La EPS Coomeva tiene embargos judiciales por $164.025 millones, lo que ha impactado de manera significativa la liquidez y la capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó este viernes la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Coomeva, con el objetivo de salvaguardar la adecuada atención de los cerca de 1.4 millones de afiliados que tienen en el país.
De acuerdo con la Superintendencia, la EPS Coomeva se encuentra bajo medida preventiva de vigilancia especial desde hace cuatro años y medio. Sin embargo, durante el monitoreo y seguimiento hecho a sus indicadores con corte a 31 de marzo de 2021 se refleja que los resultados obtenidos a la fecha son insuficientes para mitigar los riesgos operacionales.
“La EPS Coomeva no ha logrado disminuir sus obligaciones con la red de prestadores de servicios en los niveles proyectados en el Plan de Ajuste Financiero y, por el contrario, se observa un aumento exponencial de sus acreencias, generando incremento del riesgo de embargos con prestadores, condenas en contra, multas e intereses de mora y sobretodo en la prestación de servicios de salud de la población afiliada”, dijo el director de Medidas Especiales de la Superintendencia, Henri Philippe Capmartin.
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La EPS Coomeva tiene embargos judiciales por $164.025 millones, lo que ha impactado de manera significativa la liquidez y la capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones con la red de prestadores y proveedores de servicios de salud.
En este momento, según la entidad, cuenta con 1.382.357 afiliados ubicados en 102 ciudades o municipios de los siguientes territorios: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle.
Con esta medida de toma de posesión de la EPS, la Superintendencia añadió que “reafirma su decisión de proteger la vida y la salud de los colombianos, mediante la garantía a la prestación de los servicios con calidad y oportunidad y de la protección de los recursos para que lleguen a la red pública y privada”.
Con esta toma de posesión también se ordenó la remoción del actual representante legal y para su reemplazo designó a un agente especial, y una firma contralora que deberá realizar el seguimiento de la actual medida.