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Economía y Finanzas

Paraísos fiscales y evasión: el billonario hueco en Colombia

Distintas modalidades de evasión de impuestos y un sistema tributario complejo: entre los flagelos que erosionan año tras año la capacidad del Estado de recaudar más dinero. Más de $40 billones se pierden anualmente por la omisión de las empresas.

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Billetes colombianos, dinero, economía, moneda, dinero en efectivo foto: Diana Rey Melo

En medio de una de las peores crisis económicas y sociales que ha enfrentado Colombia por la pandemia, la necesidad de recursos ha salido a flote y el país se alista para discutir y aprobar una nueva reforma tributaria en lo que resta de año. Controlar la evasión y ser competitivo frente a paraísos fiscales son factores que no se deben olvidar en la discusión.

Las cuentas de la Dian

Al año el país pierde más de $40 billones por evasión de IVA y renta de empresas, según previsiones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Sin embargo, esta cifra sería mucho mayor, pues según le dijo la entidad a Forbes, esta “no cuenta con una estimación de la evasión de personas naturales”.

En el último año la evasión del IVA fue de $20,7 billones y la de renta de personas jurídicas llegó a $21,6 billones, expuso la Dian al asegurar que dichos cálculos se realizan con base en datos macroeconómicos agregados derivados de las Cuentas Nacionales del Dane y las cifras de recaudo del impuesto correspondiente.

Los $42,3 billones que deja de recibir el país por evasión de impuestos por parte de las empresas al año es el equivalente al recaudo de casi tres reformas tributarias. Esto, teniendo en cuenta que la nueva reforma busca recaudar al menos $15 billones. Sin embargo, en promedio una reforma recauda alrededor de $8 billones. Dada la magnitud de esas cifras se insiste en fortalecer los ‘dientes’ de la Dian para mayor fiscalización.

Lea también: El país deja de recibir más de $40 billones al año por evasión de IVA y renta

De acuerdo con la entidad, en 2017 la tasa de evasión en IVA de personas jurídicas era de 20,2 % y en lo proyectado a 2019 esta habría sido de 23,2 %, mientras que en renta de empresas la tasa era de 37,8 % en 2015 y en lo proyectado para 2018 se estima que fue de 33,8 %.

Sobre las principales modalidades de evasión en Colombia, aunque sin el monto desagregado con el que participa cada una de estas en la cifra total, la Dian dijo que son seis: ocultar ingresos o aumentar gastos; incluir deducciones o gastos ficticios al momento de presentar las declaraciones; disminuir los ingresos de forma deliberada con el fin de reducir la base gravable de los impuestos; vender activos y no incluirlos como ingresos extraordinarios sino como ingresos operativos; no reportar o manipular la información exógena y crear empresas en paraísos fiscales.

Pese a que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de 2021, presentado en junio pasado, no se detalla una estimación de lo que pierde el país en total al año por evasión de impuestos, en el documento del Mfmp presentado en 2019 se exponía que la evasión tributaria “se estima en niveles cercanos al 30 % del recaudo total”.

Si esas estimaciones continúan vigentes, estos serían los recursos perdidos por la evasión en Colombia en los últimos años: $43,2 billones en 2018, $47,4 billones en 2019 y $43,8 billones en la crisis de 2020, si se tiene en cuenta que en esos años el recaudo total fue de $144,4 billones, $157,9 billones y $146,2 billones, respectivamente. Para 2021, la cifra sería de $48,3 billones si se cumple la meta de recaudo total de $161,2 billones que tiene la Dirección de Impuestos.

Aunque Forbes le preguntó a la Dian qué tanto del monto de evasión en Colombia podría dirigirse a paraísos fiscales, la entidad no respondió al detalle dicha información. Sin embargo, explicó qué países o territorios son considerados paraíso fiscal.

Los lugares clasificados como no cooperantes o de baja o nula imposición por parte de Colombia son 37 en total. Algunos de estos son: Qatar, Hong Kong, Trinidad y Tobago, Macao, Yemen, Líbano, Kuwait, Bahamas, Maldivas y Cabo Verde. Entre el listado no se encuentra a Panamá, uno de los países involucrados recientemente en un escándalo de paraísos fiscales.

