Los empresarios mexicanos han perdido más de 770 mil dólares en intereses generados por los créditos automotrices, dice Salvador Padilla, abogado del bufete jurídico mexicano Cohepza.

La Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá subasta, sin autorizaciones judiciales, bienes inmuebles y vehículos de lujo de empresarios mexicanos, quienes han demostrado que el origen de su dinero no proviene ni está ligado al crimen o al narcotráfico.

“Contrario a lo dispuesto por la Constitución Política de Panamá y de la Convención Americana de Derechos Humanos se han vendido bienes muebles, como vehículos de empresarios, sin que exista autorización judicial y sin que obre sentencia o juicio”, revela Salvador Padilla, abogado del despacho jurídico Hernández y Fernández y del bufete jurídico mexicano Cohepza.

Según el defensor de los empresarios mexicanos, se transfirió dinero ilegalmente a cuentas bancarias de bancos públicos a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual ya provocó un perjuicio económico mensual de 35 mil dólares.

En los últimos 22 meses, los inversionistas mexicanos, que fueron invitados por las autoridades panameñas a invertir en su boyante industria, han perdido más de 770 mil dólares en intereses generados por los créditos automotrices.

Salvador Padilla señala que esas acciones son un acecho al capital privado mexicano, quienes en su momento decidieron invertir en Panamá por ser un país con certeza jurídica y certidumbre.

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“Están vendiendo carros que no han sido decomisados por sentencia alguna, e inclusive desacatando órdenes de jueces de garantías de Ciudad de Panamá, se trata de bienes muebles que están simplemente asegurados y no hay pruebas en los procesos legales en contra de los dueños”, dice a Forbes el abogado mexicano, quien explica que las autoridades de Panamá están vendiendo los vehículos de lujo porque según estas su costo de mantenimiento es elevado y no pueden pagarlo.

Rodolfo Ferreira, quien dejó el Ministerio de Economías y Finanzas (MEF), fue consciente de que el vender bienes muebles sin autorización judicial es un delito, recordó.

En más de una ocasión los vehículos fueron pedidos por parte de su dueño, el empresario mexicano, pero no le fueron entregadas las unidades y declararon que estaban bajo el resguardo en un estacionamiento.

Posteriormente, la Empresa Nacional de Autopistas de Panamá (ENA) envió al empresario mexicano un estado de cuenta con miles de dólares en deudas por el uso de las autopistas en cobranza.

Los vehículos habían sido asignados a entidades públicas sin haberle notificado al empresario, incluso el ex director de la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF, Rodolfo Ferreira Sánchez, utilizaba una camioneta de lujo marca Range Rover modelo Vogue, dejando deudas activas y un desgaste notable en los bienes, agregó.

“Los fiscales tienen todo el incentivo para seguir dilatando este robo descarado, porque cada mes se ven beneficiados del interés incautado de 35 mil dólares”, comentó.