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¿Por qué están disparadas las tarifas de energía en la región Caribe?

Varios congresistas señalan que los aumentos son ‘escandalosos’ y no corresponden a la realidad del servicio. El Gobierno, sin embargo, advierte que el incremento se contempló en el acuerdo inicial cuando se vendió Electricaribe. Se enciende la polémica.

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Las elevadas tarifas de energía en la región Caribe han desatado en las últimas semanas una nueva polémica sobre las razones de fondo que han impulsado a Afinia y Air-e a tomar este tipo de decisiones. Varios congresistas han señalado que los aumentos son escandalosos y no están pactados con los acuerdos iniciales, mientras que el Gobierno Nacional ha dicho que todo se está cumpliendo bajo la hoja de ruta que se trazó.

El motivo de esta nueva discusión se debe a que los usuarios residenciales de esta zona del país argumentan que las tarifas se han elevado entre 5% a 10%, dependiendo el departamento y la empresa. La molesta se da debido a que se cobra más en la factura, aún cuando se sigue presentando una precaria prestación en el servicio.

Las dos empresas por las que se dividió Electricaribe y las que hoy se ocupan de este mercado le han salido al paso a estas quejas advirtiendo que el alza estaba estipulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Hace unas semanas, incluso, el gerente general de Air-e, Jhon Jairo Toro, defendió los incrementos y sostuvo que el aumento sería de hasta 9% para el sector residencial como parte de una mayor contribución para agilizar las inversiones que se están realizando.

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“Air-e va a hacer uso de la opción tarifaria para poder empezar a aplicar esos incrementos de forma gradual y que no se afecte el bolsillo de las personas”, le dijo el gerente a El Heraldo en una entrevista.

Estas declaraciones, sumadas a los constantes reclamos de usuarios y empresarios, han llevado a que la discusión se ponga sobre la mesa y se extienda por todo el país. De ahí a que varios congresistas han reiterado que es necesario que el Gobierno Nacional expliqué cómo va el periodo de transición, así como las razones de fondo que han llevado a los inversionistas a subirle el precio a la energía.

El contexto

El 30 de septiembre de 2020, el presidente Iván Duque entregó, en un evento en Cartagena, las llaves de Electricaribe a las dos empresas que se quedaron con este negocio: Empresas Públicas de Medellín y el Consorcio Energía de la Costa.

Estos dos inversionistas anunciaron, ese mismo día, que tomarían posesión bajo el nombre de Afinia y Air-e con el objetivo de resarcir los difíciles años por los que atravesaron los 2.7 millones de usuarios que hay en esta zona del país.

Afinia, de EPM, se quedó con 1,5 millones de usuarios de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba; mientras que Air-e, del Consorcio Energía de la Costa, obtuvo 1.2 millones de usuarios en La Guajira, el Atlántico y Magdalena. En total, tal y como se confirmó ese día, las dos empresas quedaron con obligaciones de inversión por más de $8 billones, que se trazaron en una hoja de ruta de 10 años.

El Gobierno Nacional entregó la operación y a través de la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, se empezó el periodo de transición y la construcción del cronograma para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se pactaron.

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La toma de posesión de lo que antes era Electricaribe se dio en un momento en el que la empresa registraba pérdidas en su operación, un indicador de recaudo del 70%, que, incluso, por la pandemia, llegó al 48%; y unos bajos niveles de satisfacción en el servicio.

El reto era enorme, pero fue precisamente EPM y Energía de Pereira quienes se comprometieron a afrontarlo luego de que se pactaran en el contrato final unas cláusulas que se podría elevar las tarifas gradualmente debido a las millonarias inversiones que se tenían que realizar en los siete departamentos.

La hoja de ruta se pactó, Afinia empezó a ejecutar las inversiones y Air-e hizo lo mismo. De hecho, la exgerente de Afinia, Blanca Liliana Ruíz, le confirmó hace unos meses a Forbes, que se encontró una situación crítica, con un indicador de pérdidas de la empresa que bordeaba el 30 %, con por lo menos 115 interrupciones de energía al año.

