La iniciativa ha generado rechazo de gremios de prensa.
El viernes pasado, el mismo día que el presidente peruano Pedro Castillo inició la que es su primera gira internacional (viajó a México y Estados Unidos para participar de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Asamblea General de las Naciones Unidas), la bancada de su partido —Perú Libre— presentó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca revisar la regulación sobre medios de comunicación a nivel nacional.
La iniciativa legislativa, que lleva la rúbrica de “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”, ha levantado las alertas de los gremios y sociedades de prensa, toda vez que abre la puerta para que el Gobierno controle los contenidos en situaciones de emergencia decretadas.
Así lo sugiere el artículo 4 del proyecto de ley 268/2021-CR, presentado por el congresista oficialista Abel Reyes, con el respaldo de seis compañeros de curul.
En dicho escenario (de emergencia por decreto), “el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones”, reza la iniciativa.
De manera adicional, el proyecto propone que el Poder Ejecutivo, excepcional y transitoriamente, “podrá asumir la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos de necesidad y urgencia”.
Reacción inmediata y polémica
La propuesta de la bancada oficialista, en particular el artículo 4, no tardó en generar reacciones de rechazo. Así lo han manifestado públicamente la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
A nivel regional, también es cuestionada por la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. “Estos proyectos suelen llevar inserto un virus de censura, de intención de controlar el debate ciudadano. La ley tal y como está redactada deja un amplio margen para la discrecionalidad.Nadie puede estar en desacuerdo con el objetivo de lograr mayores voces, lograr que a todo l territorio peruano lleguen las telecomunicaciones, pero hay un alto riesgo de censura y de controlar contenidos en varios párrafos del proyecto”, declaró Carlos Hugo Jornet, presidente de la organización, a El Comercio.
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La Defensoría del Pueblo de Perú también se expresó sobre el proyecto y solicitó al Congreso que lo archive. En efecto, la mayoría de las bancadas del Congreso ha anticipado que no apoyará la iniciativa.
Incluso el propio canciller Óscar Maúrtua —quien estaba acompañando a Pedro Castillo en su gira internacional— objetó la propuesta, alegando que “colisiona con instrumentos de carácter multilateral” como la Convención de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
De fondo
Dos expertos en comunicación consultados por Forbes coinciden en que la iniciativa oficialista supone riesgos para la libertad de expresión en el país.
A juicio de Miguel Antezana, profesor de la escuela de negocios ESAN, no solo deja entrever el deseo del Gobierno de “controlar medios y contenidos”, sino también el desconocimiento de la realidad y evolución del sistema de medios durante la pandemia por covid-19. “Hay grupos de periodistas que tienen hasta su propia web y hasta más alcance que las propias televisoras establecidas”, sostiene.
Sobre la necesidad pública del proyecto, Antezana es contundente. “Estamos en un Estado de Emergencia desde hace año y medio y no ha habido ninguna necesidad de tomar el control de medios de comunicación”, señala, sobre la emergencia sanitaria por covid-19 que en el Perú ha sido recientemente extendida hasta el 1 de octubre.
En ese sentido, el experto en comunicación cree que la iniciativa es un “globo de ensayo” de la bancada oficialista en el Congreso, para evaluar cómo reacciona la gente a sus propuestas. “No me sorprendería que salgan (presenten) cosas (proyectos de ley) más extrañas por otro lado”, vaticina Antezana.
Finalmente, el profesor de ESAN agrega que el actual proyecto de ley —de ser aprobado— tendría un efecto boomerang para el Gobierno. “Lo que provocaría es todo lo contrario: que la gente se revele y los usuarios de redes sociales y medios alternativos sean más incisivos en observar las labores del Poder Ejecutivo”, opina.
De su lado, Jorge Acevedo, magíster en ciencia política y gobierno y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), está de acuerdo con Antezana en cuanto a los riesgos que abre el artículo 4 para la libertad de expresión.
“¿A qué medidas temporales se refiere?”, cuestiona. “Es un artículo vago que podría ampliar peligrosamente la discrecionalidad de los Gobiernos en relación con los medios de comunicación en estas llamadas situaciones de emergencias”, señala.
Posibilidad de debate
No obstante, para Acevedo hay asuntos que el proyecto pone en agenda, como la propiedad cruzada y el pluralismo y diversidad de medios, que a su entender deberían incentivar el debate para la actualización de la ley de radio y televisión.
En efecto, el proyecto de ley además del controversial artículo 4, busca descentralizar el sistema de radio y televisión en el país, con foco en las comunidades andinas y amazónicas y en los contenidos educativos.
Para ello, propone una flexibilización en el acceso a las licencias y la publicidad.
Según el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), al 30 de diciembre del 2020, en Perú, el 73,5% de las licencias para radio y televisión son de medios cuya finalidad es comercial; el 25,3% es educativa; y el 1,13% es comunitaria. Asimismo, de las 7.845 licencias de radio y televisión que se han otorgado en el país, solo 89 son de radios y televisión comunitarias.
“Los medios comunitarios están circunscritos por ley a zonas de interés social y poblaciones rurales de 10.000 habitantes como límite. Pero eso es discutible en Lima, donde existe la comunidad shipiba coniba de Cantagallo. ¿Por qué no podría tener una radio comunitaria que se escuche en el ámbito de Lima Metropolitana? ¿O por qué el movimiento LGTB+Q no puede tener una radio comunitaria?”, plantea Acevedo.
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De manera adicional, Acevedo sostiene la necesidad de revisar los mecanismos de licitación de las licencias, gestionados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, toda vez que estos priorizan la mejor propuesta económica. Agrega que habría que vigilar que las licencias comunitarias no recaigan en las mismas personas naturales y que se cumpla su propósito social.
Más allá de los detalles, Acevedo advierte que cualquier debate sobre medios no debería ocurrir en un escenario de polarización, como el que a su juicio existe actualmente entre el Gobierno y “el sector más poderoso de la prensa”, dice.
“Los medios apostaron por la candidatura de Keiko Fujimori vigorosamente y luego hicieron un eco muy importante a la denuncia de un presunto fraude en mesa que no pudieron probar hasta la fecha y tienen una actitud crítica bastante marcada, con relación a Castillo”, anota Acevedo, sobre segunda vuelta electoral, en la que Castillo resultó ganador.
A diferencia de Antezana (que considera que el proyecto es reflejo del ideario político de Perú Libre), para el profesor de la PUCP, a través del proyecto, el Gobierno podría estar respondiendo a la crítica mediática.
“Me parece una reacción de diversos grupos políticos frente a los medios. Eso no debería ser una justificación para evitar un debate amplio y plural sobre la necesidad de una regulación democrática de las comunicaciones”, concluye.
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