Chile inicia histórico proceso constituyente a cargo de sus ciudadanos

Chile vivirá un momento histórico el próximo domingo con la instalación de la Convención Constitucional que tras un inédito proceso democrático elaborará su nueva ley fundamental: se trata de un cuerpo integrado por 155 miembros electos por voto popular, en su mayoría personas independientes de los partidos políticos, con igual representación de hombres y mujeres, y de sus comunidades originarias.

“Esta es la primera vez en su historia que en Chile una Constitución será redactada en democracia por un órgano electo por la ciudadanía”, dijo a Forbes la socióloga Marcela Ríos, representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile.

Más que eso, este es “un proceso que inicia producto de la movilización social y que es refrendada en las urnas en un referéndum constitucional donde casi el 80% de electores apoya la decisión de redactar un nuevo texto” y encomienda la tarea a “un órgano del Estado que se conforma con paridad de género total, que incluye además a todos los pueblos indígenas.

Sepultar el legado de Pinochet

El hecho de que el proceso esté a cargo de un órgano elegido democráticamente “rompe con una historia constitucional chilena que siempre tuvo como denominador común que las constituciones las escribieran los vencedores de algún momento de enfrentamiento de los chilenos”, opinó, por su parte, Ernesto Águila, analista político y académico de la Universidad de Chile, en una entrevista con el proyecto UChile Constituyente de esa entidad.

La Constitución actual, de 1980, fue escrita inicialmente por una comisión de menos de 10 personas bajo la dictadura de Augusto Pinochet, aprobada por la Junta Militar y refrendada en un cuestionado proceso electoral. Aunque ha sido ampliamente reformada durante los últimos 30 años de democracia, para muchos aún simboliza esa época.

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Sus críticos sostienen que el documento está detrás de algunos de los males sociales actuales que sufre el país como la desigualdad en ingresos, pues minimiza el rol del Estado en la provisión de servicios básicos que hoy están privatizados y los ciudadanos deben pagar a altos precios con bajos recursos, entre ellos la salud y la educación.

En Chile, el país con mayor renta per cápita de América Latina, y el tercer país de la zona con más multimillonarios, el 1% de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza total, mientras que el 50% de las familias más pobres tiene solamente el 2,1%, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En búsqueda de más bienestar social

Su índice de Gini, que mide la desigualdad siendo 0 una distribución perfecta del ingreso y 1 una distribución completamente desigual, es del 0,44, y entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) solo Costa Rica es más desigual.

Expertos prevén que la discusión tenga un importante componente sobre bienestar social, pues los reclamos durante el violento estallido social de 2019 que desembocaron en este proceso giraron en torno a estas demandas.

“El principal reto de la Convención no es solo redactar un nuevo texto constitucional…sino, sobre todo, que esa nueva Constitución genere en el mediano y largo plazo cambios en las condiciones de vida de las personas”, dijo Ríos, “es demostrar que es posible generar cambios a través de una vía democrática e institucional”, afirmó.

La socióloga aclaró que no se puede pretender que la Constitución resuelva problemas históricos de desigualdad o distribución de recursos, mejor atendidos mediante leyes y otras políticas.

“Este es un paso, pero tampoco la Constitución puede cambiar prácticas, distribución de recursos, desigualdad simbólica y de trato. El país debe seguir enfrentando esos desafíos con herramientas políticas y culturales.

La ceremonia inaugural

La ceremonia de instalación de la Convención comenzará a las 10:00 horas locales en la antigua sede del Congreso Nacional en el centro de Santiago, cuando la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones juramente a los 155 constituyentes electos.

A continuación, los investidos deberán elegir al presidente o presidenta del cuerpo, y al vicepresidente.

Luego se deben aprobar las normas de funcionamiento, el reglamento de votación y constituir una secretaría técnica.

El pleno de la Convención sesionará en estas mismas instalaciones pero las comisiones trabajarán a unas cuatro cuadras, en el Palacio Pereira.

