Será una investigación disciplinaria para determinar las presuntas responsabilidades por el caso del contrato entre el Ministerio y Centros Poblados.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, para determinar presuntas responsabilidades por el caso del contrato entre el Ministerio y la Unión Temporal Centros Poblados.

En las últimas semanas, la ministra ha estado en el ojo del huracán por el enredo de uno de los ganadores de la licitación para conectar a colegios en zonas apartadas. El escándalo se desató por cuenta de la licitación de $2.13 billones adjudicada a finales del año pasado con la meta de llevar internet gratuito a unos 15.000 centros digitales y colegios durante 11 años a las zonas rurales de Colombia.

Abudinen ha sido criticada por varios sectores políticos, así como gremios y empresarios. Sin embargo, ella misma ha salido a defender su actuación frente a los hechos, así como ha dicho que ayudará a esclarecer todo lo sucedido.

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Con este anuncio, la Procuraduría recolectará pruebas y escuchará testimonios sobre la licitación que ganó Centros Poblados. También escuchará a la ministra, así como a las partes implicadas en el proceso.

Hechos clave en el caso:

  • La licitación adjudicada el 9 de diciembre de 2020 fue dividida entre dos ganadores entre los que se repartieron los departamentos del territorio colombiana para llevar conectividad gratuita a colegios en zonas rurales.
  • Al operador de telecomunicaciones Claro le adjudicaron por $1,06 billones la región A, conformada por los departamentos Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
  • A la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por empresas desconocidas en el sector, le adjudicaron por $1,07 billones la región B, conformada por Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
  • Hace un par de meses, iniciada la ejecución del contrato, la Unión Temporal Centros Poblados empezó a retrasarse con la entrega de los puntos de conexión en los colegios. Cuando los convocaron a una audiencia de incumplimiento para hacer efectivas las garantías por parte del Banco Itaú, se descubrió que las garantías eran falsas porque la entidad financiera aseguró que no las expidió.
  • A ese momento la Unión Temporal Centros Poblados había recibido un anticipo de $70.243 millones, de los cuales $58.000 millones fueron girados a una cuenta del Citibank de una compañía en Delaware, (Estados Unidos) y fueron girados a la empresa Incelsa SAS, una empresa colombiana con cuenta en el BBVA.
  • Aunque la ministra de las TIC Karen Abudinen ordenó la caducidad del contrato y denunció los hechos ante la Fiscalía, no está claro si el país podrá recuperar los $70.243 millones que se entregaron como anticipo, porque desde la defensa de la Unión Temporal Centros Poblados dicen que estos ya estos fueron invertidos.
  • Se cuestiona al Ministerio de las TIC por no haber validado la veracidad de las garantías durante la licitación y de haber girado los recursos.

Antecedentes:

En diciembre de 2020, cuando se estaba llevando a cabo la licitación, la W Radio denunció que las empresas que tienen la mayor participación de la Unión Temporal Centros Poblados no tienen que ver con el sector de las telecomunicaciones.

Por un lado, Intec de la Costa SAS en mayo de 2018 se vio involucrada en el escándalo de corrupción por la adjudicación de un contrato para el mejoramiento de una vía en el departamento de Bolívar, siendo parte del consorcio Vías de San Jacinto del Cauca que cedió  el contrato 10 días después de haberlo firmado.

Otros miembros del consorcio son Omega Building Constructora SAS, cuya experiencia es la construcción de edificios residenciales y construcción de obras civiles;  ICM Ingenieros también dedicada a la construcción de carreteras y al comercio al por mayor de materiales de construcción , ferretería, pinturas, productos de vidrio, etc. y la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, la única de los miembros que pudo demostrar su experiencia en siete contratos para participar en el proyecto de los centros digitales.