Así se afectarían las cuentas del Gobierno si no vende empresas estatales

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) presentado este martes, el Gobierno dejó ver sus cartas en materia económica para los próximos años. En este, la venta de activos estatales es un punto clave que de no lograrse tendría una importante afectación en las cuentas del país.

La venta de la participación estatal en activos le aportaría al país recursos por el orden de $14 billones en 2021 y $7,1 billones en 2022, según cálculos del Ministerio de Hacienda expuestos en el Marco Fiscal.

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Con venta de activos, en 2021 se espera que los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (GNC) sean de $179,2 billones y de $193,9 billones en 2022, mientras que los gastos totales ascenderían a $274,9 billones y $277,5 billones, respectivamente.

Siguiendo con lo expuesto, en caso de que no se vendan dichos activos los ingresos totales se reducirían a $165,2 billones en 2021 y $186,8 billones en 2022, mientras los gastos se mantienen igual.

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Según el documento, en un escenario donde se vendan activos estatales el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central pasaría del ya histórico 7,8% del PIB en 2020 ($77,7 billones) al 8,6% del PIB en 2021 ($95,7 billones) y empezaría a reducirse al 7% del PIB en 2022 ($83,5 billones).

Sin embargo, de no lograrse dichas ventas, el déficit fiscal aumentaría a niveles del 9,9% del PIB ($109,7 billones) en 2021 y del 7,6% ($90,6 billones) en 2022.

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Para el Gobierno es clave que se realicen las enajenaciones como la que ya está concretando sobre ISA porque habrá mayores presiones de gasto derivados de la adición presupuestal que se incluirá en el proyecto de ley de Inversión Social (reforma fiscal) para hacerle frente a la crisis. De no lograrse la venta se podría generar una presión sobre los mercados financieros o un incremento adicional en la deuda pública, comentan en el Marco.

Por lo pronto se sabe de la posible venta del 51,4% de ISA a Ecopetrol, transacción que podría ser del orden de los $14 billones. A inicios de año se firmó un acuerdo de exclusividad entre las partes para llevar a cabo la operación.

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¿Y la tributaria?

Según el Marco Fiscal, el proyecto de ley de Inversión Social generaría ingresos fiscales adicionales que ascenderían a 1,2% del PIB (más de $12 billones) a partir de 2023.

Así, estos ingresos adicionales aumentarían desde 0,1% del PIB en 2021 a 0,3% del PIB en 2022, de tal forma que a partir de 2023 contribuyen significativamente a la reducción del déficit fiscal, así como a la estabilización y posterior reducción de la deuda pública, explicó Hacienda en el documento.

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Sin embargo, en el texto también se expone que a partir de 2023 se requieren de ajustes del orden de 0,6 puntos porcentuales del PIB para cumplir la regla fiscal, mecanismo que debería retomar el país desde 2022. Lo anterior indicaría que sería necesaria otra tributaria en dos años.

“Es imperativo llevar a cabo una consolidación de las finanzas públicas liderada por una reforma fiscal en dos etapas”, dice el Marco Fiscal.

En la primera etapa, que debería garantizar ingresos netos permanentes de al menos 1% o 1,2% del PIB (alrededor de $12 billones), se incluirá “un plan ambicioso y realizable de austeridad en el gasto de público”.

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Por su parte, “la segunda debe garantizar un retorno al ancla fiscal (o nivel de endeudamiento prudente) en el mediano plazo”.