Camacol sostiene que reducir los aranceles seguiría dinamizando el sector constructor. Sin embargo, la Andi responde que se pondría en riesgo la industria nacional del acero, que emplea a más de 45.000 colombianos.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) mostró su preocupación ante la eventual decisión que tomaría el Gobierno Nacional de reducir los aranceles de las varillas de acero del 10% al 5%.
“Resulta sorprendente y preocupante la decisión tomada por el Comité Triple A de recomendar reducir los aranceles de las varillas de acero… No solo existen en Colombia 5 organizaciones con capacidad amplia de producir estos productos, sino que en la actualidad los mismos se pueden importar con 0% de arancel de al menos cuarenta países con los que Colombia tienen Tratado de Libre Comercio”, advirtieron.
El gremio empresarial sostiene que para todos los efectos se trata de una medida aplicable solo a producto proveniente de China, Turquía, Ucrania y Rusia, unos países todos cuestionados globalmente por sus prácticas comerciales depredadoras en esta industria.
Agregan que la recomendación de ese comité resulta ser un mensaje totalmente contradictorio para la industria nacional y la inversión extranjera. De hecho, las empresas del sector argumentan que se entrar en vigor esta medida se tendrían devastadores efectos en la industria.
“Esta decisión, que carece de sustento técnico, es un golpe a la inversión
extranjera en el país, que en el caso del acero colombiano asciende a los US$620 millones en los últimos cinco años, incluyendo los $270.000 millones invertidos en la nueva planta en Palmar de Varela (Atlántico) de Ternium en plena pandemia”, advirtieron a través de un comunicado. “Además, pone en riesgo más de 45.000 empleos directos e indirectos que dependen de esta industria”.
La polémica de reducir o no los aranceles de importación se da luego de que la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) pidiera eliminar el arancel NMF del 10% que se le aplica a las barras de acero corrugado que se importa en el país.
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Desde Camacol argumentan que el precio del hierro y del acero registró un incremento mayor al 30% en los últimos meses según el Índice de Costos de Construcción de Vivienda del DANE, como uno de los mayores aumentos de precios en el conjunto de materiales utilizados en la construcción.
“La coyuntura de precios de estos insumos nos obliga a construir, entre todos los actores y de manera inmediata, acciones y soluciones que contribuyan a minimizar el impacto negativo sobre el empleo, la política de vivienda y la reactivación económica que se puede generar por el hecho de aplazar la construcción de 238.000 Viviendas de Interés Social”, dijo hace unas semanas la presidente ejecutiva de Camacol Sandra Forero Ramírez.
La Andi responde ante esta polémica diciendo que la construcción cuenta con importantes subsidios otorgados por el Estado, lo que ha hecho de el mismo un gran motor de crecimiento que hemos apoyado desde la industria.
Incluso, destacan que una de las grandes virtudes del dinamismo en construcción es que genera demanda y encadenamientos de otros sectores, permitiendo que el esfuerzo fiscal beneficie a grupos más amplios de la economía. “El beneficio efectivo que esta medida puede tener para un constructor de vivienda se estima en tan solo el 1,2% en su costo directo, sin embargo, pone en peligro la viabilidad de todo un sector”.
El Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi, que agrupa a Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc S.A. y Ternium, empresas que representan el 100% de la producción nacional, detalla que además la medida es ineficaz pues no tendrá efectos sobre la estructura de costos de los proyectos VIS en el país, no lograra ninguna reducción efectiva en el precio final del productor pero sí afectará una industria que está en la capacidad de abastecer la demanda.
“La reducción de este arancel equivale a la firma de un TLC express con países como Turquía y China, una concesión unilateral de beneficios sin que Colombia obtenga nada a cambio”, dice María Juliana Ospina, Directora del Comité de Productores de Acero de ANDI.
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Ospina explica que se está castigando a una industria que durante la pandemia no sólo mantuvo el 100% de sus empleos, sino que además realizó inversiones en pro del desarrollo social de diferentes regiones del país. Vale resaltar que una medida de esta
naturaleza tiene un costo fiscal que superará los $ 18.000 millones de pesos que serán asumidos por el Estado.
“Nos preocupa mucho esta noticia. Ahora tendremos que medir el impacto en nuestra operación; y las medidas para poder hacer frente a esta baja de arancel. En cualquier caso, se afectará la industria de Colombia; y en consecuencia sus trabajadores y sus familias y los beneficiados serán empresas de países que operan en competencia desleal. Es un retroceso”, concluye Sebastián Castro, presidente de Ternium.
En Colombia el consumo de acero corresponde en un 65% a producción local y un 35% a importaciones, principalmente de países como México y Brasil, con los que se tiene TLC.