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Elecciones Perú: ¿Qué retos de gobernabilidad enfrenta Pedro Castillo?

La polarización y la confrontación política crean un escenario retador para los próximos cinco años del recientemente proclamado presidente electo del Perú.

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Elecciones Perú: ¿Qué retos de gobernabilidad enfrenta Pedro Castillo?
Pedro Castillo fue proclamado presidente electo del Perú del Perú ayer, con el 50,12% de los votos válidos. (Foto: Efe)

El profesor Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, fue proclamado presidente electo del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anoche, 43 días después de que se realizara la segunda vuelta presidencial, el pasado 6 de junio. Así, la autoridad electoral consignó los resultados definitivos de los comicios en los que Castillo obtuvo el 50,12% de los votos válidos frente al 49,87% de la candidata de derecha, Keiko Fujimori.

La demora del JNE en la proclamación de los candidatos electos –Castillo y su compañera de fórmula, la primera vicepresidenta electa, Dina Boluarte– fue generada por la revisión de cientos de actas de votación impugnadas y solicitudes de nulidad de votos.

De esta manera, tras la entrega de las credenciales presidenciales a Castillo y Boluarte por parte del JNE prevista para esta semana, el próximo 28 de Julio se realizará el traspaso de mando presidencial en el Congreso de la República y Perú Libre asumirá la administración estatal de los próximos cinco años.

Ese día también se celebrará asimismo el Bicentenario de la Independencia de la República del Perú. En medio de un escenario de alta tensión política, es de esperar que la celebración dure poco y no haya ‘luna de miel’ para Castillo, explican tres analistas a Forbes Colombia. Ellos señalan que el flamante mandatario peruano lidiará, de arranque, con dos retos de gobernabilidad.

Dilemas de legitimidad

El primero de los desafíos mencionados por los expertos es la legitimidad. A juicio de Paula Muñoz, profesora de la Universidad del Pacífico, los cuestionamientos vertidos sobre la idoneidad de la labor de las autoridades electorales peruanas —de hecho, el partido de Fujimori señaló que hubo fraude— y las dudas sobre el partido de Gobierno, Perú Libre, crean problemas de legitimidad para Castillo. Sobre esto último, cabe mencionar que el jefe del partido de izquierda, Vladimir Cerrón, fue condenado por el delito contra la administración pública, hecho que lo descalificó para acompañar al presidente electo en su fórmula de campaña. “Los cuestionamientos que hemos tenido de fraude, que finalmente han demostrado ser infundados, han dañado la legitimidad de las elecciones y, con eso, la legitimidad de origen del nuevo gobierno”, sostiene la académica.

De su lado, María José Gallo, jefa de análisis político del Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo Consultoría, coincide con la frágil legitimidad institucional con la que iniciará Castillo la gestión. A su entender, esta situación se explica por la polarización social experimentada durante los comicios. “Los cuestionamientos de uno y otro lado hacen que el próximo Gobierno nazca con un problema de legitimidad de cara a un segmento de la población”, opina Gallo y advierte que este dilema podría crear altos incentivos para impulsar medidas populistas.

En tanto, Jorge Aragón, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, observa el mismo riesgo que Gallo. “Está asumiendo un Gobierno que tiene un sector del país y grupos que le han dejado claro que van a hacer todo lo posible por conspirar”, añade.

La candidata opositora y lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció ayer que reconocería la victoria de Castillo, aunque la calificó de “ilegítima”. (Foto: Efe)

Estabilidad de poderes

El principal frente de choque del Poder Ejecutivo a cargo de Castillo será el Congreso, observan los analistas. Al respecto, anticipan que Perú Libre tendrá que dialogar con un Parlamento fragmentado, integrado por diez bancadas políticas, entre las cuales el oficialismo participará como la minoría más amplia, con 37 de 130 escaños. “Nuevamente vamos a tener un Gobierno con una oposición muy grande”, afirma Muñoz. En ese sentido, agrega que el escenario será difícil para Castillo, considerando la historia reciente del Legislativo sobre el uso “ligero” de procedimientos y normas de mecanismos excepcionales, como la vacancia presidencial.

