En paralelo un tribunal acogió una querella penal en su contra y el Congreso prepara una acusación constitucional para destituirlo.
La Fiscalía de Chile anunció la apertura de una investigación de oficio en contra del presidente Sebastián Piñera, por presunto cohecho, soborno y delitos tributarios en la venta de la minera Dominga, cuyo porcentaje mayoritario se realizó en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 y que estuvo condicionada a asegurar la viabilidad política del proyecto.
“El fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers, que tiene relación con la compraventa de la minera Dominga, vinculada a la familia del Presidente de la República”, dijo este viernes la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
La indagatoria tiene relación con la información dada a conocer en un reportaje de los medios Ciper y LaBot —en base a las filtraciones de los Pandora Papers—, sobre las condiciones en las cuales se llevó a cabo la venta la venta de la minera Dominga por parte de la familia del presidente Piñera a su socio y amigo Carlos Alberto Délano, quien fue condenado por delitos tributarios en 2018.
Según la investigación periodística, una parte de la transacción fue firmada en Chile, por US$ 14 millones, y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas por 10 veces esa cantidad: US$ 138 millones.
En el contrato se establecía que el pago de la tercera cuota estaba condicionado a que el lugar donde se instalaría la minera no fuese declarado como zona de exclusión, parque o reserva nacional —lo cual hubiese impedido el desarrollo del proyecto—, decisión que quedaba en manos del presidente Piñera.
Hace solo dos meses el gobierno aprobó el polémico proyecto minero, que busca instalarse a pocos kilómetros del lugar que alberga al 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt, una especie en peligro de extinción.
“En nuestra opinión técnica, si esto es investigado efectivamente y una vez agotada la investigación y esclarecidos los hechos fueran estos efectivos, eso podría constituir un delito de cohecho“, dijo la fiscal Herrera, quien además señaló que se indagarán posibles delitos de “soborno y tributarios“.
Proceso paralelo: Tribunal acoge querella en contra de Piñera
Pero esta no será la única causa judicial que deberá enfrentar el presidente Piñera. En paralelo el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió abrir un proceso penal en su contra, tras acoger a trámite una querella interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón.
Los hechos que se investigarán serán los mismos que los anunciados por la Fiscalía Nacional, con la única diferencia de que en este caso el delito que se le imputa es el de “negociación incompatible”.
“Es importante también que en este nuevo proceso exista querellante, pues lamentablemente ha quedado demostrado que una investigación de oficio de Fiscalía no da las garantías necesarias”, dijo el abogado querellante, Luis Mariano Rendón.
Gobierno dice que “los hechos ya fueron investigados”
Desde el Poder Ejecutivo han defendido la inocencia del Presidente asegurando que estos hechos ya fueron investigados en el pasado (2017) y que entonces la Justicia no determinó la existencia de ningún delito.
“Existe un pronunciamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del Presidente Sebastián Piñera”, señaló el Gobierno a través de un comunicado.
“Nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público“, agregan.
Sin embargo, desde la Fiscalía rechazan esta tesis. “El contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir que efectivamente ese es un antecedente nuevo“, dijo la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
Oposición prepara acusación constitucional para destituir al presidente
Además de los procesos judiciales, Sebastián Piñera tendrá que enfrentar un juicio político. La oposición prepara una acusación constitucional en su contra, instancia que podría derivar en su destitución como Presidente de la República, a cinco meses del término de su mandato.
Para que ello prospere se necesitan 78 de los 155 votos en la Cámara de Diputados —donde la oposición tiene mayoría— y luego pasará al Senado, donde requerirá un quórum mayor de dos tercios.
Aunque la oposición no tiene los votos en la Cámara Alta para la destitución, algunos parlamentarios oficialistas han dicho que podrían apoyar la iniciativa. “A mí no me tiembla la mano si hay que destituir a alguien si ha cometido un delito, dijo el senador de Renovación Nacional (ex partido de Piñera), Manuel José Ossandón.
La acusación constitucional se presentaría la próxima semana y sería el segundo intento de juzgar políticamente a Sebastián Piñera, tras la fallida presentación de noviembre de 2019, por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social.