Paraísos fiscales y evasión: el billonario hueco en Colombia

En medio de una de las peores crisis económicas y sociales que ha enfrentado Colombia por la pandemia, la necesidad de recursos ha salido a flote y el país se alista para discutir y aprobar una nueva reforma tributaria en lo que resta de año. Controlar la evasión y ser competitivo frente a paraísos fiscales son factores que no se deben olvidar en la discusión.

Las cuentas de la Dian

Al año el país pierde más de $40 billones por evasión de IVA y renta de empresas, según previsiones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Sin embargo, esta cifra sería mucho mayor, pues según le dijo la entidad a Forbes, esta “no cuenta con una estimación de la evasión de personas naturales”.

En el último año la evasión del IVA fue de $20,7 billones y la de renta de personas jurídicas llegó a $21,6 billones, expuso la Dian al asegurar que dichos cálculos se realizan con base en datos macroeconómicos agregados derivados de las Cuentas Nacionales del Dane y las cifras de recaudo del impuesto correspondiente.

Los $42,3 billones que deja de recibir el país por evasión de impuestos por parte de las empresas al año es el equivalente al recaudo de casi tres reformas tributarias. Esto, teniendo en cuenta que la nueva reforma busca recaudar al menos $15 billones. Sin embargo, en promedio una reforma recauda alrededor de $8 billones. Dada la magnitud de esas cifras se insiste en fortalecer los ‘dientes’ de la Dian para mayor fiscalización.

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De acuerdo con la entidad, en 2017 la tasa de evasión en IVA de personas jurídicas era de 20,2 % y en lo proyectado a 2019 esta habría sido de 23,2 %, mientras que en renta de empresas la tasa era de 37,8 % en 2015 y en lo proyectado para 2018 se estima que fue de 33,8 %.

Sobre las principales modalidades de evasión en Colombia, aunque sin el monto desagregado con el que participa cada una de estas en la cifra total, la Dian dijo que son seis: ocultar ingresos o aumentar gastos; incluir deducciones o gastos ficticios al momento de presentar las declaraciones; disminuir los ingresos de forma deliberada con el fin de reducir la base gravable de los impuestos; vender activos y no incluirlos como ingresos extraordinarios sino como ingresos operativos; no reportar o manipular la información exógena y crear empresas en paraísos fiscales.

Pese a que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de 2021, presentado en junio pasado, no se detalla una estimación de lo que pierde el país en total al año por evasión de impuestos, en el documento del Mfmp presentado en 2019 se exponía que la evasión tributaria “se estima en niveles cercanos al 30 % del recaudo total”.

Si esas estimaciones continúan vigentes, estos serían los recursos perdidos por la evasión en Colombia en los últimos años: $43,2 billones en 2018, $47,4 billones en 2019 y $43,8 billones en la crisis de 2020, si se tiene en cuenta que en esos años el recaudo total fue de $144,4 billones, $157,9 billones y $146,2 billones, respectivamente. Para 2021, la cifra sería de $48,3 billones si se cumple la meta de recaudo total de $161,2 billones que tiene la Dirección de Impuestos.

Aunque Forbes le preguntó a la Dian qué tanto del monto de evasión en Colombia podría dirigirse a paraísos fiscales, la entidad no respondió al detalle dicha información. Sin embargo, explicó qué países o territorios son considerados paraíso fiscal.

Los lugares clasificados como no cooperantes o de baja o nula imposición por parte de Colombia son 37 en total. Algunos de estos son: Qatar, Hong Kong, Trinidad y Tobago, Macao, Yemen, Líbano, Kuwait, Bahamas, Maldivas y Cabo Verde. Entre el listado no se encuentra a Panamá, uno de los países involucrados recientemente en un escándalo de paraísos fiscales.

Hay que tener presente que entre las razones por las que se consideran dichos territorios como paraísos fiscales según el Estatuto Tributario de Colombia está: “inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares; carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que lo limiten, y falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo”.

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Las expectativas de la Dian

Dado el contexto, la entidad se enfrenta a un proceso de modernización que, junto a la plena implementación de la factura electrónica desde 2020, se espera que a partir de 2021 se empiecen a evidenciar de manera gradual las ganancias de recaudo derivadas de estas políticas. Dicho efecto se presentará de forma progresiva hasta 2023.

Así, las ganancias de recaudo derivadas de las políticas de fiscalización de la Dian ascienden a 0,3 % del PIB en 2021, 0,8 % en 2022 y 1,4 % a partir de 2023. En pesos, dichos porcentajes representarían alrededor de $3 billones, $8 billones y $14 billones, respectivamente.

