La Contraloría advierte que las tarifas, por ejemplo, se podrían elevar de $28.000 mensuales a $38.000. Dicen que tendría un gran impacto económico para todos los colombianos.
La Contraloría General de la República advirtió este lunes que la entrada en operación de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto de Buenaventura – Yumbo podría incidir en las tarifas que pagan los colombianos por el servicio del gas.
El llamado de alerta lo hizo el organismo frente a la licitación que adelanta el Gobierno Nacional para la selección del inversionista que se encargará de la construcción del proyecto. Uno de los argumentos de peso que presenta la Contraloría es que “el esquema de remuneración establecido implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al entrar en operación esta planta en 2024, dado que se verían afectados con un incremento del 32% en tres años”.
El objetivo de la Regasificadora es garantizar el suministro de gas en Colombia, tras el declive de la autosuficiencia energética. Un estudio de la Upme muestra, por ejemplo, que existe una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable hacia el año 2024 (más drástico que los ocurridos en los últimos 20 años), lo que hace necesario que la Planta de Regasificación de Buenaventura entre a operar hacia esa fecha.
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“Llama la atención a la Contraloría que la UPME plantee la necesidad urgente de construir la Planta Regasificadora del Pacífico, para suplir ese déficit de gas natural que se presentaría a partir de enero de 2024, toda vez que si el proceso de selección del inversionista se cumpliese sin ningún contratiempo y el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la misma UPME, se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit”, advirtió la Contraloría.
Los hallazgos del organismo hacen un énfasis en los costos y el impacto ambiental. Así, resume que para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales. Eso sería, advierten, una “situación preocupante dado su impacto económico para la gran mayoría de colombianos que hoy utilizan este combustible.
A esto se suma que no se advierte a la fecha que el Gobierno, a través de la Upme o del Ministerio de Minas y Energía, haya evaluado con la Autoridad Ambiental los requerimientos que conlleva en esta materia el licenciamiento para cada uno de los componentes de la infraestructura, en particular para la construcción del gasoducto.
“Si bien es cierto este licenciamiento corresponderá gestionarlo al adjudicatario, en la etapa de planeación se deberían considerar los tiempos y así establecer su posible afectación sobre la fecha prevista para tener la infraestructura”, destacaron.
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, le confirmó hace unas semanas a Forbes que la adjudicación de la Regasificadora podría estar lista antes de finalizar octubre. Cifras del Gobierno muestran que la planta costará cerca de US$400 millones, mientras que el gasoducto US$161 millones y la infraestructura de comprensión US$150 millones.
¿Qué dicen los empresarios?
Ante los hallazgos de la Contraloría, la Asociación Colombiana de Gas Natural en Colombia (Naturgas) aseguró que se ha dicho reiteradamente que el país debe priorizar la producción local de gas natural, teniendo en cuenta el gran potencial que tiene el país en costa afuera, yacimientos convencionales, y no convencionales.
De hecho, agregaron que ven la Regasificación como un proyecto exclusivamente de respaldo al sistema energético, cuya ubicación deberá depender de los estudios técnicos y de la eficiencia económica del proyecto.
“Le hemos planteado al Gobierno nacional que, antes de adjudicar la nueva planta de regasificación, se determine la demanda a beneficiar y se encuentren eficiencias económicas que protejan a los usuarios, al sector y le den competitividad al gas natural”, dijo Andrés Sarmiento Grisales, presidente encargado de Naturgas. “Hemos insistido también en la necesidad de reconocer la participación del sector térmico del interior del país en el proyecto, ya que este tendría un uso esperado del 66% de la capacidad”.
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