El país tendría que importar crudo y gas a partir de 2026 y 2028, respectivamente. Los más perjudicados serían los sectores más pobres y vulnerables. Acá la radiografía completa.
A más tardar el 19 de junio el país conocerá quién será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto. Hasta el momento, las encuestas en su mayoría muestran que el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, lidera la intención de voto. A este le sigue el aspirante del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, el santandereano Rodolfo Hernández y el de Centro Esperanza, Sergio Fajardo.
Aunque gran parte del país está a la expectativa sobre qué pasara en un eventual gobierno de izquierda, derecha o centro, lo cierto es que hay sectores en los que reina la incertidumbre de cara al nuevo modelo económico que se fijaría entre el periodo 2022 – 2026. El motivo se debe a que en los últimos meses han salido a relucir algunas propuestas que, de ejecutarse, desencadenarían graves impactos económicos y sociales en los territorios.
Uno de los sectores que precisamente ha estado en el centro de la discusión es la industria del petróleo y gas en Colombia, que representa el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y aporta hasta el 15% de las rentas que ingresan a las arcas públicas.
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En este debate, los candidatos Gutiérrez, Fajardo y Hernández han argumentado que el sector jugará un papel clave en sus gobiernos, pues será fundamental para impulsar la política social y la transición energética. No obstante, desde la otra orilla se ha ubicado Gustavo Petro, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que apostará por una política de desescalamiento gradual del modelo extractivista, con el objetivo de que se les otorgue mayor protagonismo a sectores emergentes como el turismo, la
agroindustria y las energías limpias.
En esta discusión sobre qué pasará si se frena o no la producción petrolera, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) reveló este lunes un informe de 22 páginas en el que exponen los dos escenarios a los que se enfrenta el país en materia energética: por un lado, está la visión de continuidad; mientras por el otro, los graves impactos que traería un eventual veto a la exploración y desarrollo del crudo en el país.
Continuidad para lograr autosuficiencia energética
Aunque el gremio petrolero no presenta una posición en concreto ni nombra a ningún candidato, sí advierte que si se permite mantener la producción actual y se impulsa la inversión, Colombia seguiría consolidando una autosuficiencia energética en el mediano y largo plazo.
En este escenario, el país podría seguir exportando petróleo, apoyando con ello el equilibrio comercial y cambiario del país. Los cálculos de la ACP muestran que esto permitiría que las empresas inviertan hasta $84 billones durante el próximo gobierno nacional y $172 billones hasta 2032. Asimismo, el impulso a este sector le podría dejar a la Nación hasta $105 billones en los próximos cuatro años y $227 billones hasta 2032.
La plata que entraría a la Nación, dicen los petroleros, serviría para soportar la ambiciosa política social del Gobierno, los proyectos de infraestructura, los programas de educación y hasta los subsidios de vivienda.
En este escenario optimista, como lo dicen, se vislumbra que se podrían mantener más de 95.000 empleos de la industria, así como avanzar para aumentar las reservas de crudo y gas. En este horizonte, se debería avanzar en la exploración costa afuera, en nuevos contratos en tierra firme y en la oportunidad de desarrollar los yacimientos no convencionales.
Los riesgos de acabar la extracción
Una política que debilite la exploración y producción conllevaría a una pérdida anticipada en la seguridad energética del país y a un alto choque cambiario. Esa es una de las grandes conclusiones de la ACP, que señala que si se pone un veto al sector se podría perder más de US$68.000 millones de dólares en divisas entre 2022 y 2032. Esta cifra, a grandes rasgos, representa alrededor de 34 reformas tributarias teniendo en cuenta que las últimas han recaudado $8 billones adicionales.
“Con importaciones de petróleo y gas el país sería aún más vulnerable a tensiones internacionales, se encarecerían la energía, los insumos con los que se fabrican productos del diario vivir, el dólar, las tasas de interés, el endeudamiento público y privado. En general, se afectaría el bolsillo de todos los colombianos”, concluye el informe.
Si no se vuelven a firmar contratos y no se avanza en una hoja de ruta que fomente las nuevas inversiones en el sector, tal y como lo ha dicho el candidato Petro, en cinco años la producción de petróleo caería 47% y la de gas natural 27%. Asimismo, Colombia tendría que importar gas a partir de 2026 y de petróleo desde el 2028.
De acuerdo con la ACP, esto generaría que se aumenten los precios de los combustibles y la factura de gas de los hogares, pues se tendría que importar este combustible fósil.
“Con una política de debilitamiento en el país, la ACP estima una pérdida de $18
billones de aportes fiscales entre 2022 y 2026″, confirman en su documento. “De ellos, la Nación perdería $13 billones de ingresos, y las regiones, $5 billones por menor recaudo de regalías”.
Francisco Lloreda, presidente del gremio petrolero, explica que una política de debilitamiento significaría condenar a una industria que durante más de 100 años se ha consolidado en Colombia. “Los más perjudicados serían los sectores más pobres y los estratos más vulnerables de Colombia”, detalla el ejecutivo. “Perder la autosuficiencia energética no solo es absurdo, sino que es incomprensible”.
Para cuantificar los impactos reales que generaría dicha política pública, la ACP destaca que se si frena el sector, se dejarían de recibir recursos para lo que cuesta aproximadamente el “40% de los programas solidarios que actualmente benefician a 4 millones de familias colombianas.
Asimismo, el gremio agrega que para reemplazar estos recursos que se dejarían de percibir, “el gobierno tendría por ejemplo que cuadruplicar el recaudo del impuesto a la renta del sector turismo, o incrementarlo en todos los demás sectores y personas naturales. Con mayor carga tributaria, la diversificación productiva en el país difícilmente prospera en el corto plazo” agregan.
“Perder la autosuficiencia energética no solo es absurdo, sino que es incomprensible”
Francisco Lloreda, presidente de la acp.
La brecha de ingresos a la Nación perdidos aumenta con el tiempo, gradualmente y totalizaría $77 billones entre 2022 y 2032.
“Las decisiones que se tomen tendrán un impacto para todos los colombianos, especialmente para los de las regiones productoras de petróleo y gas, así como también para las menos favorecidas”; dicen desde el gremio. “Con este informe queremos presentar elementos que sirvan para el análisis y la toma de decisiones responsables a nuestros futuros gobernantes y ratificar que esta industria quiere
ser aliada del próximo gobierno en beneficio del país”.
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