Analistas cuestionan la viabilidad del anuncio del flamante presidente del Perú Pedro Castillo que implica a los jóvenes que ni trabajan ni estudian.
“Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar”, anunció el presidente del Perú Pedro Castillo ayer durante su Mensaje a la Nación, en la ceremonia de juramentación al cargo, celebrada en el Congreso de la República de Perú.
Un poco después, al referirse al “nuevo rol de las Fuerzas Armadas”, el mandatario brindó más información sobre la medida, indicando que se promoverá el ingreso al servicio militar “voluntario” —lo que se contradice con su primer anuncio que desliza la obligatoriedad de la medida— mediante la creación del programa “Ingresa a servir a tu patria y asegura tu preparación para el futuro”.
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Sin mayores precisiones, el anuncio no tardó generar polémica en las redes sociales, con reacciones asociadas al recorte de libertades de los jóvenes, el desafío de identificar a los que sí trabajan en un país con un nivel de informalidad que alcanza al 70% de la población económicamente activa, así como también aquellas que señalan la importancia de la medida para la formación de valores y para contener la creciente pobreza.
Más de 33 mil voluntarios
A la fecha, el servicio militar en el Perú es voluntario desde 2000 (antes era obligatorio) y cuenta con 33.887 voluntarios (28.205 en el Ejército, 3.655 en la Marina de Guerra y 2.027 en las Fuerzas Armadas), según informó a Forbes el Ministerio de Defensa, Seguridad y Justicia del Perú (Mindef).
En efecto, este servicio permite a los jóvenes peruanos, hombres y mujeres, de 18 a 30 años, acceder a diversos beneficios. Entre ellos, hospedaje, alimentación y vestimenta, descuentos para actividades culturales, cobertura de salud en los hospitales de las Fuerzas Armadas, instrucción militar y educación técnica productiva. Esto, destaca el Mindef, “amplía las oportunidades de inserción al mercado laboral”.
Además, los jóvenes voluntarios –que deben contar con estudios de primaria completa y ser solteros – acceden a una asignación mensual que va de los S/365 (US$93) a S/641 (US$161,7), según el rango. Por año (el servicio dura dos), se estima que por persona el Estado invierte unos S/10.000 (US$2.547), sin contar el costo de asignaciones especiales, informó el Mindef.
Así, para este año, considerando que según el Mindef existen plazas para 50.169 voluntarios, el presupuesto aproximado destinado para el servicio militar voluntario llegaría a S/501,6 millones (US$127,7 millones).
¿Cuán viable es la iniciativa?
Para analizarlo, es importante tener en cuenta los siguientes datos sobre el universo potencial de jóvenes implicados en la medida.
Respecto a los jóvenes que no trabajan, vale notar que la tasa de desocupación en los que tienen entre 14 y 29 años, antes de la pandemia triplicaba la de los adultos mayores de 30 años, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). ¿Cuántos sí trabajan? Según la entidad, al 2020, la tasa de participación en la fuerza de trabajo en el mismo segmento fue 54,9%, contrayéndose desde 59,4% en el 2019.
En cuanto a los jóvenes que no estudian, el Ministerio de Educación informó que más de 300.000 jóvenes dejaron sus estudios universitarios en el 2020 y un 38% abandonó estudios superiores en institutos tecnológicos.
Un anuncio cuestionable
Consultada sobre el anuncio, Natalia González, directora general del Instituto de Estudios Peruanos y especialista en educación, comentó que implementar un servicio militar obligatorio supondría un retroceso en el avance en los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes en el país en relación con los tratados internacionales.
En ese sentido, opinó que el nuevo Gobierno debería poner foco en los planes educativos de regreso a clases, así como en la promoción del acceso a la educación técnico-productiva para generar empleo.
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“Es necesario hacer política, conversar con el Gobierno y llegar a un acuerdo para darles un futuro de esperanza a esos jóvenes”, opinó.
De su lado, José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior de Perú, consideró que implementar el servicio militar obligatorio en la población joven vulnerable podría crear riesgos para la seguridad ciudadana.
“Si la idea de él es evitar la delincuencia juvenil, es la peor idea que pueda haber. Si a una persona que está en ese grupo de riesgo le das una instrucción militar, los conviertes en una bomba. Vas a conseguir todo lo contrario que querías alcanzar. El Ejército no es un reformatorio”, opinó Guadalupe.
Finalmente, sobre el impacto económico del anuncio, Carlos Adrianzen, decano de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), expresó que, a su juicio, el servicio militar obligatorio no debería ser un gasto prioritario para el Gobierno, considerando la reducción de los recursos fiscales por la pandemia por covid-19.
“Proveer de servicios militares, obligar que la gente haga servicio militar, tiene un costo fiscal siempre mucho mayor al que se estima”, agregó.
En ese sentido, apuntó que el perfil del ministro de economía de Castillo será decisivo para determinar cuáles serán los gastos más urgentes de la nueva administración. “(El ministro de Economía) le va a decir ‘hay para esto y no hay para otro’ y el presidente tendrá que elegir si cumple su promesa completa o parcial de la política”, concluyó.
Con la colaboración de Hugo Flores.