La empresa antioqueña ha manifestado su intención de ser previsiva ante la vinculación a 26 personas naturales y jurídicas enla investigación de la Contraloría por su presunta responsabilidad fiscal en las pérdidas por $4,3 billones del proyecto.
Tras conocerse la carta del Consorcio CCC Ituango sobre la continuidad del proyecto de Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín (EPM) publicó hoy una carta comunicando a los representantes del Consorcio que la compañía “siempre ha estado interesada” en la continuidad del Proyecto Hidroeléctrico.
En la carta, EPM también le propuso al Consorcio que, si es de su interés, postule lo más pronto posible empresas cesionarias que les sustituyan en la ejecución del Proyecto.
La empresa también manifestó haber sostenido varias reuniones con el Consorcio CCC Ituango “desde mucho” antes del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República, donde se notificó sobre obligaciones por hasta $4,3 billones que debían pagarse entre todos los vinculados al proyecto.
Dochas reuniones habrían tenido como propósito encontrar una alternativa para resolver temas relacionados con costos, cronograma del Proyecto y claridad sobre los consorciados, temas que deben dilucidarse antes de decidir sobre la prórroga del contrato. A pesar de que EPM asegura haber puesto varias propuestas sobre la mesa, “no ha sido posible obtener la aprobación de parte del Consorcio”.
“EPM ha desarrollado estrategias que permitan enfrentar los posibles escenarios que se desprendan del mismo. Por esto, emprendió un Plan de Acción con el que busca encarar la eventualidad de que algunos contratistas del Proyecto no puedan o no quieran continuar con su ejecución”, agregó la información.
En el mismo acto de aprobación de la cesión, se prorrogaría el plazo del contrato con el fin de continuar las obras con las cesionarias. Para definir esta opción, las partes acordaron una nueva reunión el próximo 26 de octubre.
La empresa también aclaró que el cambio de alguno de los contratistas o consorciados actuales del proyecto “no es una situación que obedezca a la voluntad de EPM”. Por el contrario, calificó dicho escenario como consecuencia de que el fallo de responsabilidad fiscal quede en firme.
Si eso ocurre, los contratistas actuales perderían su capacidad jurídica y financiera, teniendo en cuenta que “esto generaría una inhabilidad sobreviniente en el marco del artículo 9 de la Ley 80 de 1993”.
Con base en las posibilidades que otorga la Ley, entre ellas la cesión del contrato y la búsqueda de un nuevo contratista, EPM buscaría hacer un tránsito armónico que garantice la terminación adecuada de la futura central de generación de energía.