La cumbre se centró en la crisis energética que enfrenta el bloque comunitario, los desacuerdos legales con Polonia y las estrategias para controlar el flujo migratorio.
Luego de dos días de discusiones sobre una agenda que incluyó la crisis energética, las disputas con Polonia, el tema migratorio y la regulación a las compañías tecnológicas, la cumbre del Consejo Europeo concluyó con un panorama donde, si bien destacaron el diálogo y las acciones concretas, no se definieron medidas urgentes y excepcionales.
En el caso de la energía, los líderes europeos urgieron a las grandes economías mundiales a aclarar las contribuciones que van a llevar a la cumbre del clima de la ONU COP26, así como sus planes a largo plazo para alcanzar el objetivo de cero emisiones para 2050.
El Consejo Europeo, al término de su primera jornada de reunión, pidió una “ambiciosa respuesta global” al cambio climático de cara a la COP26, que se celebra del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow (Escocia).
“Es esencial mantener al alcance el límite de 1,5 grados centígrados. Por ello, el Consejo Europeo llama a todas las partes a presentar e implementar ambiciosos objetivos y políticas nacionales”, subrayaron.
La disputa con Polonia
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen señaló que su estrategia para responder al pulso judicial por la sentencia del Tribunal Constitucional polaco combinará el diálogo con Varsovia, una “respuesta legal” y las acciones concretas que debe tomar el Gobierno de este país para restaurar la independencia judicial.
“Un pilar fundamental del Estado de derecho es la independencia judicial, este fue el núcleo de la discusión de los líderes sobre Polonia. Tenemos un largo camino delante de nosotros, el camino es una combinación de diálogo, respuestas legales y acciones concretas para restaurar la independencia de la justicia”, dijo Von der Leyen en una rueda de prensa tras la cumbre europea en Bruselas.
Von der Leyen se refirió, en concreto, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera ilegal el régimen disciplinario bajo el que se vigila a los jueces, y recordó que para considerar que ha habido progreso por parte de Varsovia éste tiene que abolirse y devolverse a sus puestos de trabajo a los jueces que han sido despedidos de manera indebida.
El debate sobre Polonia, recordó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se desarrolló en la tarde del jueves durante más de dos horas en un tono “sereno” y sirvió para que una inmensa mayoría de los Estados miembros mostraran su convencimiento de que “la independencia judicial y el Estado de derecho son algo fundamental”.
“Tenemos algunos instrumentos a nuestra disposición que se han activado ya o que pueden activarse. El diálogo político es necesario, tenemos que continuar ese dialogo y movilizarlo con el objetivo de buscar soluciones y hacer progreso en este tema, que es esencial”, apuntó Michel.
La presidenta de la Comisión aprovechó la reunión de este jueves para presentar a los líderes gubernamentales de la UE las opciones de las que dispone Bruselas para responder a la sentencia judicial polaca que considera que varios artículos de los tratados europeos chocan con su Constitución.
“Hubo un fuerte mensaje por parte de todos los líderes para continuar con todos los esfuerzos y también seguir con el diálogo porque hay un objetivo: escucharnos los unos a los otros, entender los problemas concretos y evitar ambigüedades para lograr soluciones”, subrayó Michel.
Migración: Sanciones a Bielorrusia
Los líderes de la Unión Europea acordaron este viernes adoptar nuevas sanciones contra Bielorrusia por facilitar la entrada a la UE de miles de migrantes irregulares a través de las fronteras con Lituania, Polonia y Letonia.
En un documento de conclusiones adoptado en una cumbre europea, los Estados miembros subrayaron hoy que no aceptarán “ningún intento de terceros países de instrumentalizar a migrantes con fines políticos”, condenaron los ataques híbridos en las fronteras de la UE e indicaron que “responderán” a ellos.
Además, los líderes invitaron a Bruselas a proponer “cualquier cambio necesario en el marco legal de la UE” y medidas concretas acompañadas de apoyo financiero para “asegurar una respuesta inmediata y apropiada”.
El régimen del presidente Alexandr Lukashenko lleva meses, según los Veintisiete, impulsando una “guerra híbrida” que se ha plasmado en la entrada de miles de migrantes irregulares a la UE, la mayoría de Irak.
La Comisión Europea había propuesto recientemente la suspensión de los visados a miembros del Gobierno y otros cargos oficiales del país.
Hoy los líderes señalaron que seguirán combatiendo el ataque híbrido de Bielorrusia adoptando “más medidas restrictivas contra personas y entidades legales”, con carácter “urgente”.
Regulación tecnológica
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE pidieron alcanzar un acuerdo “ambicioso” y “lo antes posible” sobre las dos leyes que se están negociando actualmente en Bruselas para evitar el abuso de mercado de las grandes tecnológicas, principalmente estadounidenses.
La ley de mercados digitales pretende regular el acceso y el uso de los datos de las grandes tecnológicas, uno de sus principales negocios, impidiendo, por ejemplo, que utilicen la información comercial de sus clientes para competir contra ellos.
El debate, en el Parlamento Europeo se centra actualmente en si estas condiciones se deben imponer a las compañías con una capitalización de mercado de al menos €100.000 millones, como propone el ponente, el eurodiputado del Partido Popular Europeo, Andreas Schwab, lo que afectaría principalmente a Google, Amazon, Facebook y Apple.
Los líderes europeos reclamaron también “rápidos progresos” a la hora de crear un “ecosistema europeo de microchips”, fundamentales para llevar a cabo la transición digital y cuya escasez actual está afectando a la industria global y en este sentido apuntaron a la futura ley europea de chips que presentará Bruselas en el segundo trimestre del año próximo.
Pidieron además el establecimiento de un marco regulatorio que permita la innovación de la inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el privado, así como que la implantación de esta tecnología respete los derechos fundamentales.
EFE