020 y la tasa de pobreza aumentó a 42% de la población como consecuencia de la pandemia, frente al 37%, según el presidente, que dijo que la mayor parte del aumento se produjo en las zonas urbanas.

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Sin embargo, Duque derrochó optimismo, alabando el crecimiento económico del 1,1% en el primer trimestre de 2021 y citando las predicciones de que la economía colombiana crecerá más del 5% este año. “Porque hay dinamismo”, dijo.

Duque lanzó su crítica más dura a los manifestantes que bloquean las carreteras. “Condenamos los bloqueos, porque sólo buscan sabotear la recuperación económica”, dijo. “Sí, usaremos la fuerza, de manera proporcional, de acuerdo con los derechos humanos, pero no podemos ver ciudades que no reciben alimentos o que no reciben combustible o que no reciben vacunas o que no reciben suministros médicos”.

Duque, de 44 años, fue elegido en 2018 por el partido Centro Democrático, creado por su mentor, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Duque había pasado una docena de años como uno de los representantes de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. y se desempeñó como senador en Colombia antes de postularse a la presidencia. Su popularidad ha disminuido, cayendo a un 32% de aprobación en una encuesta realizada a finales de abril, frente al 43% que tenía antes de la pandemia. Su mandato de cuatro años finaliza en 2022, cuyos límites le impiden presentarse de nuevo.

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El presidente enumeró los programas que su gobierno está poniendo en marcha para aumentar el empleo, incluido uno dirigido a conseguir que el sector privado contrate a personas de entre 18 y 28 años, para lo cual el gobierno está subvencionando el 25% del salario mínimo, así como la gratuidad de las matrículas de las universidades públicas y la educación tecnológica para las familias de menores ingresos y la clase media. “Este es el programa de educación más ambicioso jamás visto en Colombia”, afirmó Duque. Pero ninguno de estos planes ha frenado las protestas.

La reforma tributaria propuesta en abril tenía como objetivo mejorar la situación fiscal del país, – con el fin de mantener la calificación de grado de inversión de la deuda pública. El 19 de mayo, S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana de Colombia a “basura”; otras dos firmas -Fitch y Moody’s- la han mantenido en grado de inversión.

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Duque reconoció que tanto la deuda como el déficit aumentaron durante la pandemia. (La deuda creció hasta el 65% del PIB, desde el 57% en 2019). “Estamos comprometidos (…) a tener una reducción del déficit y de la deuda en el mediano plazo”, dijo, al tiempo que trabajó en proveer una “red de seguridad social” para los colombianos. “Hemos tenido conversaciones con las agencias calificadoras y hemos dicho que vamos a trabajar en la eliminación de gastos innecesarios (…) y en la generación de ingresos a largo plazo”.

El nuevo ministro de Hacienda, Restrepo, dijo en una entrevista con Forbes que el gobierno está trabajando en la construcción de un consenso con miembros de la sociedad -políticos, académicos, empresarios y jóvenes- sobre un nuevo plan fiscal. “Este nuevo consenso se basa en ‘los que ganan más, pagan más’. Y no queremos tocar a la clase media”, dijo. “Porque, por supuesto, afectar a la clase media es un gran problema”.

Por: Kerry A. Dolan