Los exmandatarios colombianos, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, firmaron la carta, que pide que se resuelvan las acusaciones contra los candidatos peruanos.
A través de una carta del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 17 expresidentes de Iberoamérica expresaron su desacuerdo en que se elija a un ganador en las elecciones presidenciales de Perú, y pidieron que dicha decisión se posterge hasta resolver las acusaciones que pesan sobre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
La carta, dada a conocer por el expresidente Andrés Pastrana en su cuenta de Twitter, muestra que los exmandatarios firmantes provienen de países como Colombia, Costa Rica, España, Nicaragua, México, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Argentina, Panamá y Bolívia. Además de Pastrana, Álvaro Uribe fue el otro exmandatario colombiano que firmó la carta.
En el texto, los exmandatarios destacan que los resultados electorales no han permitido definir “sin ninguna duda” al candidato que deben proclamar como presidente electo, pues ambos candidatos están prácticamente empatados con 99,42% de las mesas escrutadas. La ventaja que separa a Castillo de Fujimori, que cuentan con 50,18% y 49,82% de los sufragios respectivamente, es de apenas 62.000 votos.
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Asimismo, los firmantes aseguraron que ambos contendientes han hecho impugnaciones y observaciones de actas electorales que deben ser revisadas por las autoridades correspondientes, y al mismo tiempo, instaron tanto a Castillo como a Fujimori a contribuir con sus liderazgos para sostener la paz ciudadana y “esperar a que los órganos constitucionalmente competentes dicten su final resolución”.
En la recta final de los conteos, la candidata de ‘Fuerza Popular’ ha solicitado la anulación de al menos 200.000 votos bajo acusaciones de irregularidades por parte de su contrincante del partido ‘Perú Libre’, que ha negado las acusaciones amparado por la intervención de organismos internacionales, que han declarado que los comicios se han llevado a cabo de forma transparente.
Estas impugnaciones se dan en medio de una solicitud de prisión preventiva contra la candidata debido al incumplimiento de las reglas jurídicas impuestas mientras se la investiga por un delito de lavado de activos, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016.