Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, el combate a la corrupción es uno de los mayores desafíos que hay en la región.
La corrupción es un mal que aqueja a todos los países del continente, principalmente a los que conforman la región latinoamericana. Ya sea por violentar la autonomía de las instituciones, perseguir la libertad de expresión o proteger a funcionarios acusados de peculado o abuso de autoridad, la corrupción avanza de manera alarmante, comentó Luz Daniela Martínez Chávez, abogada y socia del despacho Martínez Ocampo & Chávez Vaca SC.
Y es que según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), el cual evalúa la capacidad de 15 países latinoamericanos para descubrir, sancionar y prevenir estos actos, el combate a la corrupción ha decaído en esta zona, que representa casi el 95 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de toda la región.
Al respecto, la especialista en derecho penal y delitos de cuello blanco destacó que el combate a la corrupción es uno de los mayores desafíos que hay en América Latina, así como uno de los puntos que se debe fortalecer con mayor énfasis. “Existe una visión negativa de la ciudadanía con respecto a los servidores públicos en cualquier país; por ello es necesaria la promoción de la legalidad y la sanción efectiva de los actos de corrupción”, dijo.
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De acuerdo con la información del CCC, Uruguay es el país con la puntuación más alta (7,80/10), seguido de Chile (6,51), Costa Rica (6,45), Perú (5,66), Argentina (5,16), Brasil (5,07), Colombia (4 ,81), Ecuador (-4,77), Panamá (4,55), la República Dominicana (4,38), México (4,25), Paraguay (4,08), Guatemala (3,84), Bolivia (2,43) y Venezuela (1,40), que es al momento el que menos ha obtenido resultados en su combate a la corrupción.
En este contexto, la experta recordó que recientemente Óscar Álvarez Marroquín, expresidente del Banco de Guatemala, consideró que las mismas reglas de la democracia han facilitado la corrupción tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Legislativo, cuyas campañas políticas han reportado financiamiento tanto del sector privado, como del narcotráfico.
Ante ello, la socia de la firma explicó que una alternativa eficaz para combatir este mal que resquebraja el tejido social, es el Compliance gubernamental, el cual contribuye a la celeridad de trámites burocráticos, además de ampliar el margen de transparencia y la profesionalización de los servidores públicos.
“Es a través del Compliance gubernamental que se pueden dar pasos firmes hacia la implementación de políticas que contribuyan a mejorar la vida social y atiendan las necesidades que existen en nuestros países latinoamericanos”, aseguró.
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