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Abren investigación por inversiones de Ecopetrol en Perú, que ocasionaron daño patrimonial de $2,4 billones

Las investigaciones se dan porque Ecopetrol habría pagado US$615 millones en 2008 al comprar una empresa en Perú, pero la vendió por menos del 5% de lo que pagó en 2021. Acá la historia.

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La Contraloría General de la República abrió una investigación fiscal por un presunto daño patrimonial por más de US$615 millones (unos $2,4 billones) que se habría dado como resultado de un negocio que realizó Ecopetrol en el Perú, al comprar a finales de 2008 el 50% de la propiedad accionaria de la sociedad Offshorte International Group (OIG) y vender la misma en enero de 2021 por menos del 5% de lo que pagó.

De acuerdo la Contraloría, en una indagación preliminar se establecieron indicios claros de que este fue un negocio mal planificado, que “Ecopetrol adelantó dejando de lado las advertencias de consultores externos sobre los riesgos que podía afrontar y, aún más la empresa que compró nunca le generó utilidades”.

El caso

La Contraloría resume que, en 2008, con el objetivo de llegar a producir 1 millón de barriles en 2015, Ecopetrol se enfocó en distintas estrategias, entre las cuales se encontraba la “adquisición de campos y/o empresas a nivel nacional e internacional que aportaran recursos exploratorios, recursos contingentes y reservas”.

En diciembre de este año, la petrolera estatal, junto con Korea National Oil Corporation (Knoc), una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República de Corea, suscribieron un contrato de compraventa de acciones con Offshore Exploration and Production LLC (OEP), mediante el cual Ecopetrol y Knoc adquirieron en partes iguales todas las acciones de Offshore International Group Inc (OIG).

El precio de compra ascendió a la suma de US$992.1 millones, de los cuales Ecopetrol pagó en febrero de 2009 la suma de US$496 millones. Sin embargo, la cláusula 2.5 del Contrato de Compraventa establecía que, si se cumplían determinadas condiciones, al segundo aniversario de la fecha de cierre, Knoc y Ecopetrol estarían obligados a pagar una suma adicional denominada Importe del Beneficio Futuro.

El 22 de febrero de 2011, Ecopetrol y KNOC realizaron cada uno pagos adicionales por la suma de US$145.8 millones por este concepto. Por lo anterior, Ecopetrol realizó pagos de acuerdo a lo pactado contractualmente por un valor de US$641.9 millones.

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En enero de 2021, 10 años más tarde, la Contraloría dice que Ecopetrol informó a través de un comunicado que se perfeccionó la enajenación de la totalidad de la participación de la petrolera y Knoc en el capital de la sociedad Offshore International Group Inc (OIG), en la cual Ecopetrol tenía una participación equivalente al 50% del capital social.

En el comunicado referido, Ecopetrol manifestaba que no se revelaba el monto de la transacción por “un acuerdo de confidencialidad” aspecto que llamó la atención de la Contraloría General de la República, la cual se dio a la tarea de indagar por dicho proceso.

Las investigaciones

Las investigaciones de la Contraloría encontraron que Ecopetrol vendió su parte por menos del 5% de lo que pagó al momento de la compra. Al ser requerida, la empresa le informó a la Contraloría que las partes del Contrato de Compraventa de Acciones acordaron un valor total de transacción compuesto por los siguientes Ítems:

  1. Un pago de Precio de Compra inicial al cierre de la transacción de US$2 millones
  2. Un ajuste del precio de compra inicial de hasta US$3 millones
  3. Pagos sujetos a la materialización de eventos de hasta US$170 Millones
  4. Y pagos asociados al crédito de accionistas con Savia de US$56.5 Millones

“Es decir, en el mejor de los casos se podría llegar a US$231,5 millones de los cuales US$115,75 millones le corresponderían a Ecopetrol, con el agravante que de los US$231,5 millones, US$170 estarían sujetos a “la materialización de eventos futuros”, entre ellos un proceso contra la SUNAT (la administración de tributos del gobierno peruano) por 153 millones de dólares”, aseguraron.

Por estas razones, la Contraloría indicó que abrió investigación fiscal para que “las personas que tuvieron que ver con la decisión y administración de este negocio den cuenta por su posible responsabilidad en un proceso que implica un posible daño fiscal por más de US$615 millones”.

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