El millonario pago que hará Mapfre es necesario, pero no suficiente. Todavía hay otros líos que EPM debe afrontar para sacar adelante la megaobra.

Los US$983 millones que pagará Mapfre para cubrir la contingencia que se generó hace ya más de tres años en Hidroituango son tan solo un paso más para despegar el camino jurídico y constructivo de la obra. Aunque de entrada el anuncio llega en un momento clave para el proyecto, en el que terminar las obras será la prioridad, aún quedan varios retos de cara a la puesta en marcha de la hidroeléctrica.

Con los recursos anunciados este viernes, la Contraloría confirmó que se logra resarcir en un 90% el daño patrimonial que se generó por las presuntas malas decisiones que se tomaron hace unos años. Así, aún faltando el 10%, Empresas Públicas de Medellín (EPM) obtiene recursos frescos que le permitirán garantizar la culminación del proyecto, así como el cumplimiento del cronograma.

“La contingencia hizo que el proyecto pasara de $10 billones a hoy en día $18,3 billones. Ese mayor valor ha sido asumido al 100% por EPM, por eso los US$983 millones de dólares son una buena noticias para todos”, dijo el Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, quien añadió que se esperan desembolsos similares por parte de las otras tres aseguradoras.

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Carrillo confía que estos pagos llegarán con el objetivo de cubrir los $4.3 billones que definió la Contraloría. Es de resaltar que de los $3,8 billones que se comprometió Mapfre, EPM ya ha recibido $1.3 billones: $584.000 millones en diciembre de 2019,$389.000 millones en septiembre de 2020 y $389.000 millones en agosto de 2021. Solo faltan poco más de $2.4 billones, que se podrían cancelar el próximo 31 de enero de 2022 y los cuales les permitiría cumplir sus obligaciones contractuales.

Tal y como lo explicó la organización, los nuevos recursos son fundamentales, pese a que no solucionan todos los líos de Hidroituango. La razón obedece a que todavía es incierto el panorama sobre quién y cómo se terminarán las obras, pues el 31 de diciembre se culminan los contratos con los constructores, una situación que, de no solucionarse pronto, pondría en vilo el proyecto.

EPM ha buscado prorrogar el contrato e incluso ha dicho hará una nueva licitación como un plan B para solucionar el 14% que aún faltan de obras. Esta posibilidad sigue generando críticas en Antioquia, desde donde se advierte que la situación ha pasado de ser técnica a política.

EPM ya avanza en el montaje del estator para poner en operación primera turbina de generación de energía en Hidroituango. Foto: EPM.

“Después del pago de los seguros, tenemos el tema de los contratistas que ahora es la segunda dificultad a superar. Estos contratistas empezaron la obra, tuvieron las dificultades y han ayudado a superar la contingencia (…) Para que el proyecto culmine estas primeras estabas, es necesario que los contratistas entreguen estas primeras turbinas de generación”, explicó a Forbes Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia.

Posada aseguró que es necesario que se deseche la idea de traer contratistas chinos al proyecto, pues de entrada el empalme y la transición en el proceso constructivo implicaría un año de demoras en la entrada en operación.

Esta misma opinión la comparte Olga Lucía Arango, presidenta de Sinpro (Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios), quien detalló a Forbes que es necesario que en las próximas dos semanas EPM solucione el lío con los contratistas para darle una mayor certidumbre jurídica al proyecto.

“Ya vemos que no hay ningún impedimento con los actuales contratistas y ahora podrían concluir el proyecto”, dijo Arango, quien pidió priorizar la seguridad energética del país más allá de los presuntos sesgos políticos y empresariales que tiene el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Seguimos advirtiendo que el cambio de los contratistas podrían traer mínimo un año de retraso. Por eso no hay ningún motivo para inducir urgencia manifiesta. Jurídicamente no hay motivo”, dijo la directiva.

Otros expertos del sector energético, que pidieron no ser citados, advirtieron que hay riesgos en el sistema en dado caso que Hidroituango no encienda las dos turbinas que se comprometió en el 2022.

Desde un gremio se advirtió que la oferta de energía está cubierta el próximo año, pese a que hay riesgos en el mediano plazo en una eventual demora de las obras. Esto se debe que Hidroituango tiene unas obligaciones de energía en firme, por lo que se espera que a más tardar 2023 ya entre al sistema.

En dado caso que no suceda, el costo de generación de energía podría aumentar en hasta 20%, lo que de fondo generaría un impacto en la tarifa que pagan los colombianos en la factura.

Es de resaltar que el proyecto promete generar 2.400 megavatios cuando entren a operar las ocho turbinas. Esto, a grandes rasgos, significa el 17% de la energía que demanda el país, por lo que de fondo hay una urgencia para que no se llegue a un eventual estrés del sistema.

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