Hay que tener presente que entre las razones por las que se consideran dichos territorios como paraísos fiscales según el Estatuto Tributario de Colombia está: “inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares; carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que lo limiten, y falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo”.

Lea también: Bienes sin IVA terminan subsidiando más a los de mayores ingresos que a los pobres: Anif

Las expectativas de la Dian

Dado el contexto, la entidad se enfrenta a un proceso de modernización que, junto a la plena implementación de la factura electrónica desde 2020, se espera que a partir de 2021 se empiecen a evidenciar de manera gradual las ganancias de recaudo derivadas de estas políticas. Dicho efecto se presentará de forma progresiva hasta 2023.

Así, las ganancias de recaudo derivadas de las políticas de fiscalización de la Dian ascienden a 0,3 % del PIB en 2021, 0,8 % en 2022 y 1,4 % a partir de 2023. En pesos, dichos porcentajes representarían alrededor de $3 billones, $8 billones y $14 billones, respectivamente.

“Aún sin incorporar plenamente el efecto de la modernización, la Dian ha reportado resultados favorables de gestión de recaudo, y en 2020 alcanzó la cifra histórica de $20,8 billones ($13 billones por gestión de cobro y $7,8 billones por fiscalización)”, dijo la entidad al añadir que, en lo corrido de este año hasta mayo, la administración tributaria ha recaudado $6,5 billones por gestión de cobro y $4,6 billones por fiscalización.

¿Qué hacer?

Javier Mejía, PhD en economía y profesor asociado de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, asegura que el mejor promotor de la tributación es un sistema de recaudo sencillo con tasas bajas. “Por un lado, reduce los costos de recaudo fomentando el cumplimiento, y por el otro, reduce costos de supervisión, lo cual hace más difícil la evasión”.

El experto añade que, como medidas complementarias, podrían aumentarse los recursos financieros y humanos asignados a los departamentos de impuestos. “En Colombia, puntualmente, uno de los mayores retos está en procurar que sectores informales y rurales paguen más. Enfrentar este reto exige innovación. Algo que ha resultado importante en ese esfuerzo ha sido, por ejemplo, la progresiva bancarización de la población colombiana”, comenta.

Por su parte Lina Ortiz, abogada consultora en impuestos, expresa que es necesario establecer definiciones, parámetros y procedimientos claros para que la administración pueda aplicar las medidas existentes. Añade que “actualmente el problema es llevar a la realidad las normas ya dispuestas en la materia, puesto que existe incertidumbre en los contribuyentes y, parece ser, que en la administración también”.

Lea también: Crecimiento de la economía colombiana se reduce en mayo por bloqueos y protestas

Sobre los paraísos fiscales, Mejía dice que existe una visión tradicional legalista a la hora de pensar el problema de dichos territorios. “Esta, básicamente, piensa que aprovechar la existencia de lugares con baja tributación viola una suerte de derecho natural que ciertos territorios tienen a una fracción de la riqueza generada por sus ciudadanos. Yo, personalmente, creo que en un mundo globalizado esa visión tiene poco sentido”.

Para el experto, una solución definitiva a los paraísos fiscales requeriría un cambio completo en la gobernanza mundial. No obstante, asegura que las alternativas que tienen países pequeños como Colombia para luchar contra la evasión en paraísos fiscales son realmente pocas. “Quizá la más efectiva sería el fortalecer acuerdos bilaterales de intercambio de información, lo cual exige gran voluntad política y destreza diplomática”.

Según Lina Ortiz, los paraísos fiscales pueden generar inequidades y afectar la sana competencia comercial, lo que incrementa la sensación de injusticia entre los contribuyentes. “Es de gran complejidad lograr desincentivar los paraísos fiscales dada la soberanía de esas jurisdicciones. Sin embargo, esto será posible en la medida en que el efecto en la imposición para el contribuyente sea el mismo y se logren mayores intercambios automáticos de información”.

Por su parte, Liliana Heredia, profesora del departamento de contabilidad y finanzas de la Javeriana de Cali, y experta en temas tributarios, recuerda que es necesario insistir en que los inversionistas no se van de un territorio solo por temas tributarios, sino que la competitividad, la seguridad, la estabilidad jurídica, entre otros, son variables tanto o más importantes que los tributos al elegir dónde invertir el capital.

