La autoridad está a favor de la renegociación del contrato de explotación con el operador. El yacimiento Camisea aporta una sexta parte por canon del presupuesto de la región conocida en el mundo por su joya turística, Machu Picchu.
El Santuario Histórico de Machu Picchu y el yacimiento Camisea tienen algo en común. No solo están ubicados en la selva amazónica que cubre parte de la geografía de la también andina región del Cusco. También aportan presupuestos significativos para la región y el país.
Antes de la pandemia, Machu Picchu generaba unos S/180 millones (US$44 millones aproximadamente) anuales por ingresos. En tanto, Camisea —el yacimiento de gas con el que el Perú genera 40% de su electricidad— supone para el Gobierno Regional del Cusco ingresos por canon de alrededor de S/300 millones (US$72,6 millones) . Esto es poco más de una sexta parte del presupuesto anual de la región, equivalente a S/2.000 millones (US$484,5 millones), precisó Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco.
Forbes consultó al gobernador su posición sobre el anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, respecto a una eventual “nacionalización” del yacimiento de Camisea si el consorcio operador homónimo no acepta una renegociación de los contratos.
El sorpresivo mensaje fue publicado por Bellido a pocos minutos de las 10 de la mañana del domingo pasado. No era un asunto en la agenda pública del Gobierno de Pedro Castillo, quien reaccionó al tweet del jefe de gabinete recién en la noche del mismo día.
“La nacionalización no es un esquema que nosotros podríamos verlo por las consecuencias que generaría en una economía que ha venido de manera estable abierta a la inversión”, afirma Benavente sobre el asunto.
Por el contrario, Benavente sí está a favor de hacer cambios en el contrato que fue firmado en el 2000 y cuya duración es de 40 años.
A juicio del gobernador, la renegociación debería realizarse no solo con el consorcio encargado de la explotación de gas (Consorcio Camisea), sino también con la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), que administra el transporte del hidrocarburo vía ductos desde la planta de producción en la selva hasta la costa, donde se refina para el mercado local y externo.
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En opinión del economista, simpatizante del partido Acción Popular, la renegociación del contrato debería enfocarse en tres ejes: la participación del Estado sobre las decisiones asociadas a la venta del gas, los costos de transporte y el precio del combustible, y la redefinición de la ubicación de las plantas de procesamiento de gas —para convertirlo a gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural vehicular (GNV)— para reducir los costos logísticos que impactan en el precio al consumidor final.
“Estas cosas deberían negociarse en un diálogo, respetando el Estado de derecho“, comenta.
Al respecto, informa que mañana jueves se reunirá con el presidente del Consejo de Ministros para abordar estas cuestiones. Repara que Bellido le anticipó el lunes por teléfono que presentaría una carta al consorcio para iniciar la renegociación del contrato, como efectivamente lo hizo, acercándose a las oficinas de Pluspetrol, socio mayoritario del consorcio.
“Ayer mismo él (Bellido) me llamó por teléfono señalándome, justamente, que iba a ir a la empresa a entregar la propuesta de renegociación, o sea, seguro que ha escuchado también la posición que tenía Cusco al respecto”, dice al respecto.
La propuesta cusqueña
Según Benavente, la revisión del contrato debería apuntar a crear condiciones para masificar el acceso a gas natural domiciliario a nivel nacional.
“Hasta la fecha, solamente 1,4 millones de viviendas están conectadas al gas domiciliario y nuestra propuesta es que por lo menos lleguemos a 5 millones de viviendas peruanas que puedan estar conectadas a este recurso energético”, indica el gobernador.
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En ese sentido, Benavente explica que el Gobierno Regional del Cusco está por concluir un perfil técnico definitivo para la construcción de una planta de fraccionamiento que podría ubicarse cerca de válvulas de gas natural asociadas al yacimiento Camisea. El costo de la planta asciende a S/100 millones (US$24,2 millones), según el estudio, y podría financiarse vía un convenio tripartito entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional de Cusco y la Mancomunidad Municipal Amazónica de La Convención (provincia cusqueña donde se ubica el yacimiento de Camisea).
“La operación misma dependerá de cómo hacemos algún contrato de gestión, etcétera, con alguna empresa, para cambiar a un nuevo modelo de explotación de este recurso”, explica.
Para Benavente, Pluspetrol o TGP podrían participar de este nuevo proyecto.
“La idea es que el rol del Estado subsidiario debe de ir allí donde la empresa ya no puede intervenir por un tema de rentabilidad económica. Entonces, es nuestro rol también implementar esta planta y luego garantizarles que pueda operar y no se convierta en un elefante blanco”, concluye Benavente.
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