Para Gallo, considerando los acercamientos de algunos partidos durante los comicios hacia Perú Libre, sí existe posibilidad de tejer alianzas para la bancada oficialista sobre asuntos puntuales, pero “no duraderas en el tiempo”. No obstante, dicha proximidad será esencial para que Castillo pueda cumplir con las propuestas de cambio prometidas en campaña, que han generado expectativas en un segmento de la población, repara.

En esa línea, Aragón apunta que, sumado a los menores recursos que posee el Estado tras los gastos públicos para atender la pandemia por Covid-19 y a la oposición congresal, la poca coordinación de la bancada de Perú Libre afectaría posibilidad de impulsar las reformas ofrecidas por el candidato de izquierda. Aragón atribuye la situación interna de Perú Libre a la improvisación con la que se gestó el partido, una condición estructural del sistema político de partidos en el Perú advertida también por Muñoz y Gallo. “Hay un desfase muy marcado entre los objetivos y las promesas de Castillo y lo que está en condiciones de poder llevar a la práctica”, opina Aragón. ¿Y la Asamblea Constituyente, bandera de campaña del Perú Libre? Para Muñoz, no es políticamente viable “olvidarse” de dicha promesa. “La pregunta va a ser si van a optar por una agenda radical o una agenda más consensuada políticamente, negociando estos temas, dentro de los cauces de la institucionalidad democrática vigente”, enfatiza.

Un quinquenio retador

Para los próximos cinco años, Gallo avizora un escenario de “turbulencia política muy alta” similar al que afrontó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, tras proclamarse vencedor en los comicios del 2016 ante Keiko Fujimori por poco más de 40 mil votos. “Lo que vemos es que el ruido político se va a mantener los próximos cinco años y, probablemente, afecte decisiones de inversión”, afirma. Para la analista, un elemento clave en aras del equilibrio será la definición de los miembros del gabinete que acompañarán a Castillo en su gestión. A su juicio, otra solución no menos importante es el impulso de una reforma política que, a través de un renovado marco institucional, contenga o evite eventuales crisis de gobierno.

Muñoz coincide con Gallo en que los años que vendrán serán críticos. “Lo más probable es que tengamos un Gobierno donde la inestabilidad prime”, dice. De allí que la experta resalte la necesidad de que el Ejecutivo proponga una negociación política amplia desde el comienzo a fin de evitar una confrontación radical, que sería, en su opinión, el escenario más grave.

“Eso escalaría la tensión muy rápidamente y podríamos terminar con una crisis, que llegue a necesitar que tengamos nuevas elecciones”, anticipa. Para sortear dicha situación, será clave la elección del primer ministro, opina Muñoz. En efecto, el fin de semana pasado, un asesor de prensa de Castillo dio a conocer vía Twitter que dicho rol recaería en el exlegislador Frank Najar. “Tiene que ser alguien con mucha capacidad de generar negociaciones; alguien muy hábil, con capacidad de líder, de entablar acuerdos, consensuar y también pelearse, pero selectivamente”, conceptualiza.

De su lado, Aragón también advierte un escenario complejo para el próximo quinquenio. Observa que podría haber confrontaciones constantes y desleales, que se diriman “casi al margen de lo legal”.  “Si a eso le sumas el nivel de enfrentamiento de actores políticos que van a estar en el Congreso y que es un candidato de una organización política que se ubica en una posición dura de la izquierda, están dadas todas las condiciones para que estos sean cinco años de mucha inestabilidad y pronóstico reservado”, remata.

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Cancillería rechaza la participación de Maduro en cumbre de la Celac

El Gobierno considera que Maduro “se ha apartado de los principios democráticos, el respeto de las libertades ciudadanas y observancia de los derechos humanos a sus ciudadanos”.

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Marta Lucia Ramírez

El Gobierno de Colombia expresó este sábado su rechazo por la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra hoy en Ciudad de México.

“El Gobierno de Colombia, al igual que otros países que han desconocido el poder de facto que ejerce Nicolás Maduro en Venezuela como resultado de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 (…), expresa su rechazo a la participación del mismo en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC”, aseguró la Cancillería colombiana en un comunicado.

Maduro llegó de sorpresa el viernes a México, donde lo recibió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en una cita que no había sido confirmada hasta el último minuto, para intervenir en la reunión de hoy.