Desde la visión de Mejía, Colombia debe hacerles la vida más sencilla a las empresas. “Un aspecto importante de esto es, en efecto, tener un sistema tributario más competitivo, lo cual no solo implica menores tasas impositivas para las firmas, sino además una estructura de recaudo más sencilla y mejor alineada con los estándares internacionales. Más importante, sin embargo, es ofrecer garantías de estabilidad jurídica de largo plazo”.

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Mejía complementó su idea diciendo que “las protestas recientes han hecho claro que las empresas están bastante desprotegidas ante diferentes tipos de iniciativas políticas. Consolidar un marco institucional en el que las empresas pueden desarrollar sus actividades sin temor a ser expropiadas o vandalizadas es indispensable para fomentar la inversión. Esto requiere compromisos de las diferentes fuerzas políticas del país”.

Por último, Ortiz indica que, más allá de tarifas en los impuestos, entre las cosas en las que debe trabajar Colombia está mejorar la estabilidad jurídica y mejorar el diseño del sistema tributario, sobre todo para ser más atractiva y minimizar los riesgos de que los capitales se vayan a paraísos fiscales, o que las empresas dejen de invertir en el país. “Las empresas necesitan poder hacer proyecciones financieras que les permitan desarrollar sus negocios de manera estable”.

Economía y Finanzas

Banco de la República mantiene en mínimo récord de 1,75% tasa de interés

La estabilidad en el costo del dinero contó el voto de la mayoría de los siete miembros del directorio del organismo.

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Banco de la República

La junta del Banco Central de Colombia dejó el viernes estable su tasa de interés de referencia en 1,75%, como parte de una política monetaria expansiva para respaldar la recuperación económica, aunque advirtió que el espacio se está cerrando por una mayor inflación y mejores pronósticos de crecimiento.

La decisión, en línea con lo esperado por el mercado, contó el voto de la mayoría de los siete miembros del directorio del organismo. Cinco de los codirectores apoyaron la estabilidad en la tasa, mientras que dos votaron por un incremento de 25 puntos básicos.

El equipo técnico del Banco Central subió la proyección de crecimiento económico para este año a 7,5% desde una previa de 6,5%.

“La tendencia de crecimiento retornó, luego del retroceso en la actividad económica que produjeron los bloqueos y los problemas de orden público. El equipo técnico incrementó su proyección de crecimiento para 2021”, dijo el gerente del organismo emisor, Leonardo Villar, al leer un comunicado.

Desde finales de abril Colombia enfrentó una ola de protestas contra el Gobierno en medio de las que se registraron actos de vandalismo y bloqueos de carreteras, provocando desabastecimiento y alzas en los precios de alimentos y los combustibles.

El emisor recordó que la inflación aumentó desde un nivel inferior a 2% en el primer trimestre a 3,3% en mayo y a 3,63% en junio.

El equipo técnico del Banco Central prevé que el déficit de la cuenta corriente aumentaría de 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 a 4,5% en 2021 y a 4,3% en 2022, en línea con la recuperación prevista de la demanda interna.

Para el organismo emisor la recuperación de la economía global se ha afianzado acorde con el avance en la vacunación contra el COVID-19, particularmente en las economías más avanzadas.

No obstante, advirtió que las nuevas cepas del virus continúan siendo un riesgo significativo de deterioro para el contexto económico internacional.

Catorce analistas habían pronosticado que la junta mantendría estable la tasa por mayoría. La tasa se ha mantenido en el actual mínimo histórico desde finales de septiembre de 2020 para promover un alivio financiero a las personas y empresas.

Los miembros de la Junta Directiva del Banco Central coincidieron en que se estaría cerrando el espacio para mantener la magnitud actual del estímulo monetario, dado el comportamiento de la inflación y su posible persistencia, como también la revisión al alza de los pronósticos de crecimiento.

“Eso no significa, sin embargo, que se vaya a acabar el espacio. El espacio para mantener una política monetaria expansiva existe, hay una brecha de producto importante, hay una tasa de desempleo grande (…) la magnitud de esa postura expansiva de la política monetaria podría empezar a reducirse en los próximos meses”, explicó Villar.