“Aún sin incorporar plenamente el efecto de la modernización, la Dian ha reportado resultados favorables de gestión de recaudo, y en 2020 alcanzó la cifra histórica de $20,8 billones ($13 billones por gestión de cobro y $7,8 billones por fiscalización)”, dijo la entidad al añadir que, en lo corrido de este año hasta mayo, la administración tributaria ha recaudado $6,5 billones por gestión de cobro y $4,6 billones por fiscalización.

¿Qué hacer?

Javier Mejía, PhD en economía y profesor asociado de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, asegura que el mejor promotor de la tributación es un sistema de recaudo sencillo con tasas bajas. “Por un lado, reduce los costos de recaudo fomentando el cumplimiento, y por el otro, reduce costos de supervisión, lo cual hace más difícil la evasión”.

El experto añade que, como medidas complementarias, podrían aumentarse los recursos financieros y humanos asignados a los departamentos de impuestos. “En Colombia, puntualmente, uno de los mayores retos está en procurar que sectores informales y rurales paguen más. Enfrentar este reto exige innovación. Algo que ha resultado importante en ese esfuerzo ha sido, por ejemplo, la progresiva bancarización de la población colombiana”, comenta.

Por su parte Lina Ortiz, abogada consultora en impuestos, expresa que es necesario establecer definiciones, parámetros y procedimientos claros para que la administración pueda aplicar las medidas existentes. Añade que “actualmente el problema es llevar a la realidad las normas ya dispuestas en la materia, puesto que existe incertidumbre en los contribuyentes y, parece ser, que en la administración también”.

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Sobre los paraísos fiscales, Mejía dice que existe una visión tradicional legalista a la hora de pensar el problema de dichos territorios. “Esta, básicamente, piensa que aprovechar la existencia de lugares con baja tributación viola una suerte de derecho natural que ciertos territorios tienen a una fracción de la riqueza generada por sus ciudadanos. Yo, personalmente, creo que en un mundo globalizado esa visión tiene poco sentido”.

Para el experto, una solución definitiva a los paraísos fiscales requeriría un cambio completo en la gobernanza mundial. No obstante, asegura que las alternativas que tienen países pequeños como Colombia para luchar contra la evasión en paraísos fiscales son realmente pocas. “Quizá la más efectiva sería el fortalecer acuerdos bilaterales de intercambio de información, lo cual exige gran voluntad política y destreza diplomática”.

Según Lina Ortiz, los paraísos fiscales pueden generar inequidades y afectar la sana competencia comercial, lo que incrementa la sensación de injusticia entre los contribuyentes. “Es de gran complejidad lograr desincentivar los paraísos fiscales dada la soberanía de esas jurisdicciones. Sin embargo, esto será posible en la medida en que el efecto en la imposición para el contribuyente sea el mismo y se logren mayores intercambios automáticos de información”.

Por su parte, Liliana Heredia, profesora del departamento de contabilidad y finanzas de la Javeriana de Cali, y experta en temas tributarios, recuerda que es necesario insistir en que los inversionistas no se van de un territorio solo por temas tributarios, sino que la competitividad, la seguridad, la estabilidad jurídica, entre otros, son variables tanto o más importantes que los tributos al elegir dónde invertir el capital.

Desde la visión de Mejía, Colombia debe hacerles la vida más sencilla a las empresas. “Un aspecto importante de esto es, en efecto, tener un sistema tributario más competitivo, lo cual no solo implica menores tasas impositivas para las firmas, sino además una estructura de recaudo más sencilla y mejor alineada con los estándares internacionales. Más importante, sin embargo, es ofrecer garantías de estabilidad jurídica de largo plazo”.

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Mejía complementó su idea diciendo que “las protestas recientes han hecho claro que las empresas están bastante desprotegidas ante diferentes tipos de iniciativas políticas. Consolidar un marco institucional en el que las empresas pueden desarrollar sus actividades sin temor a ser expropiadas o vandalizadas es indispensable para fomentar la inversión. Esto requiere compromisos de las diferentes fuerzas políticas del país”.

Por último, Ortiz indica que, más allá de tarifas en los impuestos, entre las cosas en las que debe trabajar Colombia está mejorar la estabilidad jurídica y mejorar el diseño del sistema tributario, sobre todo para ser más atractiva y minimizar los riesgos de que los capitales se vayan a paraísos fiscales, o que las empresas dejen de invertir en el país. “Las empresas necesitan poder hacer proyecciones financieras que les permitan desarrollar sus negocios de manera estable”.