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‘Hasta el último minuto intentaremos que Colombia tenga 5G’: Ministra de las TIC

A un poco más de seis meses de que termine el Gobierno de Iván Duque, la ministra de las TIC Carmen Valderrama dijo en entrevista con Forbes que la conectividad y la transformación digital son sus prioridades. El escándalo de centros digitales, las peleas de los operadores y la carrera por las redes 5G, algunos de sus ‘chicharrones’.

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Carmen Valderrama, ministra de las TIC. Foto: Ministerio de las TIC.

Antes de ser ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Carmen Ligia Valderrama era célebre en Colombia por haber sido una superintendente de Transporte y viceministra de Transporte que le declaró la guerra legal a Uber.

“Las plataformas son una forma óptima para ofrecer en cualquier servicio, pero quien utilice las plataformas en cualquier servicio tiene que cumplir con las obligaciones del servicio correspondiente. Si vas a vender alimentos en una plataforma, no por eso te puedes saltar las reglas del Invima”, dice Valderrama en entrevista con Forbes, resaltando que existen 25 plataformas que ofrecen el servicio de taxi y que “es posible” que se necesite que el Congreso revise la regulación para equilibrar la cancha.

Ese asunto que divide a Colombia se queda minúsculo al lado del escándalo de los centros digitales en el que uno de los ganadores de la licitación para conectar colegios en zonas rurales, la Unión Temporal Centros Poblados, incumplió con las primeras entregas de puntos de conexión y presentó garantías falsas, provocando la inconformidad nacional que derivó en la renuncia de la entonces ministra de las TIC Karen Abudinen. Valderrama, su relevo, tiene encima la expectativa de recuperar el tiempo perdido y el dinero que se entregó como anticipo.

“Yo tenía que armar el rompecabezas porque cualquier paso en falso que diera podía afectar a los demás”, anota la Ministra de las TIC. “Si no hubiéramos coordinado herramientas internas al momento de liquidar el contrato, se hubieran perdido las vigencias futuras que estaban comprometidas”.

Así encontraron una cláusula que daba luz verde para que adjudicaran el contrato al proponente que haya quedado de segundo en la licitación si el primero incumplía, cediendo el contrato a ETB y a Skynet, que según la funcionaria, al momento que termine el Gobierno, dejarán marchando 6.587 centros digitales.

Del dinero del anticipo, señala que al liquidar el contrato detectaron que sumando intereses y el valor de indexación, el Gobierno está intentando recuperar cerca de $74.000 millones.

“Vamos a ser implacables”, sostiene Valderrama. “Se perdió tiempo, se perdió credibilidad, se perdió un avance de conectividad en las regiones, no hay una opción distinta a ser muy exigentes con esto. Por eso en adición tenemos un cobro coactivo de $39.000 millones, que es la cláusula penal que tenía el contrato”.

Esto en línea con las que, considera, son sus dos prioridades: la conectividad del país y la transformación digital del Estado. En Colombia, aunque la pandemia obligó a muchos a volcarse a la educación virtual y al trabajo remoto, solo el 43,69% de la población tiene suscripción a internet móvil, de acuerdo con la estadística oficial y en las áreas rurales apenas el 35% de los estudiantes se puede a conectar a internet desde sus hogares, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

La GSMA, que es la asociación mundial de los operadores móviles, argumenta que en Colombia el espectro es hasta tres veces más caro que la media de América Latina y que y que si los precios fueran similares a esa media, la cobertura 4G a finales de 2019 hubiera incrementado de 71% a 76% de la población, alcanzando a 2 millones de potenciales usuarios adicionales.

El espectro es como una gran autopista invisible por donde transitan las telecomunicaciones, lo que permite una señal de televisión o una conexión móvil, llegue de un lugar al otro. 

Combinación de tecnologías de conectividad en Colombia (en %)

En ese sentido la aprobación de la ley de modernización del sector TIC permitió un repunte de la inversión en el sector -que no había hecho más que decrecer desde 2013- con la asignación de bloques en las bandas de 700 MHz y 2500 MHZ, cuyo despliegue ha avanzado.