Lea también: ‘Soy escéptico respecto a las negociaciones sobre Venezuela’: Duque

El Gobierno de Colombia, uno de los más fieles opositores al Gobierno de Maduro en la región, considera que el presidente venezolano “se ha apartado de los principios democráticos, el respeto de las libertades ciudadanas y observancia de los derechos humanos a sus ciudadanos”.

La Cancillería colombiana subrayó que apoya “los esfuerzos necesarios que conduzcan al pronto retorno a la democracia” y su oposición a la “existencia de regímenes autocráticos en territorios vecinos que pueden llegar incluso a amenazar la soberanía territorial, por su connivencia con la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado”.

Durante su intervención en la cumbre Maduro defendió “una nueva institucionalidad” de la Celac, volviendo a momentos anteriores en los que había “un diálogo interregional muy valioso”.

México ha sido la sede de dos rondas de negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana por la crisis que vive el país caribeño.

Este sábado, los jefes de Estado y de Gobierno de la Celac se reúnen en la capital mexicana para profundizar en la lucha conjunta contra la pandemia y debatir sobre una eventual transformación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Colombia y Nicaragua: otro litigio en torno a las aguas de San Andrés y Providencia

Acusaciones recíprocas de transgedir un fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012, sobre las aguas de San Andrés y Providencia, enfrentan una vez más a Colombia y Nicaragua en La Haya, este 20 de septiembre.

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A las tormentas tropicales se suman las políticas. Las aguas del Caribe son turbulentas. Y viejas pugnas, con raíces históricas, siguen levantando olas. Como la que lleva nuevamente a Nicaragua y Colombia a La Haya, para dirimir sus divergencias relativas a una zona del mar Caribe en la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya fijó la delimitación, en un fallo de 2012. En esa ocasión se ratificó la posesión colombiana del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero los nuevos límites marítimos establecidos significaron para Colombia la pérdida de más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar.

El asunto no terminó ahí. Colombia no desconoció oficialmente el veredicto, pero el entonces presidente, Juan Manuel Santos, afirmó que no se podría aplicar hasta que se suscribiera un tratado con Nicaragua, remitiéndose a disposiciones de la Constitución.

Luego, Colombia tomó la decisión de crear una “zona contigua integral”, que concibe las aguas del archipiélago como un todo, lo que Nicaragua rechazó, argumentando que esa zona se superpone a áreas que le fueron adjudicadas en 2012.

Demandas y contrademandas

 “Existe una sentencia, que es inapelable”, afirma Julio Icaza Gallard, abogado y exembajador de Nicaragua en la Organización de las Naciones Unidas. Y subraya que “Colombia, hasta hoy, se ha negado a reconocer este fallo, lo que ha generado una serie de incidentes, que llevaron a Nicaragua a demandar a Colombia por violaciones de sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, en contravención de la sentencia del 19 de noviembre de 2012. Pero, además, Nicaragua ha interpuesto otra demanda para terminar de delimitar la Plataforma Continental extendida, más allá de las 200 millas.” 

La CJI dicta su veredicto en 2012.

Ambas causas siguen pendientes, pero las audiencias que se celebrarán entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre, en La Haya, solo abordarán la primera. Walter Arévalo Ramírez, profesor principal de derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Colombia, reconoce que la renuencia colombiana a implementar el fallo no ha facilitado las cosas.

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Pero señala que “lo interesante es que también Colombia presentó demandas, en el contexto del mismo caso.” Según explica, Bogotá busca que la Corte declare que también decretos nicaraguenses violan lo que se estableció en 2012, y “que la conducta de Nicaragua en sus propios espacios marítimos, pero sobre todo cerca de los espacios marítimos colombianos, viola los derechos de pesca artesanal y los derechos de pesca de subsistencia del pueblo raizal.”

La comuidad raizal, que habita en el Archipélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aspira a que sus derechos sean tomados en cuenta por ambos Estados en pugna. Harold Bush Howard, uno de sus representantes en la isla de Providencia, que estuvo en sesiones de la Corte de La Haya, apuntó, en Radio Nacional de Colombia, a la incorporación de elementos étnicos en la argumentación de Bogotá: 

“El país dice que Nicaragua violó los elementos étnicos y por eso no puede acatar el fallo. Entre estos derechos, están la pesca en las zonas tradicionales que ha tenido la comunidad y que fueron entregadas a Nicaragua”, ilustró Bush Howard.

