La directriz deberá ser acatada de forma inmediata y podría afectar también a conductores de plataformas de transporte.
La Superintendencia de Transporte les solicitó a los alcaldes de 18 ciudades capitales y 13 municipios investigar y sancionar a las personas que sean sorprendidas operando vehículos particulares para prestar servicios de transporte público.
La decisión afectaría a los conductores que prestens servicios de transporte a través de plataformas no reguladas o a aquellos que han facilitado el transporte informal individual o colectivo como alternativa a transporte público de sus ciudades.
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La entidad solicitó a los mandatarios de ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Santa Marta y Cartagena, entre otras, y de municipios como Bello, Rionegro, Itagüí, Sabaneta y Envigado (Antioquia); Mosquera, Funza, Chía y Soacha en Cundinamarca y Yumbo y Palmira en el Valle, iniciar acciones judiciales y administrativas contra personas que presten el servicio sin cumplir las normas, o que faciliten las operaciones de manera ilegal.
“En estos 31 municipios está la mitad de la población del país, y sus alcaldes y funcionarios deben ser responsables de aplicar la ley para atacar con severidad ese fenómeno de ilegalidad que afecta dichas jurisdicciones”, dijo el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.
La Superintendencia indicó a los alcaldes que “las personas que sean sorprendidas realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares deben ser investigados y sancionados (i) bajo la ley de tránsito terrestre, con la infracción D12 y las demás que consideren procedentes, y (ii) bajo la ley de transporte terrestre con la imposición de multas hasta 700 smmlv (aproximadamente $614 millones), por la infracción de los artículos 11, 16, 23, 31, 35, 38, entre otros, de la ley 336 de 1996″.
La entiedad también les recordó a las alcaldías que la omisión de control del transporte ilegal ha causado múltiples condenas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra los municipios, investigaciones por parte de la Superintendencia de Transporte, así como procesos en la Procuraduría General de la Nación contra mandatarios locales.
La directriz deberá ser acatada de forma inmediata por las alcaldías.