Esto significa que tanto la caducidad del contrato, como el embargo de bienes a los contratistas y el relevo a un nuevo contratista (ETB), sigue en pie.

Un juez promiscuo de Puerto Colombia (Atlántico) se retractó este miércoles en su decisión de aceptar la acción de tutela de la Unión Temporal Centros Poblados con la que se suspendía la caducidad del contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por $1,07 billones, con lo que la caducidad del contrato seguirá en pie por el momento.

En un principio, el juez Alberto Mario Ospino había ordenado suspender los efectos de la resolución en donde se ordenaba la caducidad del contrato, además de frenar la orden de embargo a la unión temporal y a todos sus integrantes hasta por $70.000 millones, pero decidió rechazar la acción de tutela y decidió remitir el caso al juez civil del circuito de Barranquilla para que tome una decisión en segunda instancia.

“La caducidad del contrato y las medidas que hemos adoptado para proteger los recursos y el desarrollo de este proyecto de conectividad, siguen en pie”, afirmó en su cuenta de Twitter la ministra de las TIC Karen Abudinen.

La ministra de las TIC Karen Abudinen había declarado no solo la caducidad del contrato, sino también el embargo de cuentas y bienes de Centros Poblados, buscando recuperar los recursos del anticipo, pero con la medida cautelar de la juez todo esto se frena.

De esta manera, se revive el relevo del contrato a ETB, compañía que junto a su filial SkyNet había conformado la unión ETB Net y participado sin éxito en la licitación. Como la ministra de las TIC indicó que el contrato se le iba a entregar a ETB por haber obtenido el mejor puntaje después de Centros Poblados, el presidente de ETB Sergio González Guzmán manifestó que estaban dispuestos a mantener la oferta que presentaron en noviembre de 2020 y que estarían dispuestos a atender el contrato de $1,07 billones.

Antecedentes:

  • La licitación adjudicada el 9 de diciembre de 2020 fue dividida entre dos ganadores entre los que se repartieron los departamentos del territorio colombiana para llevar conectividad gratuita a colegios en zonas rurales.
  • Al operador de telecomunicaciones Claro le adjudicaron por $1,06 billones la región A, conformada por los departamentos Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
  • A la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por empresas desconocidas en el sector, le adjudicaron por $1,07 billones la región B, conformada por Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
  • Hace un par de meses, iniciada la ejecución del contrato, la Unión Temporal Centros Poblados empezó a retrasarse con la entrega de los puntos de conexión en los colegios. Cuando los convocaron a una audiencia de incumplimiento para hacer efectivas las garantías por parte del Banco Itaú, se descubrió que las garantías eran falsas porque la entidad financiera aseguró que no las expidió.
  • A ese momento la Unión Temporal Centros Poblados había recibido un anticipo de $70.243 millones, de los cuales $58.000 millones fueron girados a una cuenta del Citibank de una compañía en Delaware, (Estados Unidos) y fueron girados a la empresa Incelsa SAS, una empresa colombiana con cuenta en el BBVA.
  • Aunque la ministra de las TIC Karen Abudinen ordenó la caducidad del contrato y denunció los hechos ante la Fiscalía, no está claro si el país podrá recuperar los $70.243 millones que se entregaron como anticipo, porque desde la defensa de la Unión Temporal Centros Poblados dicen que estos ya estos fueron invertidos.
  • Se cuestiona al Ministerio de las TIC por no haber validado la veracidad de las garantías durante la licitación y de haber girado los recursos.