Los miembros de la CIDH han sostenido reuniones con el Gobierno, miembros de la Policía y la sociedad civil. Su visita se extenderá hasta el próximo 10 de junio.
Tras los encuentros entre el Gobierno Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, destacó que la reunión sirvió para garantizar el respeto a los derechos humanos en el país y asegurar que el Gobierno legitima la protesta pacífica y privilegia el diálogo, como vehículo para llegar a consensos democráticos.
“Enfatizamos en que el Gobierno protege la protesta pacífica. Vandalismo, bloqueos y afectación de infraestructura no hacen parte del derecho a protestar. En defensa de los derechos ciudadanos debe intervenir el ESMAD, de manera proporcional y respetando DDHH”, afirmó a través de su cuenta de Twiiter.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció tras la reunión que sostuvo con el Gobierno colombiano en la jornada de hoy para observar la situación de derechos humanos en medio de las protestas del paro nacional, y aseguró que la información recibida será analizada conforme a estándares internacionales y su autonomía.
Tanto la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, como los comisionados ejecutivos, Joel Hernández y Stuardo Ralón, y el equipo técnico de la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum, se encuentran en el país para hablar con miembros del Gobierno y escuchar testimonios, tanto presenciales como virtuales, sobre los hechos de violencia que se han registrado desde el pasado 28 de abril.
En este último apartado, la CIDH realizó visitas a Cali para reunirse con los alcaldes y concejales; Popayán, visitar las unidades de reacción inmediata y el Instituto de Medicina Legal; así como Tuluá, para acudir al Palacio de Justicia, que fue incendiado el pasado 25 de mayo.
Por su parte, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, destacó que es fundamental entender la contingencia social de Colombia para verificar la situación de derechos humanos. “Las manifestaciones de protesta pacífica se garantizan en la democracia. Los hechos de violencia afectan la convivencia y el orden. Los delitos se investigan según normatividad penal”, agregó.
La reunión entre el Gobierno y la CIDH también dio lugar para hablar de las afectaciones económicas que ha dejado el paro nacional tras más de un mes de protestas. Al respecto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó la afectación de los bloqueos en el costo de vida de los colombianos, especialmente en los sectores más vulnerables, y la pérdida de empleo, sobre todo en jóvenes y mujeres.