29 gremios consideran que esta propuesta es una medida que afecta la igualdad como principio constitucional y profundiza el déficit fiscal del país.
El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los gremios más importantes de Colombia, se mostró el domingo en desacuerdo con el traslado exprés a Colpensiones propuesto en el artículo 104 del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que cursa en el Congreso de la República.
Los gremios ahí representados, 29 en total, piden al Gobierno que se elimine el artículo para que se eviten medidas “que afecten” la igualdad como principio constitucional y profundicen el déficit fiscal del país.
“La disposición contenida en el artículo 104 resulta ser un mecanismo que genera desigualdad, toda vez que se enfoca en un grupo poblacional específico que se beneficiarán del subsidio pensional que otorga el estado”, indicó el ente a través de un pronunciamiento.
En Colombia, cuyas edades de pensión de mantienen en 62 años para hombres y 57 años para mujeres, las personas solo se pueden cambiarse de régimen (Del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad que administran los fondos privados al Régimen de Prima Media que administra Colpensiones, o viceversa) solo a 10 años de pensionarse.
El artículo incluido en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación permitiría a hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47 años, hacer su traslado exprés de un fondo privado a Colpensiones si han cotizado como mínimo 750 semanas previamente en ese régimen
El proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas y ahora pasará a las plenarias de Cámara y Senado para continuar su trámite legislativo, que debe quedar finalizado antes del 20 de octubre.
De salir victorioso el artículo 104, algunas personas que logren pasarse a Colpensiones podrían obtener pensiones más altas por los subsidios que otorga el Estado a través del Régimen de Prima Media, pero esto supondría una nueva carga fiscal en medio de un creciente déficit que se acentúo por el golpe económico de la pandemia del coronavirus.
Según el Ministerio de Hacienda, que está impulsando la propuesta, se beneficiarían cerca de 19.000 personas, con un costo fiscal de $3,8 billones, una adición presupuestal que tendría que financiarse con más impuestos o con más deuda. Desde varios sectores han advertido que el costo fiscal sería superior al estimado por el Gobierno.
“A pesar de que el proyecto de ley busca generar una sostenibilidad fiscal en el corto plazo, el efecto de la norma a futuro implicará extra-costos que tienen un impacto negativo en el sistema pensional y fiscal del país”, indicó el Consejo Gremial en su posición. “Los esfuerzos que debe realizar el Gobierno Nacional y el Congreso de la República deben ir encaminados a ampliar la cobertura de acceso al régimen pensional”.
Para el Consejo Gremial “es necesario dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales,
garantizando que todo proyecto de ley se refiera sobre una misma materia y su articulado mantenga una relación temática, sistemática y teleológica”.