Varias manifestaciones fueron convocadas para el domingo, entre ellas una para conmemorar los más de 30 muertos durante el estallido social de octubre de 2019 y los miles de heridos, así como ceremonias de los pueblos originarios.

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Al gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien no acudirá a la ceremonia, le corresponderá prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención.

Los constituyentes luego tendrán nueve meses para redactar la nueva ley fundamental, y tres meses adicionales si lo necesitan, pero con ciertas limitaciones establecidas por el acuerdo que habilitó este proceso: 

• La Convención debe respetar el carácter de república que tiene el Estado de Chile y su régimen democrático
• Debe respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas
• Debe respetar los tratados internacionales ratificados y vigentes
• No podrá poner término anticipado al período de las autoridades elegidas por votación popular
• No podrá adjudicarse el ejercicio de la soberanía ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente concedidas

Dentro de las limitaciones, todos los demás poderes políticos, controles y equilibrios, derechos y libertades dentro del país están abiertas a discusión, desde el sistema presidencial hasta la autonomía de los territorios donde radican los pueblos originarios.

Existen tres temas fundamentales sobre los que hay consenso y que se discutirán en la Convención pues estuvieron entre los principales reclamos de las protestas durante el estallido social de 2019:

• Derecho a la Educación, mayormente privatizada en la actualidad
• Derecho a la Salud, mayormente privatizada en la actualidad
• Reforma al Sistema de Pensiones, privatizado

Otros asuntos que los ciudadanos han reportado como importantes y que se deben discutir en la Convención son la protección del medioambiente, el derecho al agua, la definición de Chile como un estado plurinacional, el derecho a la vivienda, la igualdad entre hombres y mujeres, límites a los términos de los puestos electivos, la composición de la rama legislativa, entre otros.

“Hay muchos temas en discusión”, sostiene Ríos, “ampliar el bienestar social, disminuir la desigualdad y consagrar derechos sociales y económicos es uno de los ejes centrales. Pero también es muy importante la preocupación por el medio ambiente, la idea de generar una Constitución ecológica que marque una nueva relación con la naturaleza, construir un nuevo pacto entre el estado y los pueblos indígenas, asegurar la paridad de género y una igualdad efectiva”.

“Finalmente, se promoverá también una discusión sobre la estructura del Estado, el régimen de gobierno y una profundización de la democracia”, agregó la socióloga.

Los 155 constituyentes electos para la Convención representan a diversos sectores políticos, sociales, culturales y étnicos del país, siendo los independientes los que componen la mayor fuerza dentro del organismo (48).

La dividida oposición de centro y de izquierda cuenta con 53 cupos entre sus dos bloques, mientras que la derecha oficialista tiene 37 y los pueblos originarios 17.

Como ningún sector político obtuvo un tercio de los escaños para bloquear propuestas a la Constitución, los delegados y delegadas están obligados a negociar acuerdos.

Para Ríos, el hecho de que ningún bloque tenga mayoría absoluta para bloquear propuestas es positivo, porque “sin veto de ningún sector, las y los convencionales estarán obligados a dialogar, a deliberar hasta encontrar acuerdos para avanzar”.

Para Águila, la ausencia del poder de veto abre la posibilidad para que la nueva Constitución refleje un país que “se actualice en términos de temas contemporáneos, desarrolle una noción de Estado Social que resguarda mucho mejor los derechos, genere una redefinición del poder entre el centro y las regiones; y que reconozca el carácter plurinacional del país”.

La socióloga descartó que la Convención llegue a su término sin haber cumplido su misión, un escenario posible pero poco probable.

“La discusión constitucional es de larga data en Chile, se había iniciado un proceso en el 2015, existe mucho trabajo previo de especialistas, las universidades, centros de pensamiento, movimientos sociales, sociedad civil. Soy muy optimista respecto del proceso. Confío en que se producirá una Nueva Constitución”, opinó la experta.

Una vez la Convención produzca la nueva Constitución, la misma será ratificada en un plebiscito por voto obligatorio 60 días después de terminada.