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Las razones que llevaron a la Corte a tumbar la cadena perpetua para violadores

La Corte Constitucional señaló que la ley iba en contra de la Constitución y apuntó que los criminales tienen derecho a la resocialización.

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Aunque recientemente se le había dado luz verde al proyecto de ley de cadena perpetua para violadores de niños, en horas de la noche del jueves la Corte Constitucional declaró como inconstitucional dicha ley.

De acuerdo con el organismo, además de encontrar algunas contradicciones jurídicas en la norma y en la forma en la que se promulgó, también resaltó que en Colombia el derecho a la vida va primero.

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“La Sala Plena corroboró que el Estado Social y Democrático de Derecho fundado en la dignidad humana es el eje definitorio de la Constitución. Con fundamento en este eje definitorio se estableció que el derecho a la resocialización de la persona condenada es el fin primordial de la pena privativa de la libertad intramural“, dice la sentencia de la Corte.

Eso quiere decir que en el Estado social de derecho protege la vida y las personas que comenten delitos tendrían derecho a la resocialización. “Este fin esencial de la pena de prisión es acorde con el principio de la dignidad humana, pues solo si se reconoce que la persona condenada puede retomar su vida en sociedad, se comprende que es posible la modificación de su conducta y el desarrollo de su autonomía y su libre determinación“, agrega el documento.

Con esos argumentos sobre la mesa, la Corte manifestó que darle una prisión perpetua a una persona puede “constituir una pena cruel, inhumana y degradante, prohibida por los instrumentos internacionales, toda vez que se anula la esperanza razonable y efectiva de salir de la prisión y se margina definitivamente al individuo de la sociedad“.

Cabe recordar que el proyecto de ley fue promovido por el partido Centro Democrático y apoyado por varias bancadas y el mismo Gobierno. Sin embargo, algunos expertos habían manifestado que la medida podía no ser la solución a estos crímenes.

Ahora, las normas que estaban vigentes antes de la decisión quedarán rigiendo en los casos de abusos sexuales contra menores de edad.

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