El equipo técnico del banco elevó su estimación de inflación para 2021, dijo Villar quien aseguró que la cifra exacta se publicará la próxima semana. 

*Con información de Reuters.

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Economía y Finanzas

En junio, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 14,4%

Las tasas de desocupación para hombres y mujeres fueron de 11,2 % y 19,0 %, respectivamente.

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció hoy que la tasa de desempleo de Colombia se ubicó en 14,4 % en junio de este año, lo que representó una reducción de 5,4 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020, que llegaba a 19,8%.

A su vez, la tasa de ocupación del país se ubicó en 51,1%, lo que representó un aumento de cinco puntos porcentuales comparado con junio de 2020, que obtuvo 46,1%, revelando así un incremento de 2,3 millones de personas en ocupación frente al mismo periodo del año pasado.

No obstante, los números aún presentan una reducción de aproximadamente dos millones de personas en comparación con junio de 2019. Para entonces, había 14,3 millones de personas fuera de la fuerza laboral en el país, mientras que en junio de 2021, la cifra llegó a 16,2 millones de personas, de las cuales 10,7 millones eran mujeres.

Lea también: Desempleo anual en Colombia llegó a 15,6% en mayo: DANE

Por su parte, las tasas de desocupación para hombres y mujeres durante el trimestre entre abril y junio de 2021 fueron de 11,2 % y 19% respectivamente, mostrando una diferencia de 7,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Durante el mismo periodo de 2020, estas tasas se ubicaron en 17,4% y 24,6% en cada caso.

La información también detalla que el desempleo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas se posicionó en 17,1%, lo que significó una disminución de 7,8 puntos porcentuales en comparación con junio de 2020, que registró una tasa de 24,9%.

En cuanto a las ramas de ocupacion que concentraron la recuperación de empleo en el país, el DANE destacó los sectores de comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, así como el alojamiento y servicios de comida, que representaron una contribución de 2,6, 2,2 y 1,7 puntos porcentuales, respectivamente.

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Economía y Finanzas

Gobierno radicó Presupuesto General de la Nación del 2022 por $350.4 billones

De estos recursos $210.1 billones se destinarán para funcionamiento del Estado, $ 78 billones para el servicio de la deuda y $ 62,2 billones para inversión.

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Foto: Presidencia de la República.

El ministro de Hacienda José Manuel Restrepo radicó en la noche de este jueves el Presupuesto General de la Nación de 2022 por un monto de 350.4 billones de pesos, lo que representa un incremento de 11,4 %, frente al presupuesto vigente este año, que es de $314 billones.

De estos recursos $210.1 billones se destinarán para funcionamiento del Estado, $ 78 billones para el servicio de la deuda y $ 62,2 billones para inversión.

Los sectores que tendrán más recursos en el 2022 son: educación ($43.3 billones), salud ($ 41.2 billones), defensa ($ 41. 9 billones), trabajo ($36 billones) e inclusión social con ($27.1 billones).

En el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN), que deberá ser aprobado por el Congreso antes del 20 de octubre, contempla 210,1 billones de pesos para gastos de funcionamiento, un alza de un 3,1% en comparación con el de 2021.

También incluye 78 billones de pesos para el servicio de deuda, un incremento de 10,6% y 62,2 billones de pesos para inversión, un 6,2% más que el que está en ejecución este año.

Los sectores que tendrán más recursos, de acuerdo con el PGN, serán educación con 49,3 billones de pesos, Defensa con 41,9 billones de pesos, salud con 41,2 billones de pesos, trabajo con 36 billones de pesos, hacienda con 23,9 billones de pesos y los programas de inclusión social con 21,7 billones de pesos.

De acuerdo con el Gobierno, el Presupuesto General de la Nación es “realista, transparente y responsable”, garantizará la protección de los más vulnerables, potenciará el crecimiento de la economía y cumplirá con una meta de déficit fiscal de 7% del Producto Interno Bruto.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que el PGN muestra el esfuerzo del Gobierno por mantener el apoyo presupuestal a la población vulnerable y a la recuperación de la economía, pese a las restricciones fiscales.

