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Aplicaciones como Uber, Beat y Didi denuncian persecución del Gobierno colombiano

Se presentó una demanda ante el Consejo de Estado en la que se argumenta que hay una circular del Gobierno en la que se violan los derechos de los consumidores. Se abre de nuevo la polémica.

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La Firma Robledo Abogados, apoderada del gremio que reúne a las diferentes plataformas de movilidad, denunció una persecución sistemática del Gobierno Nacional en contra de sus afiliados, así como de los usuarios y conductores que prestan servicios de transporte privada a través de diversas aplicaciones tecnológicas.

A través de un comunicado, Robledo Abogados informó que presentó demanda ante el Consejo de Estado contra la Superintendencia de Transporte para que esa máxima autoridad
judicial declare la nulidad de la Circular No. 15 de 2020.

Con esta circular, advirtieron, el actual superintendente de Transporte, Camilo Pabón pretende, de manera ilegal, “obligar a que las distintas autoridades de tránsito de las alcaldías interpreten que usuarios, conductores y plataformas tecnológicas de movilidad violan la ley y deban ser sancionados, cuando lo cierto es que su actividad es totalmente lícita pues se trata de la prestación de servicios de movilidad privada entre un ciudadano que requiere movilizarse y un particular con carro particular que está dispuesto a movilizarlo”.

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Pablo Felipe Robledo, exsupersociedades y socio de Robledo Abogados, explicó que esta circular hace parte de una serie de actuaciones del Gobierno, que junto con diferentes decisiones sancionatorias que se han impuesto contra las plataformas tecnológicas de movilidad, buscan proteger el interés particular del gremio de taxistas, desconociendo el derecho de los usuarios pasajeros a elegir libremente cómo movilizarse”.

De acuerdo con Robledo Abogados, la Superintendencia de Transporte amenaza a las autoridades municipales con investigarlas y sancionarlas si no inician acciones sancionatorias contra plataformas de movilidad, usuarios y conductores.

En sus palabras, esto “viola” los derechos de los consumidores, la libre competencia económica, el principio de moralidad administrativa, el principio de autonomía de las entidades territoriales y fija interpretaciones caprichosas de lo que debe entenderse por transporte público y privado”.

Con esta acción, buscan proteger la libertad de elección de los ciudadanos, el desarrollo tecnológico e ingresos económicos para el sustento de más de 200.000 hogares en los que, según ellos, viven alrededor de 750.000 colombianos que hacen parte de esta economía digital colaborativa.

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