En este frente de conectividad, Valderrama destacó la reciente eliminación del roaming de telefonía móvil para la modalidad pospago entre los países que integran la Comunidad Andina (CAN), que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Sin embargo, la que se frenó fue la adjudicación de espectro para 5G, que el Gobierno había previsto para el cuarto trimestre de 2021 y que Valderrama descartó. La GSMA estima que hacia 2025, en Colombia solo el 4% de la gente tendrá 5G, por debajo de un promedio de 12% en la región.

5G reduce significativamente la latencia, que es el tiempo que tarda en transmitirse una conexión, con velocidades hasta 1.000 veces más rápidas que 4G.

“Hasta el último minuto intentaremos y vamos a estar trabajando en generar las mejores alternativas para la tecnología 5G. Esto no es que haya subasta o no haya subasta, va más allá, es una construcción integral en diferentes frentes”, afirma la jefe de la cartera de las TIC. “Es muy importante que haya seguridad jurídica para que los operadores que vayan a invertir tengan el escenario ideal en la oferta que hacemos como país, encontramos un desafío de reorganizar el tope de las bandas”.

En los topes harán unas modificaciones para que exista una banda media alta, que es la ideal para que por ahí fluya la tecnología 5G, con ello estarían cerrando el marco jurídico antes de que se haga una subasta.

Entre tanto, resalta que hay 50 puntos a lo largo del país donde se han venido adelantando pilotos que marcan los primeros usos de la tecnología.

Claro ha experimentado con una red privada de 5G en Plaza Claro, Movistar ha probado con conexiones en el Hospital Militar para telemedicina y Tigo, junto a Nokia, hicieron pruebas en un entorno subterráneo en una mina de Jericó (Antioquia). Estos operadores han hecho esas pruebas en la banda de 3500 MHz.

Participación de mercado de suscriptores a banda ancha y demás conexiones

Frente a las denuncias de fraude que Claro ha hecho sobre Wom sobre presunto uso fraudulento de la red de Avantel y a su vez las acusasiones de Wom de que Claro está incumpliendo las órdenes de interconexión de la CRC, en un caso que fue remitido a su despacho por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Ministra manifestó que esto es competencia de la Agencia Nacional del Espectro y que en el momento se encuentra en recurso de reposición y de apelación.

Recientemente Valderrama junto a su equipo inauguró el mercado secundario del espectro, avalando la venta de espectro de 30MHZ de espectro radioeléctrico por parte de ETB a Tigo. Sin embargo, Forbes pudo establecer que esa transacción aún no se ha finalizado porque queda pendiente una aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Suerte diferente corrió la solicitud de venta de espectro por parte de Directv a Telefónica Movistar, que aunque tiene la luz verde de la Superintendencia de Industria y Comercio, aún está en veremos porque ha intentado conseguir sin éxito la aprobación del Ministerio de las TIC.

El déficit de talento en tecnología es otro de los puntos que marcan sentido de urgencia en el sector. Según un análisis de McKinsey & Company en podría haber un déficit de 112.000 programadores hacia el año 2025.

Sobre la meta del Gobierno de formar 100.000 programadores de software, la ministra Valderrama mencionó que al cierre de 2021 alcanzaron 55.000 beneficiarios y que se han certificado 40.000.

“Esperamos hacer los ajustes necesarios para llegar a los 100.000”, anticipó. “El sector privado y público está necesitando programadores, no todos tienen que ser ingenieros, algunos requieren programadores de apoyo. Varios de ellos -de los certificados en el programa- están trabajando en el Mintic, su experiencia ha sido positiva para ellos y para nosotros”.

Así mismo, está impulsando ‘Un ticket para el futuro’, un programa en alianza con Icetex que entrega créditos condenables a quienes hagan especializaciones o maestrías en competencias o habilidades digitales en universidades acreditadas.

“Se financia hasta el 90% y pagan solo el 10%. A quienes terminen su especialización o maestría y trabajen un año a favor del país, se les condona la deuda“, insiste.

Ella, que era de las que cuando estudiaba derecho en la universidad decía que a futuro trabajaría en lo que fuera menos en el sector público, lleva 25 años entrando y saliendo del Gobierno. En el área jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ahora es una entidad de más de 2.000 personas estuvo cuando era una entidad de 70 funcionarios.

“Siempre me han tocado entidades con desafíos y ‘chicharrones’ que hemos podido superar”, concreta Valderama. “Como administradora pública, he ido avanzando”.

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