La tormenta que azota al Mintic por el lío de los centros digitales

La ministra de las TIC Karen Abudinen está en medio de una crisis por cuenta de la licitación de $2.13 billiones adjudicada a finales del año pasado con la meta de llevar internet gratuito a unos 15.000 centros digitales y colegios durante 11 años a las zonas rurales de Colombia.

Uno de los ganadores, la Unión Temporal Centros Poblados, es el centro del escándalo por retrasos en la ejecución del contrato, por haber falsificado documentos cuando se presentó a la licitación y por haber recibido el desembolso de $70.243 millones, que no está claro si el Gobierno podrá recuperar.

Hechos clave:

• La licitación adjudicada el 9 de diciembre de 2020 fue dividida entre dos ganadores entre los que se repartieron los departamentos del territorio colombiana para llevar conectividad gratuita a colegios en zonas rurales.

• Al operador de telecomunicaciones Claro le adjudicaron por $1,06 billones la región A, conformada por los departamentos Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
• A la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por empresas desconocidas en el sector, le adjudicaron por $1,07 billones la región B, conformada por Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
• Hace un par de meses, iniciada la ejecución del contrato, la Unión Temporal Centros Poblados empezó a retrasarse con la entrega de los puntos de conexión en los colegios. Cuando los convocaron a una audiencia de incumplimiento para hacer efectivas las garantías por parte del Banco Itaú, se descubrió que las garantías eran falsas porque la entidad financiera aseguró que no las expidió.
• A ese momento la Unión Temporal Centros Poblados había recibido un anticipo de $70.243 millones, de los cuales $58.000 millones fueron girados a una cuenta del Citibank de una compañía en Delaware, (Estados Unidos) y fueron girados a la empresa Incelsa SAS, una empresa colombiana con cuenta en el BBVA.
• Aunque la ministra de las TIC Karen Abudinen ordenó la caducidad del contrato y denunció los hechos ante la Fiscalía, no está claro si el país podrá recuperar los $70.243 millones que se entregaron como anticipo, porque desde la defensa de la Unión Temporal Centros Poblados dicen que estos ya estos fueron invertidos.
• Se cuestiona al Ministerio de las TIC por no haber validado la veracidad de las garantías durante la licitación y de haber girado los recursos.

Antecedentes:

En diciembre de 2020, cuando se estaba llevando a cabo la licitación, la W Radio denunció que las empresas que tienen la mayor participación de la Unión Temporal Centros Poblados no tienen que ver con el sector de las telecomunicaciones.

Por un lado, Intec de la Costa SAS en mayo de 2018 se vio involucrada en el escándalo de corrupción por la adjudicación de un contrato para el mejoramiento de una vía en el departamento de Bolívar, siendo parte del consorcio Vías de San Jacinto del Cauca que cedió  el contrato 10 días después de haberlo firmado.

Otros miembros del consorcio son Omega Building Constructora SAS, cuya experiencia es la construcción de edificios residenciales y construcción de obras civiles;  ICM Ingenieros también dedicada a la construcción de carreteras y al comercio al por mayor de materiales de construcción , ferretería, pinturas, productos de vidrio, etc. y la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, la única de los miembros que pudo demostrar su experiencia en siete contratos para participar en el proyecto de los centros digitales.

Qué viene:

Tanto los interventores del contrato, como SesColombia, la entidad contratada por el Ministerio de las TIC para la estructuración, análisis de riesgo y revisión de las garantías, están siendo interrogados por las autoridades.

La Contraloría General de la Nación escuchó a los interventores y está estableciendo un par de hallazgos, mientras que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación están recopilando material probatorio.

El Tiempo reportó que por este escándalo en el Ministerio de las TIC, salió a la luz una presunta fábrica de documentos falsos que se vienen usando para ganar licitaciones públicas.

Se conoce que la Unión Temporal Centros Poblados acudió al empresario Jorge Alfonso Molina García Mayorga y a Rave Agencia de Seguros para obtener las garantías.