Austeridad en el gasto

“Gracias a estos esfuerzos será posible mantener un crecimiento del PIB por encima del 4% anual en 2022 y reducir la pobreza monetaria de 42,5% en 2020 a 36,8% en 2022”, aseguró el funcionario citado en un comunicado.

El plan contempla austeridad con el congelamiento de la nómina de funcionarios del sector público, el control de las compras de bienes no imprescindibles, mientras que apoyará la implementación del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC y el estatuto para emigrantes venezolanos.

La cuarta economía de América Latina se vio obligada a abandonar la reducción de su desbalance fiscal que venía realizando en los últimos años, debido a las necesidades de recursos para atender la pandemia de COVID-19, que la llevó a incrementar drásticamente su endeudamiento, poniendo en riesgo sus calificaciones crediticias.

Las agencias calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s le quitaron el grado de inversión a Colombia en los últimos meses.

Las asignaciones para el pago de mesadas pensionales ascenderán a 51,9 billones de pesos, un 19,6% por encima de las de 2021.

El presupuesto tiene en cuenta una meta de crecimiento económico de 4,3% para el próximo año, después de la histórica contracción de 6,8% en 2020.

El Gobierno del presidente Iván Duque radicó ante el Congreso recientemente un proyecto de ley de reforma tributaria por 15,2 billones de dólares (3.895 millones de dólares), después de que las protestas callejeras y la oposición de los legisladores obligaron a retirar una versión inicial más ambiciosa.

El Gobierno insiste en que la reforma tributaria es vital en medio de un aumento de la deuda, un déficit fiscal en expansión, preocupaciones de los inversores y necesidades sociales urgentes.

*Con información de Reuters.

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Finanzas personales

¡Atención! ¿Es un deudor moroso reportado en centrales de crédito? Ya casi llega la amnistía

La Corte Constitucional se pronunciaría en agosto sobre la reforma de Habeas Data que incluye una amnistía para deudores morosos.

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Amnistía para deudores morosos en Colombia.

La máxima instancia de los asuntos constitucionales en Colombia está apunto de tomar una decisión sobre la reforma a la ley estatutaria de Habeas Data, que además de modificar algunas condiciones de los reportes de los usuarios en las bases de datos de crédito, abre un proceso de amnistía para quienes, estando en mora, paguen sus créditos.

El Alto Tribunal podría tomar una de tres decisiones: declarar inexequible la nueva norma, declararla exequible pero con condicionamientos la ley o declararla totalmente exequible.

En estos dos últimos escenarios, la ley quedará lista para sanción presidencial. Uno de los asuntos que más interesa a los usuarios del sistema financiero es que a partir de la firma por parte del Primer Mandatario de este nuevo marco normativo empezará a regir una amnistía para deudores morosos que tendrá vigencia de un año.

En cualquier caso, la amnistía solo aplica para quienes se pongan al día con sus deudas y el “perdón y olvido” se refiere a eliminar bajo ciertas condiciones el reporte negativo referido a esa deuda. La amnistía nunca implica dejar de pagar la deuda.

Borrón y cuenta nueva

Natalia Tovar, vicepresidente jurídica de Datacrédito Experian, explicó durante un conversatorio sobre el tema las condiciones en que se va a dar esa amnistía o borrón y cuenta nueva, como se le ha denominado coloquialmente a esta norma.

Destacó que el año de amnistía se cuenta a partir del día en que el Presidente firma la ley. 

Al iniciarse ese período, el primer requisito es que el deudor se haya puesto al día con la deuda reportada.

La novedad consiste en que durante este periodo, el reporte negativo tendrá una duración máxima de seis meses, sin importar si se trataba de deudas con una mora larga.

Para deudas menores a seis meses el reporte negativo deberá ser eliminado apenas se cumpla el doble de la mora; en cualquier caso el dato negativo nunca estará vigente más allá de los seis meses.

Si el deudor pagó antes de la entrada en vigencia de la ley, su reporte quedará automáticamente eliminado si ya se cumplieron los seis meses desde que pagó; o seguirá vigente durante el tiempo que le quede pendiente según la nueva norma. Así que a muchas personas les conviene ir poniéndose al día con sus obligaciones, porque a la hora de la sanción de la ley habrán ganado algo de tiempo para la eliminación del dato negativo.

