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Juez frena la caducidad del contrato de Centros Poblados y el relevo a ETB

Un juez en Puerto Colombia (Atlántico) tomó una medida cautelar para “garantizar el debido proceso” al polémico contratista Centros Poblados, echando para atrás la caducidad y el embargo de cuentas que había decidido la ministra de las TIC Karen Abudinen.

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Karen Abudinen, ministra de las TIC de Colombia. Foto: Gobierno de Colombia.

Un juez promiscuo de Puerto Colombia (Atlántico) suspendió la caducidad del contrato que el Ministerio de las TIC venía desarrollando con el polémico contratista Union Temporal Centros Poblados del proyecto centros digitales que busca llevar internet a colegios en zonas apartadas en el país.

El el acta de decisión se argumentó que esta suspensión responde a la “protección al debido proceso” y que “se dará un día para que los involucrados ejerzan su derecho de defensa, expliquen y entreguen información sobre el caso”. Luego de ser notificados, los contratistas tendrán un día para presentar un informe relacionado con los hechos y alegaciones expuestos por el accionante, de igual forma dentro del citado término se deberán aportar las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del presente trámite constitucional

La Unión Temporal Centros Poblados es el foco del escándalo de la licitación de Centros Digitales por haber presentado garantías falsas, haber incumplido en la ejecución y a pesar de ello recibir un anticipo de $70.000 millones.

La ministra de las TIC Karen Abudinen había declarado no solo la caducidad del contrato, sino también el embargo de cuentas y bienes de Centros Poblados, buscando recuperar los recursos del anticipo, pero con la medida cautelar de la juez todo esto se frena.

También se frena el relevo del contrato a ETB, compañía que junto a su filial SkyNet había conformado la unión ETB Net y participado sin éxito en la licitación. Como la ministra de las TIC indicó que el contrato se le iba a entregar a ETB por haber obtenido el mejor puntaje después de Centros Poblados, el presidente de ETB Sergio González Guzmán manifestó que estaban dispuestos a mantener la oferta que presentaron en noviembre de 2020 y que estarían dispuestos a atender el contrato de $1,07 billones.

Hechos clave:

  • La licitación adjudicada el 9 de diciembre de 2020 fue dividida entre dos ganadores entre los que se repartieron los departamentos del territorio colombiana para llevar conectividad gratuita a colegios en zonas rurales.
  • Al operador de telecomunicaciones Claro le adjudicaron por $1,06 billones la región A, conformada por los departamentos Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
  • A la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por empresas desconocidas en el sector, le adjudicaron por $1,07 billones la región B, conformada por Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
  • Hace un par de meses, iniciada la ejecución del contrato, la Unión Temporal Centros Poblados empezó a retrasarse con la entrega de los puntos de conexión en los colegios. Cuando los convocaron a una audiencia de incumplimiento para hacer efectivas las garantías por parte del Banco Itaú, se descubrió que las garantías eran falsas porque la entidad financiera aseguró que no las expidió.
  • A ese momento la Unión Temporal Centros Poblados había recibido un anticipo de $70.243 millones, de los cuales $58.000 millones fueron girados a una cuenta del Citibank de una compañía en Delaware, (Estados Unidos) y fueron girados a la empresa Incelsa SAS, una empresa colombiana con cuenta en el BBVA.
  • Aunque la ministra de las TIC Karen Abudinen ordenó la caducidad del contrato y denunció los hechos ante la Fiscalía, no está claro si el país podrá recuperar los $70.243 millones que se entregaron como anticipo, porque desde la defensa de la Unión Temporal Centros Poblados dicen que estos ya estos fueron invertidos.
  • Se cuestiona al Ministerio de las TIC por no haber validado la veracidad de las garantías durante la licitación y de haber girado los recursos.

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