Pautas de convivencia en un mar complejo

A juicio de Arévalo, Secretario General de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, los dos países “quedaron en una situación compleja, porque es una delimitación difícil, a través del procedimiento de la línea media equidistante, con espacios marítimos que quedaron enclavados uno dentro de otro Estado.”

Karte Territorialstreit Kolumbien Nicaragua ES

Esa compleja frontera no está en discusión en las audiencias de septiembre. En consecuencia, el profesor de derecho internacional considera que la mayor expectativa es que se dilucide cuáles prácticas, de uno u otro lado, contravienen el fallo de 2012. Y que, de eso, se derive una pauta sobre cómo deberán comportarse ambos Estados en el futuro, para llevar a cabo “sus actividades habituales de licencias pesqueras, de pesca artesanal, de exploración y explotación, y sus actividades habituales de seguridad.”

El conflicto entre Nicaragua y Colombia no es el único que se ha producido en esta zona, rica en recursos naturales. ¿Qué efectos tiene el litigio en el área? “Lo que afecta a la región es la no solución o permanencia de estos diferendos. Nicaragua ha ido resolviendo estos conflictos con Honduras, Costa Rica y Colombia”, dice Julio Icaza Gallard.

“Colombia debe aceptar que las sentencias del más alto tribunal del mundo son inapelables y solamente pueden revisarse cuando se descubren hechos relevantes, que no fueron examinados en el juicio principal, y estos se presentan en el plazo indicado en el Estatuto, a partir del momento en que fueron descubiertos. Este no es el caso”, sostiene, en su entrevista con DW, este exembajador nicaragüense ante la ONU.

Para el abogado colombiano Arévalo, lo que queda en evidencia es que “la cooperación entre los Estados, en el ámbito de la seguridad marítima, la protección del medio ambiente, los derechos económicos en el mar y la exploración y la explotación de los distintos espacios y recursos marítimos es una solución mucho más práctica que estar litigando.” Pero, con las demandas pendientes, todo indica que queda litigio para rato. 

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Biden ordena cerrar puente fronterizo por cruce masivo de migrantes

Unos 12.000 indocumentados, en su mayoría haitianos, siguen retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado bajo el puente de Del Río.

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El gobierno Joe Biden cerró este viernes el puente fronterizo que une a Del Río (Texas) con Ciudad Acuña (México), debajo del cual se instaló un campamento improvisado con cerca de 12.000 migrantes indocumentados, en su mayoría de nacionalidad haitiana.

Estados Unidos también cerró un segundo puente fronterizo, llamado Presa la Amistad, situado en las afueras de la ciudad.

“El cierre temporal es necesario para que la Patrulla Fronteriza responda a las necesidades urgentes de seguridad y protección presentadas por una afluencia de migrantes a Del Río”, apuntó el cuerpo, que informó que la medida ya es efectiva.

Washington ha ordenado derivar todo el tráfico que normalmente usa estos dos puentes al cruce en Eagle Pass, fronterizo con Piedras Negras (México) y a unas 57 millas (casi 100 kilómetros) al este de Del Río.

Unos 12.000 inmigrantes irregulares, según las últimas estimaciones, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado bajo el puente de Del Río.

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Los migrantes han estado cruzando desde este martes a Estados Unidos y desbordaron la capacidad de las autoridades migratorias, que improvisaron el campamento mientras se procesan las solicitudes de asilo.

Los indocumentados duermen al raso y carecen de servicios básicos, unas condiciones que amenazan con crear una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur. Este mismo mes, México expulsó a 150 haitianos en un masivo operativo migratorio.

La llegada masiva de haitianos se da en un momento en el que Washington ha reducido los vuelos de deportación a esa isla caribeña, desde la crisis provocada por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio.

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Las razones por las cuales Duque visitó la Ciudad Deportiva Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le entregó a Iván Duque una camiseta del primer equipo, con el dorsal 1 y el nombre de Colombia.

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El presidente de Colombia, Ivan Duque, durante su estancia en España de visita oficial con motivo de la Feria del Libro de Madrid, donde su país es la nación invitada, acudió a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde fue recibido por el máximo dirigente del club, Florentino Pérez.