La norma también incluye una amnistía inmediata para quienes teniendo deudas en mora pertenezcan a sectores como micro, pequeñas y mediadas empresas, o sean deudores del Icetex, víctimas del conflicto, del turismo, la agricultura o independientes.

Más que una amnistía para deudores morosos

La norma establece otras medidas que buscan dar mayor transparencia en el uso de la información crediticia.

Una de ellas es que antes de generar un reporte negativo para deudas iguales o inferiores al 15% de un salario mínimo mensual se le debe informar a los deudores dos veces antes de reportarlos. Esto para evitar registros de cuantías mínimas que en muchas oportunidades ocurren por errores de los operadores de telecomunicaciones o los mismos bancos con saldos pendientes pequeños de una deuda.

Siempre y en todo momento, dice la norma, los scores de crédito de las personas se deben actualizar inmediatamente y no necesitan ningún trámite por parte del usuario.

Además, las huellas (registro sobre el número de consultas que distintos actores del mercado hacen del score de un usuario) pueden servir para establecer la calificación de un deudor.

Tovar explicó que es un mito que hoy las huellas sean un criterio de calificación de los usuarios del crédito en Colombia. “Eso pasa en países con pocas fuentes de información. En nuestro país ese dato no pesa mucho a la hora de fijar el score”, explicó.

Plazo para reportar

Otra medida que establece la nueva ley estatutaria es un plazo máximo para incluir reportes negativos. La medida señala que no se podrán incluir nuevos datos de mora si estos se dieron hace más de 18 meses. La norma es taxativa en que un dato negativo solo se puede incluir si la mora ocurrió en ese plazo. Si la entidad que reporta deja pasar ese plazo, no puede reportarlo como dato negativo.

Se confirma que la consulta de estas bases de datos debe ser gratuita siempre para todos los usuarios. Las principales bases ya implementaron este servicio.

Luego de superada la amnistía, la forma en que quedan los reportes es la siguiente: para moras cortas, menores a dos años, el reporte durará máximo el doble de la mora. Para moras mayores a dos años, el reporte durará 4 años y para moras insolutas, aquellas en las que el deudor no paga su pasivo, el registro negativo durará 8 años.

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Economía y Finanzas

La reforma tributaria de Carrasquilla que ahora propone Petro

El senador y candidato presidencial se refirió a temas como el impuesto a los dividendos y la renta a las mipymes, factores que estaban contemplados en el proyecto de Carrasquilla.

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Sigue la polémica en torno a la reforma tributaria. Al proyecto que ya está radicado en el Congreso se siguen sumando ideas a un debate que se extenderá hasta el próximo Gobierno, que tendrá que presentar una iniciativa similar en su primer año. Uno de los últimos en hablar ha sido el senador Gustavo Petro, cuyo aporte causó polémica nuevamente, aunque esta vez se dio por su similaridad con las propuestas del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

En un pronunciamiento dirigido al partido ‘Dignidad’ a través de su cuenta de Twitter, Petro sostuvo que no se debe subir el impuesto de renta a las empresas no financieras y no extractivas, y que además se debe disminuir el mismo gravamen a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como aumentar el impuesto a los dividendos.

El trino se originó tras un cuestionamiento del senador de dicho partido, Jorge Robledo, quién preguntó a Petro por su molestia ante la idea de unir a la mayoría del Congreso para impedir que el presidente Iván Duque castigue con más impuestos a las pequeñas y medianas empresas.

Lo curioso es que, en el proyecto presentado por Carrasquilla en abril, se creaba una sobretasa de renta de tres puntos porcentuales para sector financiero, que pagaría 33% frente al 30% anterior; se disminuía la renta para las mipymes, que pagarían 24% frente a 30% del resto de empresas, y se subía el impuesto dividendos de 10% al 15%.

El también candidato presidencial complementó su idea al destacar que el objetivo debe ser una reforma tributaria que no afecte a la pequeña y mediana empresa, asegurando a su vez que Duque va aumentar el impuesto a este nicho empresarial.

“No debe afectar la capacidad productiva y de empleo, por eso no hay que aumentar impuesto de renta a empresas productivas. Hay que desestimular que se saquen recursos de las empresas para sus propietarios, hay es que aumentar la inversión“, agregó.

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