las recomendaciones del informe se agrupan alrededor de objetivos centrados en la educación y empleo de calidad, la conectividad del Estado y mecanismos de mayor competitividad.
Este martes el Consejo Privado de Competitividad presentó su informe sobre lo que se debe venir para Colombia para impulsar el crecimiento económico y su competitividad y el empleo y la educación son uno de los ejes clave.
Precisamente, como ya se ha discutido en varios espacios, una de las propuestas que plantea el Consejo Privado de Competitividad, dirigido por Ana Fernanda Maiguascha, es la de eliminar los costos laborales no salariales y permitir el aporte a seguridad social por el trabajo por horas y, además, ajustar la forma en la que se fija el salario mínimo.
Asimismo, plantean “cerrar brechas de cobertura y calidad en protección social y; diseñar e implementar la Política Nacional del Cuidado”.
“La competitividad del país afecta su capacidad productiva y el día a día de todas las personas que en él vivimos. Para avanzar en la construcción de una sociedad más prospera y equitativa, es necesario tomar decisiones que nos hagan más productivos en el largo plazo”, afirmó la presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Ana Fernanda Maiguashca.
En vista de lo anterior, las recomendaciones del informe se agrupan alrededor de cuatro objetivos prioritarios: recuperar la esperanza con educación y empleo de calidad; mercados para competir, crecer y ser mejores; un país más y mejor conectado para este esfuerzo colectivo; un Estado eficiente, confiable y al que todos le podamos exigir.
En el primer caso, se considera fundamental el regreso a la educación presencial de 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes, así como tener en cuenta que las reglas del mercado laboral se han convertido en barreras para encontrar un empleo formal en el caso de informales, que representan 48% de la población económicamente activa, y desempleados, que abarcan 12%.
Frente al segundo escenario, el CPC llamó la atención sobre el hecho de que Colombia ocupa el puesto 126 entre 141 países en efectos de la regulación sobre la competencia. Es el país con peor puntaje de la OCDE en complejidad del proceso regulatorio y en licencias y permisos para nuevas empresas.
En materia de competitividad, deja claro la necesidad de consolidar una red de transporte intermodal en todo el país, para aumentar la eficiencia en los costos de transporte de las empresas y las personas. Adicionalmente, puntualiza la importancia de rehabilitar casi 75 % de las vías terciarias del país que se encuentran en mal estado.
Finalmente, el informe insta al Estado a aumentar el recaudo tributario y mejorar su estructura. Hoy en día, este rubro representa el 19,7 % del PIB, y en 2019 era el segundo más bajo entre los países de la OCDE. Además, las empresas contribuyen con cerca del 80 % de los impuestos directos.