La empresa advirtió que al no poder sacar carbón dejan de ingresar más de $4.000 millones por concepto de regalías e impuestos.

El freno en las operaciones del Cerrejón podrían poner en jaque las finanzas públicas de La Guajira. Así lo alertó la empresa, pues al no dejar sacar carbón dejan de ingresar al departamento más de $4.000 millones por concepto de regalías, impuestos locales y nacionales o pagos de parafiscales, entre otros rubros.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, por concepto de salarios, beneficios de los trabajadores y por los servicios prestados por contratistas, diariamente se dejan de entregar otros $3.000 millones adicionales.

“Los bloqueos ilegales nos afectan a todos. A los trabajadores y a las empresas contratistas que ven suspendidos sus contratos temporalmente, a las comunidades que no pueden recibir el agua que entregamos por el tren y al país y al departamento que pierden miles de millones de pesos”, dijo Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón. “Además, se está afectando la reputación de Cerrejón y Colombia como un proveedor confiable en el mercado internacional de carbón”.

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La presidenta agregó que “confían en que la intervención de las autoridades nos ayude a superar esta situación en el menor tiempo posible”. De hecho recordaron que un bloqueo en la línea férrea, que comenzó el pasado 5 de mayo, y otro en las instalaciones de Puerto Bolívar, que empezó el 20 de este mes, han provocado el desabastecimiento de combustible que ha llevado la parada de las operaciones mineras por fuerza mayor.

Los bloqueos se han dado por un grupo de extrabajadores, desvinculados el pasado mes de febrero, quienes acudieron a las vías de hecho para exigir su reintegro a la compañía o indemnizaciones adicionales a las ya recibidas. No obstante, Cerrejón advierte que han “estado abierta a diferentes instancias de acercamiento en las que se han propuesto espacios de escucha activa si se paraba el bloqueo, pero los extrabajadores las han rechazado”.

Es de resaltar que la empresa está en un proceso de transformación para adaptarse a la crisis del mercado mundial, agravada por el Covid-19 y la huelga de 91 días liderada por Sintracarbón el año pasado. Sin embargo, los bloqueos representan una amenaza adicional para la estabilidad de miles de empleos formales, así como para seguir ofreciendo beneficios a sus trabajadores, las familias, las comunidades.

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