Durante el encuentro, Iván Duque pudo contemplar las instalaciones de Valdebebas, donde se entrenan los primeros equipos de fútbol y baloncesto madridistas, así como todas las categorías inferiores del club, además de la residencia de jugadores de la primera plantilla.

Asimismo, Duque y Florentino Pérez analizaron el desarrollo de los proyectos socioeducativos de la Fundación Real Madrid en Colombia, y suscribieron una carta de intenciones con el fin de respaldar el espacio de colaboración entre la Fundación madridista y las instituciones públicas colombianas, según informa el club madrileño.

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Tras la firma, el presidente del Real Madrid le entregó a Iván Duque una camiseta del primer equipo, con el dorsal 1 y el nombre de Colombia, en la sala donde se reúnen las 13 Copas de Europa/Liga de Campeones de fútbol conquistadas por el equipo madridista.

La Fundación Real Madrid desarrolla proyectos en Colombia desde 2008 y en la actualidad cuenta con 36 escuelas sociodeportivas y proyectos en ese país, en colaboración con la Fundación Revel, la Fundación Concívica, la Comunidad Ministros de los Enfermos-Religiosos Camilos y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Estos proyectos atienden a 8.000 niños y niñas de Colombia, en riesgo de exclusión, que se educan en valores a través del deporte cada semana. Colombia es el país de América Latina con mayor número de proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid y la pasada temporada los lazos con este país se fortalecieron con la alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA) para la formación telemática de personas con pocos recursos a través de la plataforma de eLearning de la Fundación, Sports&Values Academy TV, se especifica en el comunicado.

Durante la reunión de Iván Duque y Florentino Pérez, se apunta, se analizó el rol que desempeña la Fundación Real Madrid en Colombia como “promotor del deporte y los valores para la educación integral de la infancia necesitada y su contribución en el desarrollo de las comunidades, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas”. 

EFE.

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‘No era posible salvar La 14’: Gobierno frente a crisis de la empresa

“Se determinó que independientemente de ese crédito, que era un crédito por $200.000 millones, no era posible salvar La 14”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana.

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La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, se pronunció este viernes sobre la liquidación judicial que empezará Almacenes La 14, la tradicional empresa retail del Valle del Cauca.

En diálogo con Blu Radio, la jefe de la cartera sostuvo que se analizó la posibilidad de otorgar un crédito a la empresa de la mano de Bancóldex, pero no se llegó a feliz término pues dicho préstamo no solucionaría de raíz el problema.

“Se determinó que independientemente de ese crédito, que era un crédito por $200.000 millones, no era posible salvar La 14, pues ese crédito se iría a pagar a obligaciones de muy corto plazo, que saldrían inmediatamente, y continuaría la situación crítica de la empresa”, dijo la ministra.

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Lombana aseguró que La 14 ha tenido un sistema de contratación a termino fijo y desde mediados del año pasado empezó a reducir su nómina. “Ellos tenían en ese mes aproximadamente 3.400 empleados y a julio de este año tenían casi 1.800, o sea, fue una disminución gradual del número de empleados”, destacó.

Por ahora el Gobierno Nacional no confirmó qué posibles salidas ven ante los despidos masivos que se vislumbran. Estas declaraciones de la ministra se dan luego de que Superintendencia de Sociedades, a través de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de Almacenes La 14 y Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A.

De acuerdo con la entidad, estas sociedades habían sido admitidas al proceso de reorganización empresarial previsto en la misma Ley 1116 de 2006, el pasado 11 de febrero de 2021, bajo el supuesto de incapacidad de pago inminente. No obstante, el 23 de julio de 2021, las sociedades solicitaron la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial.

Hace unas semanas, fuentes cercanas al proceso le confirmaron a Forbes que “la situación era difícil”. De hecho, confirmaron que el representante legal puso de manifiesto ante “la Supersociedades la iliquidez de la sociedad ante la falta de apoyo del sector financiero, la indecisión de fondeo de los inversionistas y el acompañamiento de proveedores”.

Almacenes La 14 logró en 2020 ingresos operacionales por $781.202 millones, que se tradujeron en una caída de -19,57% en comparación con 2019. Asimismo, sus ventas cayeron más de 52%, desde 2016, pues en ese año alcanzaron $1,64 billones.

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