Por cada 100 pesos que se facturan, se pierden casi 30 por problemas de pérdidas y si se dejan de pagar 25, entonces de esos 100, llegan 45 pesos. En esas condiciones es muy difícil tener una empresa sólida”, dijo en ese momento.

Aunque en este momento las dos empresas adelantan precisamente ese plan de inversiones del acuerdo inicial, las mejoras que ya se ha anunciado no convencen a los usuarios. Es por esta razón que los colombianos se preguntan sobre por qué se elevan las tarifas cuando aún no se ven mejoras de fondo.

El Gobierno responde

Ante las críticas que se han generado desde el legislativo, el viceministro de Energía, Miguel Lotero, habló sobre todo el proceso que se ha llevado a cabo, la hoja de ruta que se tiene en esa zona del país y las razones, de fondo, que respalda el alza en los precios de la energía para los usuarios finales.

De entrada, Lotero sostuvo, en un debate de control político de la Comisión Quinta del Senado, que estas dos empresas (Afinia y Air-e) están a cargo del 17,3% de todos los usuarios que tiene el mercado eléctrico del país.

El funcionario reiteró que estas dos empresas tomaron el control cuando las inversiones en infraestructura de esta zona se había reducido hasta 5% en los últimos años, por lo que una de las primeras decisiones fue sacar adelante el Plan 5 Caribe, que integró varios proyectos para mejorar el servicio. Asimismo, aprobar el Conpes en 2020, con el que se habilitó más de $860.000 millones de inversión transitoria mientras se encontraban operadores.

Del Plan 5 Caribe, por ejemplo, el Gobierno destaca que desde 2015 se han invertido $4.18 billones, de los cuales $2.59 billones han sido desde 2018. “Nosotros como Ministerio hemos apoyado a la Superintendencia para hacer cumplimiento de estas obras. Hemos estado al tanto para que entren en ejecución”, dijo el viceministro.

De estas inversiones que ya se están realizando, Lotero advierte que además fue precisamente desde el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en 2019, en el que se estableció un marco regulatorio especial.

Este esquema normativo, en palabras gruesas, brinda un régimen tarifario especial y beneficios tributarios para que las empresas que operen el mercado de la costa Caribe puedan ajustar sus tarifas dependiendo de las inversiones que se realicen.

“Se considera urgente adoptar una normatividad tarifaria transitoria especial para la región Caribe, con el fin de hacer viable la prestación del servicio en dicha región, mientras pueden hacerse las inversiones y las operaciones que permitan la recuperación de la prestación del servicio de energía”, dice precisamente esa norma.

Tal y como se vino advirtiendo desde el 2020, en este régimen se estableció que “la variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional, en la medida en que refleje, como mínimo, las inversiones realizadas”.

Con este argumento, el Gobierno sostiene que antes de firmar los contratos finales con los inversionistas se pactó que en la medida de que se fueran ejecutando las inversiones se irían elevando las tarifas. Si bien en su momento no se dieron tiempos, expertos advierten que sí se advirtió que a lo largo del 2021 empezarían dichos aumentos.

Ante esta polémica, la superintendente de Servicios Públicos agrega que desde la entidad se mantiene el trabajo de control y vigilancia para verificar que efectivamente se desarrollen los trabajos y se aumente la calidad del servicio.

Según la funcionaria, Afinia se comprometió a invertir $4.1 billones, de los cuales el 40% van para infraestructura, el 20% para el programa de pérdidas, y el restante para redes, entre otros. En el caso de Air-e, el plan asciende a los $2,3 billones, que se dividen para los tres departamentos a cargo.

Es de resaltar que por ahora el Gobierno Nacional no confirmó si se revisarán las tarifas con las empresas. Sin embargo, hizo un llamado para que los colombianos confíen en el trabajo que se está desarrollando por parte de los operadores, así como las nuevas obras que vienen en camino y las cuales prometen cambiar la precaria situación que aún se registra en esos siete departamentos.


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