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CIDH anuncia instalación de mecanismo especial de seguimiento de DD.HH. en Colombia

La CIDH destacó que sus observaciones y recomendaciones para Colombia están basadas en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos relacionados con el derecho a la protesta.

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En medio de la presentación de observaciones y recomendaciones tras su visita al país entre el 8 y 10 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad.

Asimismo, recomendó la separación de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas
militares.

Durante la conferencia de prensa, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, destacó la importancia que tuvo la visita de trabajo de la CIDH en la verificación de la situación de los derechos humanos y formulación de las observaciones y recomendaciones para Colombia en medio de las protestas sociales del paro nacional, que iniciaron el pasado 28 de abril.

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El documento da cuenta de antecedentes, hallazgos, afectaciones, cortes de ruta y hasta 40 recomendaciones al Estado colombiano en el contexto de las protestas, destacando la necesidad de que los diálogos tengan un enfoque territorial y sean amplios e inclusivos.

Al respecto, puntualizó la necesidad de involucrar a las y los jóvenes, a las personas indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, a las personas LGBTI, a las personas en situación de pobreza, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas en movilidad humana y a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Frente a este punto, la CIDH resaltó en su informe que “en reiteradas ocasiones la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal“, y complementó afirmando que la correcta aplicación de los protocolos sobre uso de la fuerza pública deben responder a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

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La Comisión también manifiestó su preocupación por las inconsistencias en las cifras registradas
por las distintas entidades del Estado, así como por las disparidades presentadas entre los números reportados por estas
y aquellos que han resultado de los hechos documentados por la sociedad civil, principalmente en relación con víctimas fatales y con personas desaparecidas.

En cuanto a los casos en los que han iniciado investigaciones, la Fiscalía General de la Nación entregó un informe explicando la metodología, las líneas de investigación en curso y los criterios técnicos de tiempo, modo y lugar utilizados. Al respecto, la CIDH recibió cuestionamientos por parte de la sociedad civil sobre la falta de publicidad de los criterios utilizados por la Fiscalía para establecer cuáles muertes estarían vinculadas con las protestas y cuáles no.

Durante la presentación del reporte, la Comisión consideró que la prohibición absoluta de todo bloqueo, en los términos del decreto, puede tener el efecto de desvirtuar la participación excepcional de las fuerzas militares, evadiendo el análisis de las circunstancias particulares de cada bloqueo y sin que se agoten las medidas menos lesivas como el diálogo. “La CIDH considera que esto podría constituir una restricción desproporcionada a la libertad de expresión, manifestación y reunión”, añadió.

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