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Pandora Papers: familia de presidente chileno vendió proyecto condicionado a decisión ambiental favorable

Compraventa de proyecto minero Dominga se hizo en un paraíso fiscal y condicionada a que en sus terrenos no se declarara zona de protección ambiental.

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Sebastián Piñera
El presidente de Chile, Sebastián Piñera. FOTO: Prensa Presidencia

Una nueva crisis política sacude al gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera tras revelaciones que indican que su familia vendió un polémico proyecto minero en el norte de Chile en una transacción cerrada en un paraíso fiscal y que una de las condiciones para el pago fue que el gobierno del mandatario no declarara en el lugar del proyecto una zona de protección ambiental.

El proyecto en cuestión, denominado Dominga, considera la construcción de dos minas a rajo abierto para la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, en un periodo que contempla 22 años de funcionamiento a partir del inicio de las obras.

En términos económicos, el proyecto considera una inversión de US$ 2.500 millones y busca generar 10.000 empleos.

El problema es que Dominga busca instalarse en una zona que alberga el 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo (norte).

Transacciones en un paraíso fiscal

Según las revelaciones de los PandoraPapers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, las irregularidades en la compraventa de Dominga se registraron en 2010, pocos meses después de que Piñera accediera al poder en su primer mandato (2010-2014).

Piñera y su familia -uno de los clanes más ricos de Chile y del continente, según Forbes – eran los mayores accionistas de Dominga, pero vendieron su participación en el proyecto a un amigo del entonces presidente, el empresario Carlos Alberto Délano, en diciembre de 2010.

Según los reportajes de CIPER y LaBot, la compraventa se llevó a cabo mediante un acta notarial firmada en Chile por US$ 14 millones y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas por 10 veces esa cantidad: US$ 138 millones.

Venta condicionada a decisión ambiental favorable

Los reportajes agregan un detalle. El pago por la transacción debía hacerse en tres cuotas y la última cuota estaba condicionada: “esa cuota sólo se pagaría si es que no se establecía un área de protección ambiental sobre la zona en que se explotaría Dominga o se construiría su puerto”, indica la investigación.

La vinculación de Piñera con el proyecto Dominga se sabe desde 2017, lo que no se sabía era que la compraventa del proyecto se había cerrado en un paraíso fiscal y que uno de los pagos por la compra estaba sujeto a que su Gobierno no declarara una zona de protección ambiental donde ubicaría la minera.

En 2017 incluso se reveló que el Presidente negoció el retiro de una central termoeléctrica que iba a ser construida en los terrenos donde debía ubicar Dominga, y que ya contaba con los permisos de construcción necesarios.

Las revelaciones provocaron multitud de críticas desde la oposición y redes sociales, donde la etiqueta #ElPeorPresidenteDeLaHistoria fue la más compartida durante horas.

“La información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común”, dijo Gabriel Boric, candidato presidencial favorito en las encuestas para las elecciones de noviembre.

Boric, del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, agregó que Dominga “es un atentado contra el medioambiente y un ecosistema único que tenemos en Chile y que debemos proteger”.

La candidata centrista, la demócrata-cristiana Yasna Provoste, afirmó que “es inconcebible que un presidente de la República actúe en beneficio propio, frenando la protección ambiental en La Higuera, por asegurar un ingreso personal con la Minera Dominga”.

“Chile demanda completa transparencia”, agregó la también expresidenta del Senado.

La reclaman explicaciones a Piñera

Otro candidato y presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, pidió a los diputados impulsar un juicio político en el Parlamento “por actuar contra el medio ambiente, el bien común y el principio de probidad”.

Las críticas obligaron al palacio de La Moneda (palacio presidencial) a emitir un comunicado en el que Piñera negó haber “participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta Minera Dominga” y aseguró que “no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia”.

“Los hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito (…) y la falta de participación del presidente”, esgrimió la oficina presidencial.

El Presidente dará más explicaciones este lunes por la tarde en un mensaje al país.

Piñera es uno de los tres presidentes latinoamericanos en activo salpicados por los Pandora Papers, junto con el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.

FORBES STAFF / AGENCIAS

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