Lo bueno y lo malo de dilatar la aprobación de una nueva reforma tributaria

La impopularidad de la tributaria 3.0 del gobierno de Iván Duque que buscaba un recaudo histórico para una reforma ($23,4 billones), radicada en el Congreso el 15 de abril y retirada oficialmente el 5 de mayo, ha dejado algunas lecciones según varios expertos: asegurarse de tener los aliados suficientes que garanticen su aprobación y definir qué tan ambiciosa puede ser. Además, evidencia la dificultad de discutir reformas que solucionen problemas estructurales en el mediano plazo.

Al cierre de esta edición, el Gobierno Nacional avanzaba en la construcción de consensos que le permitiera presentar una nueva tributaria ante el Congreso, que recaudaría el orden de $14 billones de los cuales la mitad iría para mantener subsidios a la población más vulnerable por la crisis y la otra mitad para el ajuste fiscal que requiere el país tras una deuda que superaría el 65 % del PIB este año y un déficit histórico cercano al 9 % -más de $90 billones-.

Lea también: Tributaria en dos etapas: estos son los detalles de la nueva reforma

Aunque había mucha incertidumbre frente a la fecha de su radicación, lo más probable es que su aprobación no se dé en la legislatura que finaliza oficialmente el 20 de junio, sino que se extienda al periodo legislativo que inicia el 20 de julio.

Los riesgos de que se vaya la aprobación al segundo semestre es la desfinanciación y terminación de los programas sociales que surgieron en la pandemia para los más vulnerables.

En medio de la pérdida del grado de inversión del país por parte de Standard & Poor’s tras la caída de la tributaria y la dilatación de una nueva, el mensaje que ha dado el Gobierno es claro: la tributaria sí o sí debe hacerse debido a la crisis que trajo consigo la pandemia del coronavirus en 2020 que resultó en menores ingresos para la Nación y en más necesidades de gasto para apoyar a la población más vulnerable, fortalecer el sistema de salud, entre otros.

Con base en este contexto y dada la incertidumbre que cobija a la nueva tributaria, Forbes consultó a expertos para conocer cuáles son los principales riesgos y oportunidades de que la aprobación de la reforma se vaya para el segundo semestre de 2021.

Lo bueno y lo malo de dilatar la aprobación

Lina María Ortiz, abogada consultora en impuestos dijo que “los riesgos serían principalmente que seguirían pendientes las necesidades de financiación del Estado y la nota de Colombia podría seguir cayendo ante las calificadoras de riesgo. Sin embargo, podría brindar la oportunidad de reducir los gastos innecesarios del Estado y nos daría tiempo como sociedad para ponernos de acuerdo sobre cuáles son las medidas que queremos adoptar, permitiría un mayor control social al poder ser discutida más ampliamente”.

Antes de comentar al respecto, Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional aseguró que “no es tan bueno que se apruebe algo ahora.

Elevar el recaudo en una situación como la actual, en general no es bueno”. Para él, las oportunidades que hay de que se dilate la discusión sobre una nueva tributaria incrementa las posibilidades de encontrar consensos para una reforma integral.

Sin embargo, Rodríguez expone que dejar la aprobación para el segundo semestre -algo que considera pronto- limita los consensos a cosas muy específicas, poco duraderas, pero con alta aceptación. “Lo que tendría que hacer el Gobierno es eliminar beneficios tributarios de las empresas, adoptar una propuesta como la de la Andi (que recaudaría $13 billones), pero eso son paños que alivian poco, en un par de años toca estar haciendo una nueva tributaria” porque los alcances de la que se aprobaría serían limitados.

Desde la visión de Olga Lucía González, directora encargada del departamento de Derecho Fiscal del Externado, entre los principales riesgos está que entre más se demore en ser aprobada la reforma más tardaría el recaudo esperado porque las “leyes tributarias solo pueden aplicarse a partir del periodo fiscal que comience después de la promulgación de la ley”.

Por ejemplo, si se hacen modificaciones al impuesto de renta en 2021, estos tendrían efectos para el año gravable 2022 y por ende el mayor recaudo se reflejaría en 2023, año en el que se deberán declarar y pagar las obligaciones tributarias del periodo impositivo de 2022, explicó González.

No obstante, dice la experta, no se debe desconocer la necesidad del debate democrático que requiere una reforma tributaria y en especial un proyecto que se presente en las actuales circunstancias que vive Colombia. “Debate democrático participativo y no meramente representativo, esto es, uno a la luz de la sociedad civil”.

Otros expertos aseguran que los riesgos de que se vaya la aprobación al segundo semestre es la desfinanciación y terminación de los programas sociales que surgieron en la pandemia, como Ingreso Solidario para darle un subsidio a quienes no recibían apoyos del Gobierno y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) para subsidiar el pago de las nóminas y evitar despidos.

Otro riesgo es la posible pérdida del grado de inversión por parte de Fitch y la rebaja de la nota de Moody’s. Esto, como se ha venido explicando tras la pérdida del grado de inversión de Standard & Poor’s, tendría entre sus efectos menor confianza de los inversionistas en Colombia, un dólar más caro y financiación del país a tasas más altas por mayor riesgo de impago.

Pese a lo anterior, la gran oportunidad que hay de dejar el grueso de las discusiones para el segundo semestre es que hay mayor chance de que la propuesta se apruebe.

Las propuestas que más gustan

Entre los puntos que generan consenso en la nueva tributaria está no afectar a la clase media, proteger a los más vulnerables, aumentar el plan de austeridad del Gobierno, fortalecer la lucha contra la evasión, hacer un articulado corto, que los que más tienen aporten más y generar las condiciones para la reactivación de la economía y el empleo.